La Comunidad de Madrid lleva un año con el contrato caducado de las ambulancias que transportan a los pacientes a diálisis, quimioterapia o rehabilitación

La Comunidad de Madrid tiene privatizados dos importantes servicios de ambulancias: el de transporte urgente (el traslado de un paciente ante una situación imprevista) y el programado (para aquellos enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, por ejemplo, para recibir diálisis, quimioterapia o rehabilitación). Este segundo fue adjudicado en enero de 2018 por 108,5 millones de euros a cuatro empresas, que se repartieron geográficamente la región en cuatro lotes.

El contrato tenía una duración de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga máxima de otro año. Es decir, que caducó en febrero de 2023. Desde entonces este servicio está funcionando en una especie de limbo jurídico. PSOE y Más Madrid llevaron este jueves el asunto a la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid para que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso explicase cuándo se va a adjudicar un nuevo contrato. No obtuvieron ninguna respuesta por parte de Almudena Quintana, directora general asistencial de la Consejería de Sanidad. “El procedimiento se está cursando. Estamos en ello”, se limita a decir un portavoz de Sanidad.

Te puede interesar: La argentina que lidera la oposición a Ayuso: “Nunca hemos dado por entregado Madrid a la derecha, hay esperanza”

Desde el PSOE aseguran que gracias a este contrato de transporte programado se llevan a cabo el 75% de los viajes que realizan las ambulancias en la comunidad de Madrid (el otro 25% pertenece al transporte de urgencias). “La opacidad del Gobierno regional a este respecto es absoluta. Las empresas están realizando un servicio sin luz ni taquígrafos. Esto supone que no sabemos cuántas ambulancias están activas, con qué medios cuentan, cuál es el personal asociado ni las condiciones laborales de estos, ni por supuesto qué cuantía de dinero público se está pagando a las empresas por la realización de este servicio tan sensible; y ello a pesar de todas las iniciativas que hemos planteado. La Consejería sigue sin dar respuesta ni a la ciudadanía ni a los profesionales del sector, que ven como están siendo abandonados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, señala la diputada socialista Sara Bonmatí.

En 2018, las empresas ganadoras fueron Santa Sofía (que por 52 millones de euros se llevó dos lotes), Sasu-María Pita (30,4 millones), y Vitalia (22,5 millones). Madrid adjudicaba así un servicio por el que pagaría una media de 22,47 euros por cada trayecto, un 7% menos que lo que ofrecía inicialmente. En el lote 1 se prevían 269.000 traslados de pacientes al año; en el lote 2, unos 320.000 traslados; 370.000 traslados en el lote 3, y 377.000 traslados en el lote 4. Según Sanidad, el servicio funciona actualmente con total normalidad, a pesar de no tener contrato. “En 2023 se realizó alrededor de un millón de servicios y las reclamaciones no llegaron al 0,5%”, explicó Quintana este lunes en la Asamblea.

Los últimos datos públicos, recogidos en el portal de contratación, revelan que solo en el mes de febrero de 2023 Sanidad pagó 678.000 euros por la última prórroga de este servicio, por lo que este año que ha pasado sin contrato lo abonado puede superar los 8 millones de euros. “¿Cómo se está pagando?”, insisten desde el PSOE. “La situación del transporte sanitario en Madrid es el ejemplo paradigmático de la gestión de este gobierno: pliegos en los que se admiten bajadas temerarias, subastando servicios públicos al mejor postor sin tener en cuenta la calidad del servicio, retrasos burocráticos absolutamente injustificados que sirven para ocultar recortes, y un servicio público que si consigue salir adelante es por el sobreesfuerzo de los profesionales”, señala Marta Carmona, diputada de Más Madrid.

“Sin embargo, este sobreesfuerzo continuo no evita que la calidad asistencial se precarice cada vez más y sean los pacientes los que pagan el pato de la mala gestión, con esperas inasumibles o simplemente aprendiendo que no tienen derecho a un servicio básico como son las ambulancias”, insiste Carmona, que asegura que Sanidad le ha quitado 18 ambulancias al servicio urgente para que lo preste en el programado. El problema es que falta información. ¿Cómo se están pagando las facturas de un servicio que se presta sin contrato?, ¿se está prestando el servicio en las mismas condiciones que cuando había contrato?, ¿está afectando esta situación a los recursos humanos y materiales asociados a este servicio? Muchas preguntas sin respuesta.

Te puede interesar: Ayuso premia el “talento” con una subida salarial a determinados funcionarios: pagará unos 8.000 euros más solo a los niveles 26-30

En este servicio hay dos tipos de vehículos: la ambulancia A1 para el traslado individualizado de pacientes en camillas y la A2 para el transporte colectivo, acondicionadas para llevar a varios pacientes a la vez. En relación con el tipo de trayectos, los adjudicatarios están obligados a llevar a los pacientes desde su casa al centro sanitario, también entre centros, y deben asumir además los traslados que se necesiten programar desde otras comunidades autónomas. En 2018, todos los vehículos tenían que ser de nueva adquisición, tener sistemas de seguridad para el traslado de lactantes y pacientes en edad pediátrica, y contar con sistemas de suministro de oxígeno. Además, las A2 tienen que estar adaptadas para el traslado de sillas de ruedas. Una ambulancia, como mínimo, debe estar adaptada a pacientes con obesidad mórbida.

El pliego del contrato que ya no está en vigor solo obliga a que la ambulancia A1 (transporte individual con camilla) tenga un ayudante, además del conductor, “cuando la orden de transporte así lo indique”. En cuanto a los tiempos, “cuando la distancia sea igual o inferior a 25 kilómetros, el tiempo de traslado será inferior a 30 minutos en ambulancia A1 y a 50 minutos en A2″. En todo caso, el tiempo de traslado no puede superar los 50 minutos en vehículos A1 y los 80 minutos en A2 (los colectivos).