Los sistemas de salud de América Latina y el Caribe ampliaron la cobertura, pero la calidad y la equidad de la atención siguen definiendo quién accede a tratamientos oportunos, eficaces y financieramente sostenibles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial analizaron 33 países y advirtieron que la siguiente etapa de las reformas deberá reducir las muertes evitables, la fragmentación de los servicios y el gasto directo de los hogares.
La esperanza de vida regional llegó a 74,6 años en 2024, 2,4 años más que en 2010, aunque se mantuvo por debajo de los 81,3 años de promedio en los países de la OCDE. Chile y Costa Rica rondaron los 81 años, mientras Haití y Bolivia permanecieron por debajo de los 70.
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Las enfermedades no transmisibles concentraron el 75,9% de las muertes en 2023. La mortalidad cardiovascular cayó apenas 4% desde 2010 en 25 países de la región, frente a una disminución de 28,4% en la OCDE, y la reducción de la mortalidad por cáncer también fue más lenta.
El problema no se limita a la disponibilidad de consultas o seguros. La mortalidad evitable alcanzó 297 muertes por cada 100.000 habitantes en 25 países latinoamericanos y caribeños en 2023, frente a 162 en la OCDE, una diferencia asociada tanto a fallas de prevención como a deficiencias en diagnósticos, derivaciones, tratamientos especializados y continuidad de la atención.
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Cobertura sin atención efectiva ni protección financiera
La vacunación infantil conserva mejores resultados que otros componentes del sistema. La cobertura regional de la tercera dosis contra difteria, tétanos y tos convulsa llegó a el 86% en 2024, aunque quedó por debajo del umbral de el 90% recomendado para evaluar el desempeño de los programas y del promedio de 93% de la OCDE.
La segunda dosis de la vacuna contra el sarampión expuso una brecha mayor: alcanzó a el 76% de los niños en la región, contra 88% en los países de la OCDE. Solo siete países superaron el 90% de cobertura para esa dosis, pese a que la meta de eliminación de la enfermedad exige el 95%.
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Las diferencias se profundizan en la atención de urgencias. La mortalidad a los 30 días de una internación por infarto agudo de miocardio fue de 24,2% en Paraguay, 22,6% en México y 19,9% en Perú, mientras el promedio de la OCDE fue 6,5%. Las tasas reflejan la capacidad hospitalaria, pero también influyen los retrasos para llegar al tratamiento, la gravedad al ingreso y las prácticas de registro.
El gasto sanitario por persona fue de USD PPP 1.518 en América Latina y el Caribe en 2024, menos de una cuarta parte de los USD PPP 6.097 registrados en la OCDE. La inversión total equivalió a el 6,5% del PIB regional, frente a el 9,3% en las economías desarrolladas.
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Los gobiernos y los seguros obligatorios financiaron el 57% del gasto sanitario corriente regional, por debajo de cerca de el 75% en la OCDE. Esa menor proporción de fondos agrupados trasladó una parte considerable del costo a los pacientes: los pagos directos de los hogares representaron el 32% del gasto sanitario, comparado con el 20% en la OCDE.
En Honduras, Surinam, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Chile y Panamá, esos desembolsos superaron el 4,5% del consumo final de los hogares. La carga no se distribuye de manera uniforme: los grupos de menores ingresos enfrentan con más frecuencia necesidades médicas insatisfechas, postergan tratamientos o recurren a alternativas de menor costo.
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Las necesidades de atención no cubiertas promediaron el 35% en la región, con extremos que fueron de 3,2% en Costa Rica a 73% en Perú. En este último país, la mortalidad infantil entre los hogares más pobres fue cerca de tres veces superior a la de los más ricos.
En Haití, la brecha fue de aproximadamente una cuarta parte.
Sistemas con brechas de datos, personal y coordinación
La calidad figura como prioridad transversal en las estrategias de salud de 14 de 19 países evaluados. Sin embargo, solo Perú y Chile contaban con planes de implementación plenamente presupuestados y con marcos de monitoreo, una distancia entre el reconocimiento político del problema y los instrumentos para modificar la atención cotidiana.
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Los mecanismos básicos de regulación están más extendidos que las herramientas de mejora continua. 17 de 19 países aplicaban licencias para proveedores y regulaban medicamentos, pero solo nueve informaron sistemas de acreditación, seis contaban con apoyo a la decisión clínica y cuatro tenían financiamiento basado en desempeño.
La medición tampoco se traduce siempre en responsabilidades concretas. Seis países disponían de conjuntos nacionales integrales de indicadores de calidad, mientras que los pagos vinculados a resultados no estaban implementados a escala nacional en 12 de los 19 sistemas relevados.
La infraestructura digital limita la integración. Costa Rica, Paraguay y Perú informaron una vinculación casi completa entre bases de datos de atención primaria, hospitales, prescripciones y mortalidad, pero otros sistemas solo lograron conexiones parciales. Costa Rica y Perú fueron los únicos países que ofrecieron acceso digital amplio de los pacientes a su información clínica en todos los niveles de atención.
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La escasez de personal condiciona la capacidad de respuesta. América Latina y el Caribe dispone de 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a 3,6 en la OCDE, con una distancia que va desde 9,5 médicos en Cuba hasta 0,3 en Haití.
La brecha es más marcada en enfermería y partería: la densidad regional es de 3,9 profesionales por cada 1.000 habitantes, comparada con 10,3 en la OCDE. La región tiene 1,6 enfermeros y parteras por médico, mientras en la OCDE hay 2,9, una composición que dificulta los equipos interdisciplinarios, el seguimiento de enfermedades crónicas y la atención comunitaria.
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La desigualdad territorial sigue siendo otro obstáculo. 13 de 14 países relevados informaron expansión de infraestructura para poblaciones desatendidas, 11 desarrollaron actividades de alcance territorial y nueve usaron telemedicina. Solo siete ofrecían apoyo para transporte, seis reclutaban o capacitaban personal bilingüe o comunitario y cuatro tenían políticas de inclusión digital para grupos vulnerables.
El envejecimiento acelerará estas presiones. La proporción regional de personas de 65 años o más pasará de el 9,3% en 2023 a el 18,1% en 2050, mientras el grupo de 80 años o más crecerá de el 1,8% a el 4,9%.
Envejecimiento y presión creciente sobre los sistemas de cuidado
La atención de largo plazo continúa recayendo principalmente en las familias. La región cuenta con alrededor de 25 millones de cuidadores no remunerados y unos 3 millones pagos; mantener la proporción actual requeriría cerca de 60,5 millones de cuidadores familiares en 2050.
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