El final sin disparos del sitio más largo en Estados Unidos: las negociaciones, la rendición y los fundamentos antigobierno

A las 18:45 del 13 de junio de 1996, Edwin Clark caminó hasta la tranquera de entrada de una granja perdida en el este de Montana y le extendió la mano a un agente del FBI. Luego volvió hacia el grupo, tomó a dos personas del brazo y las condujo, de a pares, hasta las furgonetas federales que esperaban del otro lado del alambrado. Así, hace 30 años, terminó el sitio armado más largo de la historia moderna de los Estados Unidos: sin un disparo, sin una muerte, con 16 personas subiendo a dos vehículos blancos bajo un cielo que se abría entre nubes oscuras.

Los 14 integrantes del grupo que enfrentaban cargos federales fueron trasladados esa noche a la cárcel del condado de Yellowstone, Billings, en Montana, a 280 kilómetros al suroeste. Las acusaciones incluían haber emitido cheques sin fondos por un total de 1,8 millones de dólares y haber amenazado de muerte a un juez federal. El presidente Bill Clinton, que esa noche presidía una cena de Estado en la Casa Blanca, pidió a sus invitados: “Una pequeña oración por esta resolución pacífica“.

Los Montana Freemen eran una milicia cristiana antiestatal asentada en los alrededores de Jordan, un pueblo del condado de Garfield, en el este de Montana. Se definían como "ciudadanos soberanos" que no reconocían ninguna autoridad por encima del nivel local. Su doctrina era heredera directa del movimiento Posse Comitatus, una corriente de ultraderecha fundada en 1969 que sostenía que el único gobierno legítimo era el del condado y que el único funcionario con autoridad real era el sheriff local.

Los Freemen sostenían que toda forma de gobierno por encima del nivel municipal era ilegítima. Eso los eximía, según su propia lógica, de pagar impuestos, obtener licencias de conducir o acatar órdenes judiciales. Se arrogaban además la potestad de juzgar y condenar a funcionarios públicos mediante sus propios tribunales de “derecho consuetudinario” y consideraban el fraude un instrumento válido para financiar su causa.

El grupo adoptó la teología de la Identidad Cristiana, una corriente que sostenía la superioridad de los blancos de ascendencia noreuropea y consideraba a los judíos hijos de Satanás. Su líder, LeRoy Schweitzer, un exfumigador agrícola que había tenido problemas con el fisco a mediados de los años 80, argumentaba que los derechos constitucionales pertenecían exclusivamente a “el pueblo blanco, el pueblo adamita e Israel”, donde “Israel” era el código identitario para los blancos de origen europeo. Las clases en Justus Township abrían con una hora de lección bíblica sobre la lectura de la Identidad Cristiana del Génesis: Eva había sido fecundada con dos semillas, una de Adán y otra de Satanás. Los judíos y su sistema bancario descendían de Satanás a través de Caín.

Los Freemen construyeron un entramado de fraudes a escala. Producían cheques y órdenes de pago falsificados de alta calidad y los distribuían en los talleres de fin de semana a los que asistían cientos de seguidores de todo el país. En algunos casos pagaban de más a propósito para luego exigir el reintegro de la diferencia en dinero real. El IRS —la oficina encargada de los impuestos en Estados Unidos— llegó a enviarle un cheque de 14.000 dólares a una mujer de California que debía 8.000 dólares en impuestos atrasados.

En 1995, uno de sus miembros intentó comprar con un cheque sin fondos armamento, municiones y chalecos antibalas por más de un millón de dólares a un armero de Montana. También intentaron adquirir seis camiones en Wyoming. Ninguna de las dos operaciones prosperó.

El esquema tenía una arquitectura precisa. Schweitzer convocaba a sus propios tribunales de “derecho consuetudinario” y emitía cargos ficticios contra jueces, fiscales y sheriffs. Cuando los apuntados no respondían, les adjudicaba sentencias por sumas astronómicas. Luego presentaba embargos preventivos falsos en el registro del condado para “satisfacer” esas sentencias. Sobre ese andamiaje de papel, generaba cheques bancarios certificados por computadora que usaba para pagar deudas reales o comprar bienes. El banco del condado llegó a recibir entre dos y cinco denuncias semanales durante 18 meses por cheques del grupo que rebotaban.

Unos 800 seguidores pagaron para asistir a sus clases. Por un tiempo, algunas agencias gubernamentales y bancos aceptaron los instrumentos financieros falsos, lo que reforzó ante sus propios adeptos la idea de que el sistema funcionaba.

El predio donde se instaló la comunidad era una estancia de 388 hectáreas cerca de Brusett, al norte de Jordan, que pertenecía a la familia Clark. Edwin Clark, un veterano de Vietnam y ganadero de toda la vida cuyos abuelos habían colonizado el condado de Garfield en 1913, llevaba 18 años peleando una ejecución hipotecaria que consideraba ilegítima. En 1994, el banco avanzó con el remate. Los Freemen se negaron a abandonar la propiedad.

Renombraron el lugar “Justus Township”, un juego de palabras entre justice (justicia) y just us (solo nosotros), y declararon que su municipio autónomo no estaba sujeto a ninguna ley exterior. Desde allí hostigaron a jueces, fiscales y al sheriff local con embargos ficticios y amenazas. Llegaron a ofrecer recompensas de un millón de dólares por funcionarios entregados “vivos o muertos”, entre ellos un juez federal. Los vecinos del condado de Garfield, muchos de ellos parientes de los propios integrantes del grupo, terminaron pidiendo ayuda federal después de que los Freemen los expulsaran de sus tierras a punta de pistola y les vaciaran las cuentas bancarias con sus fraudes.

El comienzo del sitio

El FBI investigó al grupo durante meses y diseñó una operación encubierta apuntada a su esquema financiero. El 25 de marzo de 1996, agentes disfrazados atrajeron a Schweitzer y a Daniel Peterson, otro líder del grupo, fuera del predio con una excusa. Los arrestaron en el camino.

El FBI tenía órdenes de detención contra otros ocho integrantes que se presumía estaban dentro de la granja. Pero antes de que pudieran ejecutarlas, los Freemen que quedaban adentro se atrincheraron con armas. Los agentes se retiraron a distancia segura. Comenzaba el sitio.

Unos cien agentes federales rodearon la propiedad. Desde el primer día, el FBI tomó una decisión que marcaría toda la operación: no habría asalto, no habría tanques, no habría provocación. Las imágenes de Waco, Texas, donde en 1993 murieron más de ochenta personas en el incendio del complejo de los Davidianos, y de Ruby Ridge, Idaho, donde en 1992 murieron tres personas durante un operativo contra el separatista blanco Randy Weaver, pesaban sobre cada decisión. “El FBI ha hecho grandes esfuerzos para garantizar que no haya confrontación armada, ni asedio, ni uso de tácticas o equipos militares de asalto”, declaró la fiscal general de entonces Janet Reno.

Adentro quedaron más de veinte personas, entre ellas menores de edad. Afuera, los agentes esperaban en camionetas de doble tracción sobre un camino de tierra a 53 kilómetros de Jordan.

El FBI no apostó a la presión directa sino a la negociación por intermediarios, la mayoría figuras de la derecha radical, elegidas precisamente porque los Freemen no reconocían ninguna otra autoridad.

El primero en intentarlo fue James “Bo” Gritz, coronel retirado de las Fuerzas Especiales que se había convertido en referente del movimiento de supervivencia de ultraderecha. Gritz llegó acompañado por Randy Weaver, el mismo hombre que había sobrevivido Ruby Ridge. El FBI le permitió el ingreso a Gritz pero le negó la entrada a Weaver. Tras cinco reuniones en cuatro días, Gritz se fue frustrado. Declaró que los Freemen le habían presentado una mezcla de “mumbo-jumbo” religioso y legal con la que era imposible trabajar.

Después vinieron el senador estatal republicano de Colorado, Charles Duke, y el expolicía de Phoenix, Jack McLamb, conocido por reclutar agentes de la ley para el movimiento patriota. Ninguno avanzó.

Mientras tanto, algunos integrantes del grupo comenzaban a irse por su cuenta. El 30 de marzo, Richard Clark se entregó en Grass Range. El 11 de abril, Ebert Stanton y su madre abandonaron el predio. El 6 de junio, una mujer de Utah salió con sus dos hijas. El 12 de junio, Ashley Landers, de 16 años, fue la última menor en dejar el lugar.

El 3 de junio, en el día 71 del sitio, el FBI ejecutó una de sus pocas medidas de presión concreta: cortó el suministro eléctrico y el acceso telefónico al predio. Los agentes también llevaron tractores y equipos pesados a los campos vecinos, con la intención de sugerir a los atrincherados que una irrupción podía estar cerca. La maniobra estuvo a punto de desbaratar todo. Al ver los tractores, los Freemen tomaron sus armas y ocuparon los puestos de guardia. Según Neill Payne, director de la CAUSE Foundation, “ver esos tractores fue como agitar una tela roja frente a un toro”.

La clave del desenlace la aportó el abogado Kirk Lyons, vinculado a la red supremacista Aryan Nations, que propuso una idea que el propio FBI calificó de “esquema descabellado”: llevar en avión a Edwin Clark, técnicamente bajo arresto, a la cárcel de Billings para que se reuniera con Schweitzer y obtuviera su bendición para la rendición. El FBI aceptó. La reunión se realizó el 11 de junio. Dos días después, Clark guió a sus compañeros, de a pares, hasta las furgonetas federales.

La rendición no implicó ningún acuerdo sobre los cargos. La fiscal federal Sherry Scheel Matteucci fue terminante: "Eso nunca fue una posibilidad“. Los 14 detenidos fueron presentados ante el tribunal al día siguiente de su entrega.

Los procesos judiciales se desarrollaron en etapas. En abril de 1997, seis integrantes del grupo fueron los primeros en ir a juicio, acusados de ser “cómplices después del hecho” por no haber testificado contra los líderes. Cinco de los seis fueron declarados culpables. Edwin Clark, en cambio, fue absuelto de todos los cargos el 31 de marzo. Elwin Ward fue liberado con tiempo cumplido. Para el fiscal del caso, Ken Toole, director de la Red de Derechos Humanos de Montana, el cúmulo de pruebas reunido por la fiscalía era sin precedente: “El volumen de papel y documentación en el caso Freeman hará que el juicio de McVeigh parezca una multa de tránsito”, dijo Toole.

El juicio principal, con 14 acusados encabezados por Schweitzer, comenzó el 26 de mayo ante el juez federal John C. Coughenour en Billings. Los Freemen se negaron a reconocer la jurisdicción del tribunal. Varios fueron sacados de la sala a la fuerza. Uno gritó que el juez estaba arrestado. Schweitzer recibió una condena de 22 años por 25 delitos, entre ellos conspiración, fraude bancario, fraude postal, amenazas contra funcionarios públicos y robo a mano armada de un equipo de televisión. Murió en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, el 20 de septiembre de 2011, a los 73 años. Daniel Peterson fue sentenciado a 15 años. Desde la cárcel, siguió presentando embargos ficticios contra los jueces que lo habían condenado y llegó a inventar una empresa con un supuesto fallo judicial de cien billones de dólares contra el gobierno de los Estados Unidos.

La fiscalía había reunido 200.000 documentos, 5.000 cintas de audio y 172 videocasetes. Fue, hasta entonces, uno de los casos de fraude más documentados de la historia judicial federal de los Estados Unidos.