Víctimas de residencias solicitan una reunión con el fiscal general para reclamar más recursos para investigar

Miembros de Marea de Residencias y de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias han solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una reunión para reclamar más recursos para investigar casos de fallecimientos durante la pandemia.

La solicitud tiene lugar después de la denuncia conjunta presentada por la "discriminación sufrida" durante el Covid-19, en la que 7.291 residentes murieron sin ser derivados a un hospital en la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la reunión es trasladarle el contenido de la denuncia y exponer la necesidad de reforzar los recursos de la Fiscalía Superior de Madrid, para que se pueda abrir una investigación sobre las causas que propiciaron "el importante exceso de mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid que pudiera culminar con la judicialización del proceso antes de la prescripción de los hechos".

Tras acudir a la Fiscalía General, la asociación registrará una solicitud de reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien quieren hacer entrega personalmente de la denuncia, así como del Informe de la Comisión Ciudadana.

La denuncia se dirige contra 29 personas, entre las que figuran "altos cargos del Gobierno" regional como los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que fueron "el firmante y el autor" de los protocolos que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales.

También se dirige contra Pablo Busca, director del SUMA 112 en aquel momento; contra Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia; y contra los geriatras responsables de aplicar el protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños, según han especificado la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, y la presidenta de 7291: Verdad y justicia, María Jesús Valero, en una rueda de prensa.

La denuncia ha sido presentada por 108 familiares de 115 residentes que vivían en 72 residencias distintas de la región y en ella se aporta "documentación inédita" como "informes internos del Gobierno en los que se reflejaba la situación en la que estaban los geriátricos", según han explicado López y Valero.

También se incluye en el documento que "la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como 'protocolo de la vergüenza'".