La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

La crisis del coronavirus supuso para la Administraciones públicas (sobre todo, el Gobierno central y las Comunidades autónomas) una dura prueba que puso al límite sus capacidades de gestión. En teoría, se aprendieron muchas y dolorosas lecciones. Y se lanzaron muchos compromisos y promesas. Una de ellas fue la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, anunciada por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, en agosto de 2020, que llegó a asegurar que en 2021 el proyecto de ley para ponerla en marcha estaría presentado en el Congreso de los Diputados. Dicho proyecto no fue aprobado hasta marzo de 2025.

La nueva crisis sanitaria que afronta el país, de momento de menor calado, la del hantavirus, no se está coordinando desde esta agencia. ¿Por qué? Porque el ministerio de Sanidad no encuentra edificio para ubicar su sede. De momento, la ley que regula esta agencia se ha quedado en papel mojado porque no se han desarrollado sus estatutos. No tiene sede ni presidente, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a colocar al frente a Fernando Simón, hoy director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

Así que la idea era que la Agencia Estatal de Salud Pública comenzará su andadura en la sede del Ministerio de Sanidad hasta que se determine qué ciudad de las que han presentado candidatura albergará definitivamente sus instalaciones. El Boletín Oficial de Estado (BOE) publicó en febrero la orden que oficializa el aplazamiento de la elección de la sede hasta el 18 de agosto y dejaba sin efecto la tramitación de urgencia con la que se iba a hacer este procedimiento. Y eso que “la urgencia se justificó por razones de interés para la salud pública, pues es necesario reforzar cuanto antes las capacidades del Estado ante futuras emergencias sanitarias”.

El problema es que el ministerio, tras analizar las ocho candidaturas, detectó que la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años. “Incluso en aquellos casos donde se ofrecen sedes provisionales, la necesidad de realizar adecuaciones técnicas impide un uso instantáneo de las mismas”, explicaba la orden que aplazó esta decisión. En este escenario. Las candidaturas recibidas presentan elementos que exigen “una valoración más detallada”. Se trata de Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia).

Consejo rector

En teoría, la Agencia podría operar desde la sede central del Ministerio de Sanidad mientras se determina su ubicación definitiva. Pero para ello necesita de su constitución mediante la reunión de su Consejo Rector, trámite que todavía no se ha celebrado. Lo que sí reconoce el ministerio es que se ha adquirido parte del equipamiento tecnológico necesario para la entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública. Los objetivos de este nuevo organismo serán reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, trabajar en vigilancia, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional, y en información y comunicación de riesgos para la salud. En defintiva, se tratará de un organismo con autoridad científica y respaldo político.