El Gobierno propone que los parados puedan cobrar la prestación contributiva a la vez que tienen un empleo completo

El ejecutivo aspira a aprobar una reforma más amplia en las prestaciones por desempleo de la que estableció en diciembre en el Real Decreto-ley 7/2023, que posteriormente terminó decayendo por no ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Según ha adelantado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno está dispuesto a incluir medidas novedosas tras las negociaciones con los agentes sociales y una de ellas es la posibilidad de que quienes cobren una prestación contributiva por desempleo puedan compatibilizarla temporalmente con un empleo a tiempo completo. Hasta ahora solo se podía hacer con un empleo a tiempo parcial.

Se trata de ampliar el esquema diseñado para los subsidios de desempleo, los que se cobran cuando finaliza la prestación contributiva. Según figuraba en la normativa derogada, la compatibilidad de los subsidios con un empleo a tiempo completo se extendía a 180 días, un periodo que el Ministerio de Trabajo considera adecuado también para el nivel contributivo. En dicho texto también se aprobó un aumento de la cuantía inicial a cobrar en los subsidios, pasando de los 480 euros actuales a 570 durante los seis primeros meses, mejora que previsiblemente se mantendrá en la nueva norma.

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“Damos un paso más”, ha asegurado Díaz en una entrevista en TVE, a lo que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha añadido que se pretende “que no haya escalón entre el subsidio y la prestación contributiva, que no se ciña solo a la parte asistencial”. También ha defendido que es “el modelo que más nos gusta”, refiriéndose a los 180 días, pero “hay que cerrar detalles” en la mesa de negociación con sindicatos y patronales que se celebrará esta misma tarde. Uno de ellos es calcular en qué periodo el SEPE puede efectuar los cambios en las prestaciones, algo que previsiblemente llevará meses.

Además de este cambio, el Gobierno quiere incluir mejoras en el cobro del subsidio por desempleo para quienes hayan accedido a la prestación después de tener empleos a tiempo parcial y para mujeres que hayan sufrido violencia de género, creando una prestación específica para este último caso. Respecto a los trabajadores parciales, estos ven recortada la prestación y la intención es que puedan recibirlas íntegramente, al igual que quienes trabajan a tiempo completo.

Más allá de estas novedades, el Gobierno no ha adelantado qué pasará con la reducción de la cotización que introdujo el real decreto-ley derogado para las personas que cobran el subsidio de mayores de 52 años y que provocó el voto en contra de Podemos. Se establecía un descenso progresivo del porcentaje a aplicar sobre la base mínima de cotización de las personas que perciben este subsidio, pasando del 125% del año 2023 a un 100% en el año 2028. De terminar aplicándose, esto supone una reducción de la cuantía de la pensión, ya que estas personas se encuentran en sus últimos años de vida laboral que computan para la misma, y un ahorro del gasto público de 93,6 millones de euros al año, según la memoria económica de la norma.

Retraso en la llegada de fondos europeos

La “simplificación y mejora” del nivel asistencial de desempleo es la reforma 10 del componente 23 del Plan de Recuperación, por lo que su cumplimiento está ligado a la recepción de fondos europeos. Según el calendario acordado entre el Gobierno y la Comisión, este hito se tenía que haber cumplido durante 2022 y forma parte de la solicitud del cuarto pago que el Ejecutivo envió a Bruselas en diciembre. La derogación en enero del decreto que lo contenía supuso un problema para la recepción de la cuantía completa del cuarto pago (10.000 millones de euros) y el ministerio de Economía logró aplazar la evaluación de la Comisión hasta el 20 de mayo.

Casi concluido el plazo de prórroga, el Ejecutivo lanza estas propuestas, pero se desconoce si tiene los apoyos políticos necesarios. Tanto Vox, el PP y UPN como Podemos votaron en contra de la norma en enero, lo que provocó la derogación. Desde Podemos trasladan que no harán ninguna valoración hasta que no conozcan el contenido definitivo del nuevo texto, aunque en las últimas semanas se han producido negociaciones a través de una reunión con CCOO. Las medidas nuevas que plantea ahora el Gobierno responden a peticiones de los sindicatos, por lo que el secretario de Estado de Trabajo entiende que “no parece sostenible que la ligazón entre la ultraderecha y Podemos pueda mantenerse en el tiempo”.

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Es muy probable que la reforma no se apruebe antes del 20 de mayo, por lo que el Gobierno está negociando con el Ejecutivo comunitario “la solución más satisfactoria para todos”. Es muy probable que esta pase por hacer entrega a España de una cuantía reducida del cuarto pago y que cuando se apruebe la reforma se reciba lo restante: “antes o después recibiremos los fondos del cuarto desembolso”, ha comentado Pérez Rey en la rueda de prensa de los datos de paro del mes de abril.