La salud mental vuelve a poner a prueba el delicado consenso político en el Congreso

La salud mental volverá a ser motivo de debate en el Congreso, poniendo a prueba de nuevo el delicado consenso político para lograr un Pacto de Estado que garantice el derecho a una salud mental “universal, pública y de calidad”. El hemiciclo debatirá y votará este martes una proposición no de ley (PNL) registrada por el PSOE para “instar al Gobierno a promover, con el mayor grado de consenso posible con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil” un acuerdo en este sentido.

En esta misma cámara, el 23 de febrero de este año, todos los partidos aprobaron una proposición no de ley de Más País relativa a la prevención del suicidio. La iniciativa sin rango de ley, que cosechó el respaldo de 340 diputados, instaba al Gobierno a “llevar a cabo las reformas legales necesarias para poner en marcha un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio” de hasta dos semanas para la persona “acompañante/cuidadora” designada por el paciente en situación de alto riesgo, y que podrá ser financiado “con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su salario”.

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A mediados de abril, en entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, y el líder del partido promotor, Íñigo Errejón, abordaron en una reunión su implantación, pero el adelanto electoral dio al traste con los planes. Aún así, el consenso generado abrió una ventana de oportunidad para abordar este problema con soluciones de calado.

En medio de un clima crispado por los pactos de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios, el PSOE busca retomar ese compromiso para tratarlo mediante un Pacto de Estado, una fórmula ya empleada para luchar contra la violencia de género. Cabe destacar que el presidente del Gobierno deslizó esta medida en su discurso de investidura y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, defendió recientemente la necesidad de alcanzar un pacto en esta dirección.

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“Entre otras medidas y acciones, este pacto pondrá especial atención a la salud mental de la infancia, la adolescencia y de las personas jóvenes, mediante un mayor refuerzo de especialistas en salud mental para reducir el tiempo máximo de espera en consulta de Salud Mental, con especial atención a las personas menores de 21 años y el desarrollo de un plan con medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil”, reza la proposición.

Entre los datos más relevantes que aporta la proposición destaca el hecho de que el consumo de fármacos hipnóticos y sedantes no haya parado de crecer desde el año 2010, o que el consumo de ansiolíticos haya aumentado en más de cinco puntos respecto del año 2010, pasando de 54,7 dosis diarias por mil habitantes, a 59,2 dosis diarias por mil habitantes en 2021, según la Agencia Española de Medicamento.

Asimismo, los fallecimientos por suicidio van en aumento desde el año 2018. Se han incrementado un 2,3% en 2022 según datos del INE, y “resulta especialmente preocupante el hecho de que sea la principal causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Además, hay que señalar que el 1,9 % de la población de 15 a 64 años ha pensado en suicidarse”, recoge en virtud de la Encuesta EDADES 2022.

La PNL recuerda que en 2006, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobó la primera Estrategia Nacional de Salud Mental, situando la salud mental como objetivo sanitario estratégico, y estableciendo las líneas comunes para la coordinación de los planes y programas de salud mental de las Comunidades Autónomas. Este documento fue actualizado primero en 2009, y recientemente en 2021, para el periodo 2022-2026.

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Con la irrupción de la covid-19, a este documento se añadió un análisis sobre las consecuencias de la pandemia, poniendo el foco en los colectivos más vulnerables. Y es que esta crisis social y sanitaria “ha tenido un impacto en la salud mental de la población, y ha servido para hacer más evidente la necesidad de actuar de manera urgente en relación con este asunto”.

Entre los datos de los que se hace eco el PSOE en su proposición no de ley, la encuesta europea de la salud de 2020 señala que se ha producido un “aumento de falta de interés o alegría” en la población de más de 15 años, así como de la sensación de decaimiento. Además, refleja un aumento de los problemas de ansiedad, depresión, y de la sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático.

El 4,77% de la población de 15 o más años ha acudido al psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en los últimos 12 meses, 5,49% de las mujeres y 4% de los hombres. En virtud del Informe Anual del SNS 2022, elaborado por el Ministerio de Sanidad, el 37% de las personas en España tienen algún problema de salud mental. “Los problemas más frecuentes son la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión. En la infancia, la adolescencia y la juventud (menores de 25 años) los problemas más frecuentes son la ansiedad, seguido de los trastornos específicos del aprendizaje y los problemas hipercinéticos, que van en aumento desde el año 2019″.

Este problema también entiende de clases, pues aumenta conforme disminuye el nivel de renta de las personas, pero también de género. El Informe Precariedad laboral y Salud Laboral 2023 recoge el riesgo de depresión según el nivel de estabilidad laboral, que, para 511.000 casos de depresión entre la población activa, fue del 33,2% con datos de 2020. “Este riesgo se aprecia especialmente en el caso de las mujeres en situación laboral más precaria y en caso de desempleo”.

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En este sentido, una cuestión que también evidenció la pandemia fue que la salud mental de las mujeres puede verse “especialmente afectada”, debido al agotamiento que sufren las mujeres en sus múltiples roles y la sobrecarga vinculada al mandato social de los cuidados, en muchos casos, agravados en contextos de precariedad laboral”.

Más allá del Plan de Acción Salud Mental 2022-2024, la proposición no de ley habla de seguir trabajando por mejorar la atención a la salud mental, ya situado como “objetivo sanitario estratégico” en nuestro país, además de ser un compromiso de los partidos que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar. Asimismo, pone el acento en la necesidad de avanzar en “la prevención y detección precoz” de los problemas de salud mental y de las conductas suicidas y autolíticas, y es especialmente “urgente” en la infancia, la adolescencia y en personas jóvenes.

“Esos desafíos trascienden el ámbito exclusivamente sanitario, por lo que es esencial establecer un Pacto de Estado por la Salud Mental. Nos encontramos en un contexto social y político oportuno tanto en nuestro país, como en Europa, donde ya existe un compromiso claro por atender y dar respuesta a las necesidades en salud mental de la población”, reza la proposición de ley, que aunque saldrá previsiblemente adelante en el Congreso, volverá a poner a prueba un consenso político inexiste para otras cuestiones de Estado, como la vivienda, la violencia machista o la crisis climática.