Estas son las condiciones de las aseguradoras para Muface: qué piden los funcionarios

Muface se ha convertido en la principal preocupación para los funcionarios. Este jueves, cinco de diciembre, se cumple un mes desde que las tres aseguradoras de asistencia sanitaria (Asisa, DKV y Adeslas) rechazaron continuar prestando servicios al Estado. Esto se debe a que a las aseguradoras no les sale rentable el hecho de tener asegurados alrededor de 1,5 millones de funcionarios debido al aumento de costes.

El primer encuentro, que quedó desierto hace un mes, había implicado un aumento de la prima en un 17,12% para 2025 y 2026. Es decir, un total de 1.337 millones de euros en el primer año (+16,5%) y otros 1.345 millones para el segundo (+0,6%), unos 300 millones más al año que el contrato en curso.

En un segundo intento de llegar a un acuerdo, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, abrió un periodo de consultas preliminares para conocer por cuánto estarían dispuestas las compañías de seguros a prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios, que finalizó ayer, 4 de diciembre.

Afortunadamente, las tres aseguradoras han acudido a esta llamada del Gobierno, abriéndose luz en las negociaciones. “Hemos echado números y hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dicen que cuesta más. Pues dime cuánto cuesta”, han reclamado desde el Ministerio.

Según ha podido confirmar ElDiario.es, Adeslas ha contestado a estas consultas preliminares con un texto en el que incluía varios apartados. La aseguradora comunicó vía e-mail, que dejaría de atender a sus asegurados, cerca de un millón, el próximo 31 de enero, cuando finaliza el contrato en vigor.

Por su parte, desde Asisa, que presta atención aproximadamente a 364.000 funcionarios, ha participado en este periodo de consultas, pero han evitado compartir cifras: “Aunque entendemos que el presupuesto es un elemento central, no es el único”, han explicado fuentes de la aseguradora, que también han indicado que la empresa está siempre a disposición de la administración pública.

Por otro lado, DKV, que asegura alrededor de 200.000 funcionarios y sus familias en este momento, ha comunicado una propuesta de aumento de la prima en un 40,6% a un solo año. Es la cifra que el sector está trasladando desde verano. “Es un colectivo muy envejecido y se estima un incremento significativo de los costes médicos el próximo año”, han señalado las fuentes de la compañía.

Las fuentes del sector han indiciado que este proceso debería haberse llevado a cabo antes: “Llevamos meses advirtiendo y no solo no hicieron la consulta, sino que ignoraron la recomendación de Muface de incrementar la prima en un 25%”.

En conclusión, el Ministerio de Función Pública, por el momento, descarta el fin de la mutualidad. De hecho, ha garantizado a los funcionarios que optan por los seguros privados antes que por la sanidad pública que las prestaciones se seguirán haciendo con las mismas condiciones, incluso más allá del 31 de enero: “Existen mecanismos de prórroga”.

Una prórroga que presiona a las aseguradoras que, de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno, deberán seguir prestando asistencia hasta que se resuelva el conflicto. “Es como si te sientas a negociar y la otra parte pone la pistola encima de la mesa”, han recriminado desde el sector, que no ha dudado en advertir: “¿Quién va a ir a una aseguradora sabiendo que está obligada?”.

Tras poner fin al periodo de consultas preliminares, la mutualidad tendrá que preparar un informe previo. Todas las partes asumen que, de llegar a un acuerdo, será a partir del año que viene.

Mientras tanto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha convocado una protesta en Madrid para el 14 de diciembre, frente a la sede de Muface Tres días antes, UGT y CC.OO. (Comisiones Obreras) harán lo propio, poniendo el foco no solo en el Gobierno, sino también en unas “aseguradoras insaciables” que quieren aumentar sus beneficios a costa del Estado.