La divulgación de los activos y pasivos de todos los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa de El Salvador quedó completada tras la publicación de la declaración patrimonial de Reinaldo Alcides Carballo Carballo, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Con este registro, el sitio web del Ministerio de Hacienda proporciona información patrimonial de los 60 legisladores elegidos para el periodo 2024-2027, un hecho que marca el cierre de una etapa de transparencia institucional impulsada por exigencias internacionales y normativas anticorrupción.
El Ministerio de Hacienda habilitó el portal de activos y pasivos a finales de mayo, desde entonces se podían consultar las declaraciones de 58 de los 60 diputados propietarios. La incorporación de los datos de Carballo permite completar el listado de este órgano del Estado.
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De acuerdo con los datos oficiales, el diputado Carballo, quien también ocupa el cargo de secretario general del PDC, declaró activos por $5,612,675.96 y pasivos por $1,470,414.36, lo que sitúa su patrimonio neto en $4,142,261.60, el más elevado entre los actuales miembros de la Asamblea Legislativa.
El funcionario lidera así la tabla patrimonial, por encima de figuras como Claudia Carolina Toledo de Morán, con un patrimonio de $1,887,000.00, y Reynaldo Antonio López Cardoza, con $1,606,880.07. Estos datos pueden consultarse abiertamente en el sitio del Ministerio de Hacienda, digitando el nombre completo del legislador y la institución correspondiente.
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Otros diputados como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, mantiene activos por $321,580 y pasivos por $89,205; es decir, tiene un patrimonio de $232,375. Mientras que la vicepresidenta legislativa, Suecy Beverley Callejas Estrada, tiene activos por $223,278 y pasivos por $172,813, reportando así un patrimonio de $50,465.
El listado completo, disponible en el portal gubernamental, muestra que la suma de activos de los 60 diputados asciende a $23,843,387, mientras que los pasivos llegan a $8,294,853. El patrimonio neto conjunto de la legislatura se ubica en $15,548,533.74.
El proceso de publicación de estos datos responde a compromisos internacionales y a la reciente legislación nacional. El Gobierno de El Salvador asumió, ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), la obligación de robustecer la transparencia fiscal y el control del enriquecimiento ilícito. El acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI, por $1,400 millones, incluyó entre sus condiciones la implementación de mecanismos como la divulgación patrimonial y la rendición de cuentas de los funcionarios.
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En ese contexto, la Ley Especial de Combate a la Corrupción y Extinción de Dominio, aprobada por mayoría oficialista, estableció la obligación para todos los funcionarios de presentar declaraciones de activos y pasivos.
La normativa indica que el incumplimiento de este deber conlleva la destitución inmediata del cargo, además de posibles sanciones administrativas y penales para quienes falseen u oculten información. De acuerdo con el texto legal, la Superintendencia de Integridad y Ética Gubernamental es la entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento y de trasladar eventuales irregularidades al Ministerio Público.
El avance en la transparencia patrimonial tiene antecedentes complejos. En 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales presentadas por los funcionarios serían consideradas confidenciales. A partir de esa decisión, la información sobre variaciones en el patrimonio de los funcionarios públicos quedó reservada.
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Actualmente, la consulta de la información patrimonial de los diputados es directa: los interesados deben ingresar el nombre completo del legislador y la institución “Asamblea Legislativa” en el sistema digital oficial. Esta apertura permite conocer los bienes reportados de cada diputado propietario, aunque las adendas y justificaciones de incrementos patrimoniales permanecen fuera del alcance público.
La publicación de estos datos representa un paso relevante en materia de transparencia y control del patrimonio público en El Salvador. Con esta información patrimonial se consolida el cumplimiento de los compromisos asumidos ante el FMI por las autoridades salvadoreñas.
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