El escándalo por lavado de dinero que involucra a Sebastián Marroquín, hijo del otrora poderoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria; su viuda, María Isabel Santos, y hasta al ex jugador de Boca Juniors Mauricio “Chicho” Serna, sospechados de colaborar con el narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, devenido más tarde en arrepentido, volvió a quedar más cerca del juicio oral. Es que fracasó una jugada que había iniciado una de las implicadas para que el caso quedara anexado a la causa que investiga el espionaje macrista y que tuvo el aval de dos jueces.
En la causa del espionaje se investiga si a uno de los implicados, el financista Mateo Corvo Dolcet, la AFI de ese gobierno lo persiguió porque buscaban sacarle un negocio y si ese plan incluyó dejarlo sin psicólogo para provocarle una crisis emocional. Tanto la jueza María Servini, que quedó a cargo de la causa contra los familiares de Escobar Gaviria, como el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que tiene a su cargo la causa del espionaje macrista, estuvieron de acuerdo en que los dos expedientes debían tramitarse unidos.
Pero el fiscal Franco Picardi, que actúa en la investigación del espionaje, se opuso en duros términos. E incluso en su razonamiento terminó dandole un fuerte sostén al Ministerio Público que impulsa la causa de lavado de dinero. Desde la Cámara Federal porteña, el juez Eduardo Farah convalidó a Picardi. Las causas seguirán divididas. Pero es difícil que las objeciones al expediente que salpica a la investigación contra los Escobar Gaviria terminen.
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La causa se inició el 1 de septiembre de 2016, ante la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación (PROCUNAR), a partir de una comunicación cursada por el representante legal de la oficina en Argentina de la “Drug Enforcement Administration of the U.S. Departament of Justice” (DEA). Ahí alertaban sobre sospechas de maniobras de lavado de activos o puesta en circulación en este país de ganancias provenientes de actividades de narcotráfico mayormente desplegadas en la República de Colombia por organizaciones o carteles con influencias territoriales en las ciudades de Medellín, Cali y Sinaloa. La PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias, dio inicio a una investigación preliminar que luego formalizó en denuncia ante la Justicia Federal de Morón el 6 de enero de 2017.
Según esa investigación, un grupo de personas, entre los que están la viuda y el hijo de Escobar Gaviria y el ex ídolo de Boca “Chicho” Serna, recibieron aproximadamente el 4,5% del total de inversiones que el narco colombiano Piedrahita Ceballos realizó en este país, principalmente a través de desembolsos que hizo en emprendimientos inmobiliarios liderados por Mateo Corvo Dolcet, entre ellas en el histórico “Café de los Angelitos”. Corvo Dolcet tenía además un millonario megaproyecto en Pilar, que incluía un barrio, una universidad, comercios, oficinas, cocheras y hasta un hotel junto a una estación de trenes VIP para llegar a Retiro.
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“Están haciendo uso de nuestro apellido para hacer creer que es una mega operación de lavado”, le dijo a Infobae Sebastián Santos Marroquín, procesado junto con su madre. “Chicho” Serna también negó haber lavado dinero a través de una supuesta “venta simulada” de una propiedad suya en el country San Diego a Piedrahita Ceballos. Su defensa aseguró que ganó su dinero honestamente jugando al fútbol, que compró y vendió sus propiedades limpiamente y que lo que hicieron luego con eso los nuevos dueños no es cosa de él.
Pero en junio del 2019 Piedrahita declaró como “imputado colaborador” ante los fiscales Diego Iglesias y Sebastián Basso, de Morón, en una cárcel de Miami, Estados Unidos, donde cumplía una condena de 27 meses de prisión por sobornar a un agente de Homeland (HSI) que lo investigaba por narcotráfico. En su exposición, detalló cómo, retirado del negocio del narcotráfico, vino a Argentina a hacer inversiones con la plata que tenían una matriz ilícita.
En junio del 2020, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, el ex futbolista colombiano “Chicho” Serna, junto a Mateo Corvo Dolcet, María Gabriela Sánchez, María de los Ángeles Verta, Pedro Antonio Ruiz y Esteban Adrián Del Rio, fueron enviadas a juicio como acusados de lavar unos 3.000.000 de dólares y 1.700.000 pesos provenientes de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias realizadas entre 2008 y 2017 en Argentina, entre ellas en el emblemático “Café de los Angelitos”. Los acusaban de ser miembros de una banda que lavó dinero del narcotráfico.
La decisión fue tomada por el juez de Morón Néstor Barral y, planteos mediante, el caso aterrizó en los tribunales de Comodoro Py. Pero a fines del 2022 el tribunal oral que recibió el expediente -el mismo que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque con otra composición-, anuló los dos pedidos de elevación a juicio por entender que se había violado el derecho de las defensas a acceder a las pruebas del expediente.
Los planteos de las defensas sostienen que la causa debe anularse por entender que se trató de un armado jurídico a pedido de la DEA; que agentes o supuestos agentes de inteligencia locales hicieron tareas ilegales; que se eligió la jurisdicción de San Martín, pese a que las maniobras habrían tenido lugar en distintas locaciones y que no puede avalarse el acuerdo de juicio abreviado que la fiscalía pactó con Piedrahita Ceballos. En base a eso, la causa bajó nuevamente a instrucción. El caso recayó por sorteo en la jueza María Servini.
Fue entonces que, en una movida generada por uno de los acusados cuando le corrieron vista para la elevación del caso, la jueza Servini decidió enviar el expediente principal a su colega Marcelo Martínez De Giorgi. ¿Por qué? Porque Corvo Dolcet denunció en mayo del 2021 actividades de inteligencia en su contra por parte de la AFI macrista que habrían sido utilizadas en la causa y amedrentamientos a su psicólogo para generarle una desestabilización emocional cuando estaba preso.
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Como el juez Martínez De Giorgi concentró la investigación sobre espionaje ilegal que había nacido en Lomas de Zamora durante la pandemia, entre ellas la hipótesis del espionaje a ciertos detenidos en las cárceles, la jueza le remitió a él el expediente. El magistrado lo aceptó en abril pasado, como causa conexa, para “evitar la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias”. Para Martínez De Giorgi, los hechos “se insertarían en una matriz investigativa más amplia, que se ventila en el universo de expedientes” por el espionaje.
El que no lo aceptó fue el fiscal. Franco Picardi, el representante de Ministerio Público en la causa del espionaje, sostuvo que la causa por el lavado de dinero que involucra a los familiares de Escobar Gaviria no podían sumarse, en esta instancia, a su caso ya de por sí con múltiples hechos porque conspira contra “las probabilidades de eficacia y buena administración de justicia”, dijo en un dictamen al que accedió Infobae. “El único elemento que sustentaría esa hipótesis procesal es la denuncia que promovió Mateo Corvo Dolcet en este fuero, y ella no encuentra respaldo en evidencias, hasta el momento”, añadió.
“La hipótesis introducida por Mateo Corvo Dolcet en punto a haber sido víctima de acciones de inteligencia ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia es inconsistente, dadas las evidencias”, dijo. Y sostuvo que el médico psiquiatra desmintió “expresamente, en declaración bajo juramento” las presunciones presiones que recibió para abandonar al empresario como paciente y lograr así “su desestabilización emocional o psicológica”.
Pero además el dictamen de Picardi terminó siendo un espaldarazo a la causa por narcotráfico que impulsa Diego Iglesias, cuestionada por las defensas. “Se trata de una investigación que se inició a partir de una comunicación de cooperación jurídica internacional, fue exhaustiva en punto a las evidencias que dieron sustento a las acusaciones promovidas, se extendió durante aproximadamente tres años, y culminó con el requerimiento de elevación a juicio del caso, es decir, con una certeza suficiente de debate de las responsabilidades criminales implicadas”. Además, añadió, “la intervención de la AFI en ese contexto, fue ceñida a mandatos judiciales específicos” y “sus informes integran una vasta plataforma de evidencias que da sustento a la determinación fáctica alcanzada y a las responsabilidades reconducidas”, dijo.
Picardi subrayó que en los tribunales se abrió otra causa por la denuncia que hizo Corvo Dolcet, “como víctima de posibles maniobras establecidas desde la Agencia Federal de Inteligencia y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, entre otras agencias del Estado, en su contra, para perjudicarlo procesalmente”.
El legajo, dijo Picardi, “lleva aproximadamente dos años de instrucción, a lo largo de los cuales se han producido medidas tendientes a corroborar la versión puesta de manifiesto por Corvo Dolcet, infructuosamente. Con tal escenario, las determinaciones fácticas alcanzadas en uno y otro caso son inconsistentes entre sí, y mal podrían fundar la conexidad que se pretende. En todo caso, la denuncia articulada en este fuero se exhibe como una versión de defensa de un caso diverso, cuyos alcances deberían ser sustancialmente debatidos con ese marco, en juicio oral y público pendiente” por la causa de lavado de dinero.
El caso llegó a la Cámara Federal. El juez Eduardo Farah respaldó hace unos días a la fiscalía. Según sostuvo el fallo al que accedió Infobae, “es notorio que si lo esencial a estos efectos radica en priorizar ‘la mejor y más pronta administración de justicia’, entonces el estado de los procesos demuestra que la aceptación de la conexidad conspira contra esa meta”.
Con esta decisión, el caso volverá al juzgado de Servini, en donde se espera que se formalicen los pedidos de elevación a juicio o de oposición. La magistrada tendrá que evaluar la cuestión y si el caso va a juicio, un nuevo tribunal será sorteado para que defina si los involucrados deben o no ser condenados.
La causa del espionaje ilegal que nació en Lomas de Zamora durante la pandemia, mientras tanto, también acomoda sus piezas. En diciembre del 2021, la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno, resolvió que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política durante el macrismo. “Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, sostuvo el tribunal.
Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado “SuperMarioBross”, quienes realizaban tareas de “cuentapropismo” para futuras extorsiones. Los jueces pidieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa, que nació en el fuero de Lomas de Zamora. Desde entonces, Picardi y Martínez De Giorgi vienen trabajando en el expediente.
Pero las defensas renovaron sus planteos para dictar la nulidad de todo lo actuado. Según se sostuvo, hubo violación de garantías constitucionales, falencias en la cadena de custodia de prueba y se refirió a la “teoría del fruto del árbol envenenado”. El fiscal Picardi rechazó los planteos. “Ninguno de los actos procesales impugnados o criticados por la defensa, por vía del planteo de nulidad en tratamiento, presentan vicios ni irregularidades pasibles de la sanción que se pretende”, dijo en un dictamen de marzo pasado. La decisión está en manos de Martínez De Giorgi.
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