“Caro, inequitativo e ineficiente”. Así describieron al sistema universitario público las autoridades nacionales, en un documento elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano. En una rueda de prensa previa a la Marcha Federal Universitaria del próximo miércoles 2 de octubre, funcionarios de la Secretaría de Educación insistieron con la falta de transparencia del presupuesto universitario y aseguraron que la de mañana será una “marcha opositora”.
El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, defendió la necesidad de un financiamiento educativo “inteligente”, que cumpla con tres criterios: “Un criterio de justicia, para que los recursos vayan a los que menos tienen; un criterio de libertad, para que todos los individuos tengan libertad para desarrollar su proyecto de vida; y un criterio de eficiencia, para que los recursos tengan resultados”.
“No podemos seguir malgastando los recursos en educación”, afirmó Torrendell. “Un proceso de racionalización del gasto podría permitir subir los salarios si avanzamos hacia un financiamiento inteligente”, consideró.
Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que el aumento acumulado para los salarios universitarios es del 80%, y aseguraron que la última propuesta (del 6,8% en octubre) lograba equiparar los aumentos del sector con los del resto de los empleados estatales. Sin embargo, los gremios universitarios rechazaron la oferta porque denuncian una pérdida salarial muy superior, que ronda el 40%. La semana que viene se retomarán las negociaciones en la paritaria universitaria: desde la Secretaría de Educación destacaron que el diálogo entre ambas partes “sigue abierto”.
“Tenemos que lograr mayores aumentos a partir de un desarrollo económico consistente. Los salarios se están recomponiendo y vamos a seguir recomponiéndolos”, afirmó Torrendell. Desde el Ministerio de Capital Humano resaltaron el aumento de 270% para gastos de funcionamiento asignado en mayo, tras la primera Marcha Federal Universitaria. Y enfatizaron que también entregaron a las universidades todo lo solicitado para las partidas de salud (destinadas al funcionamiento de los hospitales universitarios, como el Clínicas).
Tanto Torrendell como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconocieron que el Presupuesto 2025 –que las universidades rechazan porque consideran que implicará un ajuste aún mayor al de este año– requerirá “reacomodamientos“ en el Congreso.
Con respecto a la cuestión de la transparencia, el subsecretario Álvarez afirmó que “hubo un proceso de destrucción de los datos del sistema”, dijo que en la Secretaría de Educación estaban “ciegos y mudos” por la falta de acceso a la información porque “los servidores” con esos datos están “en manos del Consejo Interuniversitario Nacional”. Además, cuestionó: “En estos años se crearon universidades en ciudades que no tienen suficiente demanda”.
“Estamos financiando alumnos crónicos”, plantea el informe del Ministerio, que se titula “Universidades” y recoge una serie de indicadores que, desde la perspectiva oficial, buscan mostrar el “mal” funcionamiento del sistema. Allí se menciona, por ejemplo, que en Argentina casi la mitad de los graduados de universidades públicas (46,3%) tardan 9 años o más para completar carreras con planes de estudios de 5 años.
En esa línea se afirma que, del total de 1.749.136 estudiantes registrados en 2022, solo el 40,6% (710.466) eran alumnos regulares, es decir, habían aprobado al menos 2 materias. Un 20% (367.299) había aprobado solo 1 materia o ninguna, mientras que un 38,4% (671.372) de los estudiantes están en una situación “incierta”. Sobre estos alumnos, el informe dice que “no se sabe si asisten a clases o qué hacen en la universidad”.
Sobre la movilización federal de este miércoles 2 de octubre, Torrendell y Álvarez consideraron que será una “marcha opositora”. Álvarez cuestionó directamente al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, por haber dicho que “están construyendo un frente de centro”.
El documento del Ministerio de Capital Humano señala que el sistema argentino es menos equitativo que el chileno. “No solo el sistema educativo de Chile presenta un mayor nivel de acceso a la educación superior en general, sino que incluso la brecha de acceso es significativamente mayor para aquellos alumnos de los sectores más vulnerables de la población”, sostiene el informe, a partir de datos del CEDLAS.
“Las universidades tienen que rediseñarse para ponerse al servicio de los chicos de sectores más desfavorecidos. Hay que revisar la organización de las clases, implementar tutorías y ofrecer un mayor acompañamiento en primer año”, propuso Torrendell. Aseguró que las bajas tasas de graduación “no se explican por el origen social de los estudiantes, sino por el diseño de la universidad”. Y planteó, en referencia a la necesidad de una mayor innovación pedagógica: “Hay que hacerse cargo de los alumnos que tenemos. Las universidades están siendo demasiado tradicionales”.
El último apartado del documento elaborado por el Ministerio de Capital Humano se titula “Qué queremos lograr” e incluye 5 puntos. Allí dicen que aspiran a “un sistema universitario eficiente, que revierta la tendencia actual de bajo egreso” y garantice la terminalidad educativa. También dicen que quieren “adaptar los planes educativos a las necesidades actuales” y promover carreras más cortas.
Además, plantean que “no es posible (ni deseable) seguir financiando eternamente proyectos educativos truncos (o crónicos)” y piden un “sistema universitario transparente” en el que “las universidades informen cómo gastan el presupuesto asignado y den cuenta de cuál es la gestión que hacen del dinero de todos los argentinos”. También afirman: “Queremos un sistema universitario realmente equitativo, que brinde oportunidades de acceso, permanencia y egreso a los deciles de menores ingresos de la sociedad”. El documento no explicita cuáles serán las políticas para lograrlo.