La Comunidad de Madrid sanciona con casi 48.000 euros a la concesionaria de una residencia tras hallar alimentos caducados

La residencia pública Mirasierra, del distrito madrileño Fuencarral-El Pardo, ha recibido una multa de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid fijada en 47.743,57 euros. El motivo de esta sanción ha sido la detección de alimentos caducados o sin una buena conservación en diciembre de 2023.

La noticia ha sido adelantada por Cadena Ser, que también cuenta cómo la presencia de estos productos en mal estado fue realizada en una de las visitas de seguimiento del contrato de concesión a la empresa responsable, cuyos servicios fueron renovados medio año antes frente a otras tres empresas presentadas. Allí encontraron en una nevera varios paquetes de salchichas fuera de plazo desde hacía un mes y dos barras de salchichón con la fecha de caducidad pasada por un tiempo de hasta medio año.

En ese mismo frigorífico localizaron también otros alimentos, como queso, jamón, beicon o fiambre sin estar cubiertos totalmente con el envoltorio. Todos estos productos fueron retirados, aunque no ponen en riesgo la renovación de la concesión, que según han informado fuentes a Europa Press, se realizó cumpliendo “con la Ley de Contratos”. De este modo, la empresa que hasta ahora ha estado al cargo de gestionar la residencia Mirasierra, OHL Servicios-Ingesan S.A., seguirá siendo responsable de la misma durante dos años más pese a lo acontecido.

No es la primera vez que OHL Servicios-Ingesan recibe una multa. Esta sería la tercera vez que tiene que pagar una sanción, incluyendo una de 39.000 euros por no cumplir adecuadamente en la atención sanitaria de las personas mayores tras investigar si no cedieron mascarillas a los residentes durante una desinfección militar realizada en el edificio durante la pandemia. Esta compañía tiene un gran número de contratos relacionados con la atención social en varias partes del mundo, así como en diferentes sectores.

Sin embargo, pese a los contratos de atención social integral, ayuda a domicilio, por no hablar de los numerosos reconocimientos que tiene por parte de las instituciones como “Empresa responsable por su compromiso con la inserción laboral de colectivos desfavorecidos”, también cuenta con antecedentes en el sentido contrario. Sin ir más lejos, hace poco más de seis meses una empleada del Servicio de Atención al Domicilio en el Ayuntamiento de Siero, Asturias, fue obligada a firmar una carta de despido a los pocos minutos de informar a su superior de que estaba embarazada. La trabajadora también denunció, en el periódico regional NORTES, un incumplimiento del convenio respecto a las horas trabajadas, con jornadas mayoritariamente de 10 u 11 horas.

Tal y como informaba la emisora de radio que adelantó la noticia, la diputada socialista Lorena Morales ha dirigido la responsabilidad a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo que las residencias públicas gestionadas por empresas vuelvan a ser gestionadas directamente por la administración: “La Comunidad de Madrid no tiene ningún pudor en poner en el mercado la vida de las personas mayores. Tienen que devolver estas residencias a la gestión pública directa”.

La política también expresó su deseo de “que dejen de subastarlas y de ponerlas en el mercado porque así se evitaría que empresas que no atienden dignamente a los mayores reincidan en esa falta de cuidados. Empresas que lo mismo te construyen un túnel que mal atienden a las personas mayores velando solamente por su interés económico”. En la misma línea, ha declarado en su red social X que este tipo escenario con el que se encuentran los mayores en las residencias son “marca Ayuso”. “Para ella se van a morir igual”, ha escrito en un post.