
Guatemala lanzó la iniciativa global datos ODS SEGEPLAN para reorganizar la producción y el uso de información pública con un objetivo político y operativo: mejorar decisiones estatales, focalizar recursos y anticipar cambios demográficos, sociales y territoriales que ya afectan la planificación del país, según dijeron en el acto el coordinador residente de Naciones Unidas en Guatemala Miguel Barreto, la ministra de Economía Gabriela García y el secretario de SEGEPLAN Carlos Mendoza.
Uno de los datos que enmarcó el lanzamiento fue el rendimiento económico atribuido a la inversión en información: por cada dólar invertido en datos, el retorno puede llegar a USD 32, según el video institucional presentado durante el acto y según explicó Freddy Rodríguez, líder regional para América Latina de la Alianza Global para los Datos del Desarrollo Sostenible, al citar un análisis elaborado en 2022 con Dalberg.
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Rodríguez también situó a Guatemala dentro de una red más amplia: la iniciativa, presentada como una de alto impacto en la Cumbre de los ODS de 2023, ya reúne a 18 países, de los cuales ocho pertenecen a América Latina, según el representante de la alianza global.
El plan guatemalteco se ordena en cuatro prioridades
Barreto afirmó que Guatemala se suma a una estrategia impulsada por gobiernos, Naciones Unidas y aliados para transformar la forma en que los países producen, usan y aprovechan la información. Según el coordinador residente de Naciones Unidas, el programa se alinea con la estrategia de datos promovida por el secretario general de la ONU para reforzar la transformación digital y las decisiones basadas en evidencia.
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En el caso guatemalteco, la hoja de ruta se organiza en cuatro ejes definidos por el propio país, según Barreto: una institucionalidad estadística y geográfica sólida, moderna y autónoma; registros administrativos e interoperabilidad entre sistemas estatales; uso de información geográfica y georreferenciada para reducir brechas; e inversión en talento humano en estadística, análisis de datos, ciencia de datos, geografía y tecnología.

La ministra Gabriela García, que además preside la junta directiva del Instituto Nacional de Estadística, sostuvo que el problema ya no es solo producir información, sino distinguir la confiable en un entorno atravesado por la desinformación. “No podemos pensar que la información o el dato anda por ahí sin que haya una persona que lo interpreta”, dijo la ministra durante su intervención.
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García añadió que la calidad de los datos depende de la colaboración entre instituciones públicas y admitió que el intercambio de información sigue siendo un obstáculo. Según la ministra, tras dos años y medio de gestión el país todavía enfrenta dificultades para compartir datos entre dependencias del gobierno central y también entre actores públicos, privados y multilaterales.
SEGEPLAN vinculó la iniciativa con violencia, voto joven y natalidad
Mendoza sostuvo que los datos permiten volver visibles fenómenos que no entran en el presupuesto ni en la discusión pública si no se miden. Para explicarlo, recurrió a tres casos en los que, según dijo, la evidencia cambió o puede cambiar la conversación estatal.
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El primero fue la violencia homicida. Mendoza afirmó que, tras alcanzar una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, Guatemala se ubica hoy alrededor de 16 o 17, y que la desagregación territorial muestra diferencias profundas entre la Ciudad de Guatemala, el oriente y el occidente del país.
El segundo caso fue la exclusión electoral de los jóvenes. Según el secretario de SEGEPLAN, más de 1,5 millones de personas de entre 18 y 25 años, pese a ser mayores de edad y contar con documento personal de identificación, no están inscritas en el registro de ciudadanos por una situación administrativa y burocrática originada en la Constitución de 1985, lo que les impide votar.
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El tercer ejemplo se refirió a la dinámica demográfica. Mendoza dijo que las estadísticas de 2024 mostraron que en el 86 % de los municipios hubo menos nacimientos que en 2023, un resultado que activó análisis conjuntos con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el INE para evaluar el efecto de la caída de la fecundidad sobre escuelas, salud, empleo, cuidados, protección social y pensiones.
“Si no vemos las tendencias a tiempo, entonces estamos planificando para un país que ya no existe”, afirmó Mendoza al vincular la iniciativa con ejercicios de planificación prospectiva.
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