San Sebastián, 18 oct (EFE).- La presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría Legal, Blanca Morera, apuesta por una flexibilización de los plazos que establece la ley de eutanasia en casos de salud mental y espera que la reforma del Manual de Buenas Prácticas que estudia Sanidad despeje dudas sobre la aplicación de la norma en estos pacientes.
La Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia 3/2021 de 24 de marzo de eutanasia y sus especificidades en el ámbito de la salud mental ha sido uno de los temas tratados en el XXVII Congreso Nacional de Psiquiatría que reúne estos días a más de 1.700 profesionales en San Sebastián y que se clausura mañana, sábado.
Un total de 746 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en el primer año y medio en vigor de la ley, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, y a 363 (el 48 %) les fue concedida, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.
Morera, que es también integrante de la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia de Euskadi, señala en una entrevista a EFE que en España "no ha habido un tiempo de reflexión previa a la aprobación de la norma" como han hecho países como Canadá, que ha planteado incluso una moratoria para los casos de pacientes mentales.
"Se ha optado por una ley de requisitos que, en principio no plantea diferencias a la hora de acogerse a las personas con problemas de salud mental", aunque el número de solicitudes de este tipo de pacientes es "casi anecdótico" respecto al grueso de peticiones que proceden de enfermos oncológicos y con dolencias neurodegenerativas.
Las dudas surgieron a raíz de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en respuesta a un recurso a la ley presentado por Vox en el que el alto tribunal "sugiere que esta prestación no es de aplicación en enfermedades psicológicas o de depresión", explica Morera.
Estas incertidumbres espera sean aclaradas en un "anexo" al Manual de Buenas Prácticas, una especie de guía para los médicos que tienen que tomar la decisión si aprueban o no la solicitud, para el que las asociaciones de psiquiatría ya han tenido una primera reunión con representantes del Ministerio de Sanidad antes del verano.
Los requisitos que plantea la ley para acogerse a la eutanasia es que la persona que lo solicite sea "consciente de sus actos" y sufra una enfermedad "grave o incurable" y un padecimiento "breve, crónico e imposibilitante".
En enfermos mentales pueden surgir problemas a la hora de valorar su capacidad de decidir, en determinar la incurabilidad de su dolencia.
"Además está la dificilísima relación entre el suicidio y la eutanasia y el miedo de muchos a que se convierta en una vía legal para el suicidio, algo que se evita haciendo bien las cosas", matiza.
Morera considera que la ley "no deja mucho espacio de tiempo y establece unos plazos muy cortos en los procedimientos". "No digo que haya que alargarlos siempre pero si flexibilizarlos", afirma.
"Hay casos en los que los psiquiatras no tenemos información suficiente sobre el historial del paciente porque pertenece a otra comunidad autónoma o se ha tratado en la sanidad privada" y los 15 días que tiene el médico responsable, al que se dirige la solicitud, para examinar concienzudamente la historia del paciente "es poco".
Morera señala que en el País Vaso se ha llevado a cabo una eutanasia en una persona con problemas mentales en 2023, aunque se trataba de un caso mixto porque también presentaba dolencias físicas, y en Cataluña tres.
En el caso de Cataluña en el que la Comisión de Garantía y Evaluación había dado el visto bueno a la eutanasia de una chica de 29 años y esta ha sido suspendida por un juzgado de Barcelona a petición del padre, que alega que la enfermedad puede afectar la capacidad de decisión de su hija, Morera espera que "se imponga la sensatez" y el Tribunal Superior de Justicia la rechace el recurso del progenitor.
"El riesgo es que al no haber rechazado este asunto caso se podría abrir una puerta para que otras personas que por sus creencias consideren la eutanasia un homicidio acaben colapsando los juzgados y consigan en los juzgados lo que no han logrado en el Parlamento", añade. EFE
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