La educación argentina en 2024: las 10 noticias que marcaron el año

Al principio hubo incertidumbre: hace un año, cuando se debatía la primera versión de la Ley Bases, no estaban claros el origen, el diagnóstico ni la estrategia detrás de las reformas propuestas para el sistema educativo, que incluían desde un examen de finalización de la secundaria hasta la habilitación de educación a distancia a partir de cuarto grado. Luego, mientras el Ministerio de Economía establecía los parámetros del ajuste destinado a escuelas y universidades, empezó a emerger el protagonismo del Consejo Federal de Educación, donde la Secretaría y los ministerios provinciales pudieron construir acuerdos, especialmente en torno a la alfabetización. ¿Qué pasó con el sistema educativo en 2024? A continuación, 10 temas que marcaron la agenda.

Este año estuvo marcado por una reconfiguración del rol del Estado nacional en el sistema educativo. La inversión nacional en educación cayó un 40,2% en 2024 en comparación con 2023 si se analizan los fondos vigentes para la función “Educación y Cultura” dentro del presupuesto nacional, según un estudio publicado en octubre.

El recorte del gasto público –sintetizado en la motosierra– había sido la promesa central de campaña del presidente Javier Milei. La educación fue uno de los principales destinatarios de ese recorte: la magnitud del ajuste aplicado sobre el sistema educativo fue casi del doble del ajuste general del gasto público nacional (21%). Desde el Gobierno argumentan que se está priorizando una “inversión inteligente”.

El ajuste de la inversión educativa nacional aplicado este año no tiene antecedentes comparables en los 40 años de democracia. Solo hubo una reducción interanual similar en 1992 (con una caída del 41%), como consecuencia de la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios de la Nación a las provincias, en el marco de una reforma estructural del Estado.

En términos porcentuales, en 2024 la “motosierra” nacional afectó más a la educación básica (las escuelas) que a la educación superior (las universidades). Entre 2023 y 2024 (con datos al 22 de septiembre), el recorte de fondos para las universidades fue del 30%. En ese mismo lapso, las caídas fueron del 64% para infraestructura y equipamiento, 57% para acciones de formación docente, 55% para fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y 54% para becas a estudiantes, según un informe de Argentinos por la Educación. Además, en enero se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que suponía un aporte de la Nación a los salarios docentes, con el argumento de que la educación “es responsabilidad de las provincias”.

El conflicto universitario dio lugar a dos marchas federales que expresaron un respaldo masivo a la educación pública. La protesta unió al Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidad Nacionales y la Federación Universitaria Argentina en un reclamo que tenía cuatro puntos centrales: los gastos de funcionamiento, los salarios de docentes y no docentes, la inversión en infraestructura y becas, y los fondos para ciencia, tecnología y extensión.

De esos cuatro puntos, solo el primero se resolvió tras la primera Marcha Federal Universitaria, el 23 de abril, cuando el Gobierno nacional aprobó una actualización del 270% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Los salarios de docentes y no docentes, en cambio, tuvieron una caída promedio del 30%.

En septiembre, el Congreso aprobó una ley que recomponía el financiamiento universitario, pero el presidente la vetó y esa decisión catalizó una segunda Marcha Federal el 2 de octubre. Luego se inició una serie de tomas de edificios que no tuvieron el mismo apoyo y fueron levantadas. Desde las universidades habían expresado confianza en que el Presupuesto 2025 permitiera destrabar el conflicto el año que viene, pero esa ley no se aprobó.

Los reclamos de las 61 universidades nacionales fueron desacreditados por el Gobierno, que a lo largo del año respondió con diferentes argumentos y acusó al sistema universitario de realizar adoctrinamiento, de ser inequitativo (por las desigualdades en el acceso) y de ineficiente (por las bajas tasas de graduación). La consigna más exitosa apuntó a la falta de transparencia y la necesidad de más auditorías. En diciembre, la Justicia rechazó una medida cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contra la UBA e insistió con que el control interno le corresponde a la Auditoría General de la Nación.

El plan de alfabetización, acordado con el Consejo Federal de Educación (CFE), fue la principal política educativa nacional –y la única que figura en la Bitácora de gestión que el Gobierno presentó esta semana, junto con los subsidios temporarios (“vouchers”) que la Nación destinó a las cuotas de escuelas privadas subvencionadas–.

A fines de mayo, los ministerios de Educación de todas las jurisdicciones y la Secretaría de Educación encabezada por Carlos Torrendell aprobaron el Compromiso Federal por la Alfabetización, que incluye el plan nacional y 24 planes provinciales. En ese documento, los ministros de Educación de todo el país coincidieron en un diagnóstico: “La alfabetización es el problema más acuciante de la educación en Argentina”. La Nación se comprometió a aportar financiamiento y consiguió un préstamo de 1.000 millones de dólares (en cuatro años) del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado es el primer objetivo del Compromiso Federal por la Alfabetización, que también prevé desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan mejorar la calidad y equidad de la educación.

En ese marco, la Secretaría de Educación organizó este año la prueba Aprender de tercer grado, para contar con un diagnóstico inicial de los aprendizajes de Lengua al final del primer ciclo de primaria. Además, 18 provincias implementaron sus propias evaluaciones, con una particular expansión de las pruebas de fluidez lectora. Según reconoció el secretario Torrendell, la necesidad de priorizar la alfabetización surgió como un reclamo de la sociedad civil, expresado en la Campaña Nacional por la Alfabetización que impulsó Argentinos por la Educación junto con otras organizaciones desde 2023.

La transformación de la escuela secundaria también fue eje de debate este año a partir de las reformas anunciadas en la provincia de Buenos Aires y en CABA. Si bien la eliminación de la repitencia del año completo se llevó buena parte de los focos, ambas jurisdicciones impulsan cambios más amplios. También Córdoba anunció una reforma educativa que comenzará en 2025 (y que incluye al nivel inicial y primario).

La provincia de Buenos Aires anunció un nuevo régimen académico y, durante 2025, la elaboración de nuevos diseños curriculares para sus 4.400 escuelas secundarias. Un punto destacado es que los estudiantes ya no repetirán un año completo, sino que solo recursarán las materias desaprobadas. La reforma impulsada por la gestión de Alberto Sileoni establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con notas numéricas cuatrimestrales: un formato más parecido al del nivel universitario. La iniciativa, denominada “Es más secundaria”, incluyó en octubre una llamada a concurso para que 3.762 directores y vicedirectores titularicen sus cargos en escuelas estatales.

En CABA, la política “Secundaria Aprende” implica que los estudiantes de 33 escuelas “pioneras” volverán en marzo de 2025 a una secundaria renovada. Si bien la reforma definió un marco general, muchas decisiones de implementación las tomaron los propios colegios. El marco –construido de manera “participativa”, según subrayan desde el ministerio liderado por Mercedes Miguel– define cuatro principios fundamentales: integración de los aprendizajes, desarrollo de capacidades, avance continuo y autonomía estudiantil. Algunos de esos ejes implican cambios en el régimen académico y en el reglamento escolar. En cambio, no se modificará el Estatuto del Docente ni el diseño curricular.

El Colegio María de Guadalupe, ubicado en el barrio Las Tunas, en la periferia de Tigre, se convirtió en octubre en la primera institución educativa de Argentina que ganó el World’s Best School Prize, el premio a la mejor escuela del mundo. La iniciativa, organizada por T4 Education, entrega cada año reconocimientos a instituciones educativas en cinco categorías diferentes: el María de Guadalupe ganó por su “colaboración con la comunidad”.

El 50% de los alumnos vive en condiciones de hacinamiento; el 70% de sus padres y madres no terminó la secundaria. Pese a esas circunstancias, los estudiantes obtuvieron resultados por encima del promedio en las pruebas Aprender y tienen altos índices de egreso.

Desde la escuela se presentaron al premio con los programas de Orientación Vocacional, Mentoría e Inclusión Laboral. Este último busca desarrollar habilidades para mejorar la “empleabilidad” de los estudiantes del último año, los egresados y los alumnos de otros colegios vecinos, “para que puedan insertarse en el mundo del trabajo y diseñar un proyecto de vida superador”.

La Argentina viene registrando una caída en los nacimientos. Entre 2014 y 2022 la natalidad bajó un 36%: pasó de 777.012 nacimientos a 495.2952. Esta tendencia demográfica empezó a impactar en la matrícula escolar, primero en el nivel inicial y luego en primaria. Algunos expertos señalan que este proceso permitirá invertir más recursos por estudiante para mejorar la calidad educativa.

La caída de la natalidad implica que en 2026 el sistema educativo podría ofrecer vacantes para todos los niños de 3, 4 y 5 años sin necesidad de aumentar la inversión, sino manteniendo la misma cantidad de vacantes de 2023, según estimó un informe de Unicef publicado con motivo de los 10 años de la Ley Nº 27.045, que estableció la obligatoriedad de la sala de 4.

La sanción de esa ley en 2014 fue seguida de un aumento de la matrícula: el 91% de los chicos de 4 años asisten al jardín de infantes; hace diez años, asistía el 83%. La normativa, que obligó al Estado a ampliar la oferta, permitió avanzar con la inclusión del “núcleo duro” de estudiantes que seguían fuera del sistema. En la sala de 3, en tanto, la cobertura pasó de 38% en 2014 a 53% en 2023: la mitad de los chicos aún no asiste.

El Consejo Federal de Educación, coordinado por el exministro de Mendoza José Thomas, aprobó en septiembre una resolución que define nuevos “lineamientos curriculares” para los institutos de formación docente de la Argentina. En 2025 las provincias deben actualizar sus diseños curriculares; los cambios impactarán en quienes comiencen a cursar los profesorados en 2026.

La reforma amplía el tiempo de práctica en las escuelas, habilita la posibilidad de abrir profesorados “multidisciplinares” (para que un mismo profesor pueda dar más de una materia), permite que se dicte hasta un 50% de las horas de clase en modalidad virtual (sin incluir las prácticas), e incorpora la formación en educación inclusiva para todos los profesorados.

Además, en noviembre el CFE aprobó una iniciativa –el SiFIECA– que apunta a evaluar y acreditar los 1342 institutos estatales y privados de formación docente. La medida, impulsada por el Instituto Nacional de Formación Docente y rechazada por los gremios, establece que los institutos deberán pasar por un proceso de acreditación cada 6 años y que para 2030 todos los profesorados deberán haber atravesado al menos un ciclo de evaluación.

Hace un año, el Gobierno nacional presentó la primera versión de la Ley Bases. Si bien aquella ley no se aprobó, desde el Poder Ejecutivo anunciaron que planean enviar al Congreso un proyecto que reúna las medidas educativas previstas allí, que incluían un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, la posibilidad de arancelar las universidades públicas para estudiantes extranjeros no residentes y la difusión de los resultados de evaluaciones por escuela.

El proyecto se trabajó en conjunto entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Educación. La idea era enviarlo al Congreso después de la “ley hojarasca”, que finalmente tampoco fue discutida.

Otra medida impulsada por el Gobierno en sus primeros meses fue la declaración de la educación como servicio esencial, para garantizar una “guardia mínima” de personal en las escuelas durante las medidas de fuerza. La medida quedó sin vigencia cuando la Justicia suspendió el capítulo laboral del DNU 70/2023, pero luego otro proyecto impulsado por el diputado y exministro Alejandro Finocchiaro obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El Senado no retomó su tratamiento este año.

Entre las propuestas de campaña de La Libertad Avanza se planteaba eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI). Si bien no avanzaron en esa dirección, en noviembre se reinstaló el cuestionamiento a la ESI por la “sexualización” de la infancia a partir de una serie de textos literarios que integran una colección que el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió a las escuelas secundarias y de adultos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la polémica y repitió los argumentos planteados durante la campaña, al acusar a esos textos de “degradación e inmoralidad” y de “sexualizar” a los niños. La polémica tuvo particular foco en algunas escenas de Cometierra, una novela de Dolores Reyes. Los ataques a la novela la terminaron posicionando entre los libros más vendidos. Como señala esta nota, el escándalo por las escenas sexuales de estos textos literarios fue mucho mayor que el generado por un problema que antecede a la lectura de cualquier novela: la mitad de los estudiantes en Argentina no tienen las habilidades de comprensión lectora esperables para su edad.

En 2024 la educación argentina perdió a una de sus principales referentes, reconocida por sus aportes a la pedagogía, la divulgación científica y el desarrollo de la curiosidad de los chicos en la escuela o en casa, y admirada por su calidez, inteligencia y generosidad. Melina Furman falleció a los 49 años, pero dejó una huella que la trasciende en sus libros, sus clases, sus charlas TED y en todos los que aprendimos de ella.

En junio había publicado el libro Curiosidad extrema, protagonizado por ella misma y por sus dos hijos, Ian y Galo, donde plantea experimentos para entrenar los “superpoderes” del cerebro. En su última entrevista con Infobae, Melina mencionó algunos “superpoderes” que consideraba cruciales en la era de la inteligencia artificial. Al filo de un año nuevo, esta nota de balance cierra con sus palabras, que son también una invitación a seguir aprendiendo de ella y a ser mejores en 2025.

“En este cambio de paradigma, yo creo que la curiosidad como mecanismo de aprendizaje durante toda la vida, la flexibilidad y el deseo de aprender van a ser cada vez más importantes. Mencionaría también la creatividad: por más que la IA pueda ser creativa, seguiremos necesitando personas con proyectos y con una visión del para qué, del propósito. Otro gran “superpoder” es el de cuidado, la empatía, poder relacionarnos con otros. La necesidad de que un otro te cuide, te acompañe, te enseñe… eso es muy difícil de reemplazar”.