Según los datos de la Encuesta Europea de Salud publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2020, en España un 61 % de la población tiene problemas de visión, lo que les obliga a utilizar gafas y lentillas. Esto supone que cerca de 25 millones de españoles mayores de 15 años deban hacer frente al gasto que supone comprar estos productos necesarios para el día a día. Sin embargo, también hay un amplio sector de la población que cuenta con una situación económica que les impide acceder a este servicio: la asociación Visión y Vida publicó el informe Radiografía de la pobreza visual infantil en España, 2024, en que se muestra que más de 720.000 niños en nuestro país cuentan con la imposibilidad de afrontar la compra de instrumentos ópticos. Este hecho incrementa las posibilidades de sufrir un fracaso escolar.
En este contexto, Mónica García, ministra de Sanidad, anunció a principios de este año que la adquisición de gafas y lentillas se incluiría a la cartera común de la Seguridad Social a partir de 2025. Esta medida, que forma parte del esfuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS) no es nueva: se propuso en la legislatura anterior y ya se ha implementado en otros países europeos.
De momento, la ministra solo ha confirmado que esta medida se llevará a cabo y comenzará por los niños de las familias más vulnerables: “Queremos empezar por las personas más vulnerables y con menos capacidad de acceso a este derecho. Y también por las poblaciones más infantiles, que tienen de alguna manera un mayor recambio o un mayor gasto en este sentido. Pero estamos estudiándolo con todos los actores”, ha declarado. De esta manera, se busca empezar a reducir un problema que dificulta el día a día del 8,4 % de los niños españoles.
Francia y Alemania ya incluyen las gafas y lentillas en sus prestaciones sociales
Los requisitos y los beneficiarios de la ayuda aún no se conocen y no será hasta la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando se conozcan todos los detalles. Sin embargo, teniendo en cuenta dinámica de otros países, se puede prever cómo será implementada esta prestación en España.
En el caso francés, Emmanuel Macron impulsó el plan 100 % Santé, que permite a los menores de 16 años renovar sus gafas gratuitamente cada dos años, hasta cierto límite de precio (más flexible si son necesarias gafas progresivas). El plan también cubre la atención dental y los audífonos a menor coste, lo que supone un precedente europeo en materia de prestaciones sociales.
En Alemania, el Gobierno ofrece instrumentos ópticos gratuitos a los menores de 18 años y los adultos con problemas visuales graves. En Reino Unido, por el contrario, se hace uso de bonos para pagar las gafas, cuyos beneficiarios son menores de 16 años (o 18 si son estudiantes a tiempo completo), ciudadanos con ingresos bajos y personas que estén cumpliendo una pena de prisión. No obstante, en este país también es posible que otras personas accedan a los bonos si lo recomienda un profesional.
No solo en Europa se pueden encontrar este tipo de prestaciones sanitarias: en Ruanda, que colabora con la Visual Nation Foundation, se ayuda a los ciudadanos en sus tratamientos oculares y se recetan gafas a muchos pacientes cuando estos acuden a su centro de salud.
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