Estados Unidos prohibió la entrada al país al ex presidente panameño Juan Carlos Varela “por su implicación en corrupción significativa”, informó este jueves el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken.
Varela, de 59 años, “aceptó sobornos a cambio de la adjudicación indebida de contratos públicos mientras ocupaba el cargo de vicepresidente y luego de presidente de Panamá”, señaló Blinken en un comunicado.
El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos se propone “combatir la corrupción endémica en Panamá” porque si no se aborda “seguirá debilitando la prosperidad” y la democracia.
“Esperamos que la acción de hoy (jueves) impulse a los funcionarios y autoridades de Panamá a abordar la corrupción arraigada y empoderar a todos aquellos que defienden el estado de derecho”, subrayó Blinken.
Varela, presidente entre 2014 y 2019, está acusado por la Justicia panameña por lavado de activos en el caso Odebrecht, en el que también está implicado el ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
Según las acusaciones, el Partido Panameñista (derecha) que dirigía este empresario productor de ron habría recibido 10 millones de dólares de la compañía brasileña.
Varela, que espera el juicio en libertad, reconoció haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña de 2009, pero no mientras fue presidente.
Sin embargo, la fiscalía asegura que Varela también recibió pagos “cuando ya mantenía el cargo de presidente” y cuando era vicepresidente, en momentos en que Odebrecht se beneficiaba con la adjudicación de contratos.
La investigación por este caso en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EEUU que había pagado millones en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.
En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares (unos 195 millones de euros) al Estado, el cual no se está cumpliendo.
El político asumió la vicepresidencia de 2009 a 2014 y la presidencia desde ese año hasta 2019.
En enero de este año, EEUU también prohibió la entrada a Martinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes también enfrentan cargos por el caso Odebrecht.
Martinelli también está a la espera del veredicto de una jueza en un caso por blanqueo de capitales. El ex gobernante, de 71 años, aspira a buscar un nuevo mandato en las elecciones generales del próximo año.
Panamá “en deuda”
La Justicia de Panamá está en “deuda” con EEUU y debe hacer su parte, afirmaron a la agencia de noticias EFE analistas y políticos después de que el Departamento de Estado designó a Juan Carlos Varela y a su familia como inelegibles para entrar en su territorio.
“Panamá sigue en deuda de que su propia Justicia haga lo que debe hacer para confirmar estos serios cargos” de corrupción que plantea EEUU. “Todo viene de afuera, como ha sido costumbre, y localmente no tenemos procesos concluidos y eso, la verdad, es lamentable”, dijo a EFE el ex presidente del capítulo Panamá de Transparencia Internacional (TI), Carlos Barsallo.
“Es el mensaje de un político de un país, que insta a otro país a hacer su tarea. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que investigar y después de un debido proceso sancionar a quién haya violado las leyes. Eso es demasiado básico, pero se dice fácil y no se hace y tenemos muchos años en esta misma letanía”, comentó Barsallo.
La ex Fiscal General y candidata a diputada independiente Ana Matilde Gómez coincidió con Barsallo en que ahora “le toca a la Justicia panameña hacer su parte”.
“Espero que a la lista de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela se sumen otros que hacen falta”, afirmó Gómez, quien considera “oportuno que en la medida que se tengan las evidencias suficientes, se proceda, por todos los medios legales que corresponda, a sacar a la luz las acciones de los altos funcionarios públicos que han utilizado su poder para beneficiarse”.
Para el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño, el hecho de que Panamá tenga a dos ex presidentes designados por corrupción por EEUU demuestra que la administración de Justicia en Panamá “está en cuidados intensivos”.
“Para algunos casos de altos perfil y otros, la Justicia no funciona como corresponde, y eso tiene que ver mucho” con el hecho de que el sistema judicial carece de una “independencia plena, total y financiera” que le permita operar “sin tener que ver con los vaivenes de la política”, afirmó el analista.
(Con información de EFE y AFP)
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