Un juez condena a la Comunidad de Madrid a pagar 8.000 euros a una pediatra por los daños morales que le provoca el exceso de trabajo

La semana pasada el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se llevó una desagradable sorpresa: ofrecía 45 nuevas plazas de pediatría para trabajar en los centros de salud de la región. Todas se quedaron sin cubrir. Ninguno de los 90 pediatras que habían terminado su especialidad (el MIR) en Madrid decidieron aceptar las condiciones y cubrir alguna de esas 45 plazas. El sindicato AMYTS tiene claro el diagnóstico de lo que está pasando: las condiciones económicas, las dificultades para conciliar con la vida familiar, y la sobrecarga de trabajo (precisamente por el déficit de estos especialistas en Madrid) hacen que los puestos que se ofrecen no sea nada atractivos.

Precisamente una reciente sentencia, fechada el 16 de septiembre, viene a ratificar lo que denuncian los profesionales de atención primaria: están desbordados y hacen falta más efectivos. Los sindicatos aseguran que Madrid necesita 350 nuevos pediatras. Ahora, un Juzgado de lo Social ha condenado al SERMAS a pagar a una pediatra madrileña una indemnización de 8.000 euros por los daños morales derivados de “no haberle dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y de valoración de la carga de trabajo”

Como explica un portavoz de AMYTS a Infobae España, “el juzgado ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar a esta pediatra al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, al estar trabajando sin un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que evalúe los riesgos psicosociales que sufre en su puesto, entre ellos la sobrecarga de trabajo”. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, fija su fallo en otra sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de marzo de 2021, que dictaminó que la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso “vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”. El TSJM también exigía a la Comunidad de Madrid que hiciera una valoración de la carga de trabajo de este colectivo y una evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo. La sentencia del TSJM fue luego ratificada por el Tribunal Supremo.

Algo que no se hizo. Por eso el sindicato AMYTS animó a sus afiliados a acudir a los tribunales para defender sus derechos. “Se trata de la primera sentencia favorable que hemos conseguido en el sindicato como parte de la campaña de denuncia que lanzamos hace varios meses y a la que ya se han sumado centenares de profesionales. Estos están desprotegidos ante esta inacción en Salud Laboral que la Administración incumple desde 1995″, explica el mismo portavoz de AMYTS. Este sindicato, que lideró ya en 2022 la huelga por la falta de efectivos y el cambio de modelo de atención diseñado por la Consejería de Sanidad en las urgencias extrahospitalarias, pide a los médicos y pediatras de atención primaria que se sumen a este tipo de demandas.

“Podrán hacerlo aquellos facultativos dependientes de la Gerencia de Atención Primaria (médicos de mamilia, pediatras, residentes, odontólogos, psicólogos y farmacéuticos. Estos profesionales que prestan servicios en Atención Primaria podrían reclamar esta indemnización de 8.000 euros”, afirman desde la Asesoría Jurídica de AMYTS. No obstante, ante esta sentencia todavía cabe recurso. “Algo que seguramente hará Sanidad”. En teoría, la agenda diaria de un pediatra debe atender a un máximo de 20 pacientes y cuatro posibles urgencias, pero no se cumplen estos cupos por la falta de profesionales y porque no hay ningún límite a la demanda de urgencias.

La situación es especialmente preocupante en algunos centros de salud, conocidos como “centros caídos”, que tienen más de un 20% de déficit de médicos de familia y pediatras. Repartidos por toda la Comunidad de Madrid, esta falta de personal afecta a cerca de 400.000 madrileños que no tienen un médico ni un pediatra asignado. La Comunidad de Madrid reconoce las dificultades de cobertura que presentan y en mayo de 2024 acordó una retribución extraordinaria de 500 euros mensuales a los profesionales que decidan prestar sus servicios en estos centros concretos.