En noviembre de 2019, un mes antes de ser reelegido por otros seis años, el senador Gerardo Montenegro desembolsó USD 306 mil para comprarse una casa en un barrio cerrado de Miami, a solo 15 minutos del Aventura Mall. En 2022, aunque estaba siendo investigado por la Justicia, decidió vender esa propiedad y recibió USD 460 mil. El senador de Santiago del Estero también llevó su fortuna a las playas de Punta del Este: se compró un departamento en el Venetian Luxury Residences, un emprendimiento de lujo ubicado en la Parada 17. Pagó otros USD 511.590. La Justicia además comprobó que Montenegro tenía relación directa con varias cooperativas de su provincia que recibieron millonarios subsidios, pero decidió sobreseerlo.
La fiscal federal Indiana Garzón, una de las candidatas que ensayó el kirchnerismo para reemplazar al procurador Eduardo Casal, dictaminó que no hubo lavado de dinero porque los subsidios que recibieron las cooperativas eran “legales”. De esa manera, al no haber un delito precedente, no habría lavado. Al momento de evaluar el patrimonio del senador, la fiscal se valió de una pericia de la Policía Federal, que determinó que Montenegro y su esposa lograron justificar sus bienes lujosos y los viajes por el exterior.
Con un extenso dictamen, Garzón allanó el camino para sobreseer al senador. Apenas unos días después, justo antes del Fin de Semana largo de Pascuas, el juez federal de Santiago Del Estero, Santiago Argibay, cerró la causa. La decisión ya no puede ser revisada: esta semana venció el plazo para una posible apelación.
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La causa había arrancado en 2020 con una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La denuncia acusaba a Montenegro de estar detrás de una red de cooperativas que habían cobrado más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero entre 2015 y 2020.
La fiscal Garzón concluyó que las ocho cooperativas investigadas recibieron $76.306.990, en concepto de subsidios, pero dijo que $57.537.990 “fueron rendidos ante el Tribunal de Cuentas”. De esa manera, apenas $18.769.000 podrían haber sido desviados.
La fiscal minimizó que en la mayoría de esas cooperativas había familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de la provincia, y hasta trabajadores de la sección local del gremio estatal UPCN, donde Montenegro es amo y señor, tal como reveló Infobae en mayo de 2021.
Un caso emblemático es el de Carlos Osvaldo Ibarra, quien fue empleado de Santiago del Estero, y sigue trabajando para Senado y UPCN. Con esos ingresos, logró viajar por el Mundo. Ante la Justicia, sostuvo que hizo muchos viajes porque logró conseguir “una membresía del Hotel Bahía Príncipe”. También fue sobreseído.
Ibarra fue parte de la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”. La UIF y la PROCELAC habían detectado que de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nadie lo justificó.
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Pero hay más. Los responsables de varias cooperativas admitieron ante la Justicia que mantenían una relación “comercial” con la sociedad JMSC SRL, propiedad de la mujer de Montenegro, María Teresita Sciolla, y de su primo hermano, Javier Fernando Sciolla.
Con los ingresos que recibían del Estado, le compraban productos a esa SRL. “A Javier Sciolla le compraba módulos alimentarios y sanitizantes en el supermercado “San Javier”, realizando los pagos por medio de transferencia bancaria o en efectivo”, declaró el presidente de “La Solidaridad”, Ramón Bravo, otra de las personas sobreseídas. Al igual que Ibarra, trabajó para el gobierno de Santiago del Estero y para UPCN.
Otra cooperativa investigada por la UIF era “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. El organismo anti lavado detectó que había tres personas detrás de esa cooperativa, dedicada a la construcción, que tenían vínculos con Montenegro: Juan Pablo Juárez, Carlos Salvatierra y Marcelo Vélez.
Juárez es empleado de la Provincia desde 2002 e integra la cooperativa “El Quebracho”. Salvatierra también es empleado estatal. Y Marcelo Vélez trabaja en UPCN, el gremio que controla Montenegro. Los tres también fueron sobreseídos.
Montenegro ocupa una banca en el Senado desde 2013. En 2019 fue reelecto por otros seis años impulsado por el gobernador Gerardo Zamora. En su provincia, es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN. Además preside el club de básquet Quimsa y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).
Con semejante red de vínculos, Montenegro nunca dudó de su futuro judicial.
Cuando tuvo que declarar, el senador dijo que la denuncia en su contra tenía un “tinte político” y se quejó de investigación que hizo este medio. ¿Cómo justificó sus bienes? Aseguró que entre 2007 y 2020 tuvo ingresos por más de USD 800 mil, es decir, ganó más de USD 60 mil dólares por año. Su esposa, en tanto, habría recaudado USD 333.857 en apenas seis años.
La investigación estuvo a cargo de Indiana Garzón, fiscal ante los Tribunales Orales de Santiago del Estero y subrogante de la Fiscalía Federal 2. Como en otras provincias, su carrera está atada al poder político.
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Al actual gobernador, lo conoce desde que estudiaban juntos en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Tras un breve paso como abogada, Garzón comenzó a trabajar en el Ministerio Público a fines de los años 90. Su primer cargo resonante ocurrió durante la intervención provincial, a cargo de Pablo Lanusse, actual abogado del ex presidente Mauricio Macri. Entre marzo de 2004 y el mismo mes de 2005, fue vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Su apogeo como fiscal se dio durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, con quien tenía una estrecha relación. A mediados de 2015, la entonces procuradora viajó a Santiago del Estero para inaugurar un edificio. “El fiscal se tiene que poner en una actitud pro activa, en proponer y dirigir hacia dónde orientar las investigaciones”, dijo en ese acto la fiscal Garzón.
De la mano de Gils Carbó, y con el apoyo del CELS, Garzón tuvo un paso breve por la PROCUNAR. Su tarea era controlar la información sensible que pasaba por esas oficinas. De hecho, iba apenas una o dos veces por semana. Cuando renunció Gils Carbó a la Procuración, regresó a Santiago del Estero.
Su dictamen sobre el senador Montenegro no cayó bien en varios despachos. Además de cuestionar la hipótesis inicial, puso en duda el trabajo de la PROCELAC. Concretamente, dijo que se tomaron medidas de investigación “sin haber levantado el secreto bancario y bursátil”.
Las propiedades y los viajes de Montenegro y su esposa
En Miami, Montenegro compró una casa en el barrio cerrado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall. La operación se hizo a través través la sociedad JM SILVER GROUP LLC, donde aparecían como “personas autorizadas” Teresita Sciolla y Javier Sciolla. En 2022, aunque estaba siendo investigado por la Justicia, Montenegro decidió desprenderse de esa propiedad y se la vendió a la sociedad CLARF LLC en USD 460 mil.
La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia original mencionaba una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR, dueña de esa emprendimiento.
En Punta del Este, el senador y su esposa compraron un departamento en el Venetian Luxury Residences, un emprendimiento de lujo de 27 pisos ubicado en la Parada 17. Según los datos aportados por la UIF, entre el abril de 2018 y abril de 2021, la mujer de Montenegro hizo depósitos y transferencias por un total de USD 511.590 para comprar la unidad 403. Algunos de esos pagos fueron remitidos por Washy Corporation SA, Larix SRL, Puerto Colonia LTD, Marcelo Walter Perretta Masantis y Zully Giunta.
En agosto de 2021, Sciolla le cedió sus derechos a Daniel Guillermo Felix por USD 534.709. Los investigadores de la UIF sospecharon que podría haber sido una venta ficticia. Pero nunca se profundizó esa pista.
Tanto la fiscal Garzón como el juez Argibay se remitieron a una pericia contable, a cargo de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que determinó “...que NO se han observado discrepancias patrimoniales ENTRE LOS BIENES DECLARADOS, NI LOS ADQUIRIDOS COMO TAMPOCO BANCARIAS en el período en estudio”. Fin de la historia.
Al momento de defenderse, la mujer de Montenegro aseguró que todos sus bienes estaban “justificados con sus ingresos personales”. ¿Cuáles? Un sueldo como empleada del Senado y las “ganancias” de la sociedad que le vendía alimentos a las cooperativas: JMSC SRL.
Los investigadores de la UIF no pensaban lo mismo. En la denuncia original se destacaba un dato insólito: María Teresita Sciolla visitó el Casino de Buenos Aires 74 veces en apenas seis años y registró “ganancias” por $8 millones. El dato surgió de los comprobantes que la mujer presentó ante el Fisco para justificar su aumento patrimonial. Otra pista que no se investigó.
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En un fallo de 50 carillas, el juez Argibay consideró que la hipótesis de la UIF y la PROCELAC estaba “desbaratada” porque “gran parte de los fondos” recibidos por las cooperativas habrían sido rendidos ante el Tribunal del Cuentas de Santiago del Estero.
Sobre la sociedad de Sciolla, JMSC SRL, el juez solo tuvo en cuenta que tenía locales y que “sus clientes no se agotan en las mutuales o cooperativas investigadas”. No mencionó que esa sociedad se usó para comprar una Jeep Renegade Sport 1.8 (dominio AB 925 XQ) y un BMW 503 221i Cabrio (dominio AD 619 MK). Los únicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo, Facundo Gerardo Montenegro.
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