En 40 años creció el aporte de las provincias al sistema educativo: la Nación invierte 1 de cada 4 pesos

La inversión de las provincias en el sistema educativo aumentó un 292% entre 1980 y 2022. En ese mismo período también se incrementó –pero 10 veces menos–, la inversión del Estado nacional: el crecimiento fue del 30% en 42 años. Hoy, 3 de cada 4 pesos invertidos en educación (78%) son aportados por las provincias, mientras que 1 de cada 4 pesos (22%) viene de Nación.

En la mirada de largo plazo, el saldo de estos 42 años muestra un aumento sostenido del gasto público en educación. En este período la participación de las provincias en el presupuesto educativo creció fuertemente: en 1980, tenían a su cargo el 55% del gasto educativo. Es decir que la Nación redujo la proporción de su aporte: del 45% de la inversión educativa en 1980 al 22% en 2022, pese a su mayor capacidad de recaudación en comparación con los estados provinciales.

Los datos surgen del informe “Evolución del financiamiento educativo”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, elaborado por Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas, y por Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman. El documento pone el foco en cómo evolucionó la inversión en educación entre 1980 y 2022 (último dato disponible) y analiza cuánto aportan la Nación y las provincias, así como la distribución de los fondos entre la educación básica (inicial, primaria y secundaria) y la superior (nivel universitario y terciario). Para eso, utiliza cifras de la serie histórica del Gasto Público Consolidado (GPC) del Ministerio de Economía.

El informe muestra un aumento del 226% en el financiamiento de la educación superior desde 1980, en contraste con un incremento del 163% en la educación básica: el aumento de recursos para las universidades superó en 63 puntos porcentuales el incremento asignado por el Estado a las escuelas y jardines. Esta diferencia se agudiza a partir de la transferencia de los servicios educativos en 1992, cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas, y puede explicarse, entre otros factores, por la mayor expansión del sistema universitario.

“Los procesos de descentralización de los servicios educativos reforzaron las inequidades territoriales, especialmente en los niveles de educación inicial, básica y media. Es importante que el Estado nacional desarrolle un rol activo para reducir esas inequidades”, afirmó Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA CONICET.

Entre 1980 y 2022 la matrícula de educación superior se multiplicó por 7 (+633%), mientras que la matrícula de educación básica no llegó a duplicarse (creció un 79,5%, es decir, 8 veces menos que la matrícula universitaria). Solo a partir de 2005 –tras la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo– el crecimiento del gasto real por alumno en educación básica superó el incremento de la matrícula. Según estimaron desde Argentinos por la Educación, mientras que el gasto por alumno en educación obligatoria aumentó 46%, el gasto por alumno en el nivel superior se redujo un 55% en estas cuatro décadas.

“Los datos muestran la poca estabilidad de los recursos para educación, lo que dificulta cualquier tipo de programación de políticas a largo plazo”, afirmó Alejandro Morduchowicz, coautor del informe. Y agregó que el estudio es “un aporte valioso para reflexionar sobre las perspectivas a futuro en un momento en que se están redefiniendo el rol del Estado nacional y las responsabilidades provinciales en materia de financiamiento sectorial”.

La presentación del Presupuesto 2025 volvió a poner en agenda el debate sobre el financiamiento educativo, mientras distintos informes estiman que en 2024 se concretará un ajuste del 40% en el financiamiento nacional del sistema educativo con respecto a 2023. Las proyecciones para 2025 indican una caída similar en comparación con 2023, con un recorte que será aún más pronunciado en la educación básica: cálculos de CTERA estimaron que la reducción será del 50% para el financiamiento nacional de la educación obligatoria y del 29% para las universidades. Desde el Gobierno nacional han argumentado que su estrategia apunta a una “inversión inteligente”.

Las proyecciones para 2025, difundidas en un contexto signado por la caída de los salarios docentes de los niveles obligatorios y –en mayor medida– del sistema universitario, así como de parálisis de las obras de infraestructura educativa y de recortes en el sistema científico, configuran una “tormenta perfecta”, según la descripción que hizo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al anunciar el martes la adhesión de los rectores a la marcha universitaria prevista para el próximo 2 de octubre. A la movilización se sumará CTERA con un paro nacional en las escuelas.

La ley de presupuesto 2025 suspende por un año las metas de inversión establecidas por ley para el sistema educativo (6% del PBI), para la educación técnico profesional (0,2% de los ingresos corrientes) y para ciencia y técnica (0,45% del PBI en 2025). Sin embargo, los datos muestran que, en los últimos 15 años, la inversión en educación solo alcanzó el 6% del PBI en 2015. A partir de entonces, se detuvo la tendencia creciente y empezó a caer la inversión educativa. Un estudio previo de Argentinos por la Educación elaborado por Mariano Narodowski junto con Gabriela Catri y Martín Nistal mostró que el Estado argentino acumuló en 15 años una deuda de 26.009 millones de dólares con el sistema educativo, equivalente al 5% del PBI de 2020.

Los expertos advierten que en los últimos 40 años Argentina ha hecho algo parecido a lo que está haciendo ahora: recortar la inversión educativa en tiempos de crisis, cuando resulta más necesaria, y aumentarla solo en tiempos de crecimiento.

“Ninguna de las leyes que regulan el sistema ha logrado proteger el gasto educativo de su carácter procíclico: en épocas de bonanza se aumenta el gasto y en tiempos de recesión se reduce. Tanto la Ley de Financiamiento Educativo como la posterior Ley de Educación Nacional, al establecer un piso de inversión como porcentaje del PBI, han acentuado esta tendencia. A pesar de ello, el crecimiento del gasto educativo consolidado en los últimos 15 años casi duplica el observado en todo el período anterior, con un esfuerzo que ha recaído principalmente en las provincias”, señaló Ivana Templado, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Algunos especialistas cuestionan que el mayor incremento en la inversión educativa se haya destinado a universidades e institutos terciarios. “Que el mayor aumento del financiamiento se verifique en el nivel superior pone en entredicho cuestiones de orden distributivo del gasto, ya que los niveles obligatorios son justamente los que llegan (o deberían llegar) a toda la población, mientras que los de nivel superior están orientados hacia los estratos más favorecidos socioeconómicamente”, afirmó Templado.

Para el economista Juan Ignacio Doberti, profesor e investigador de la UBA, este proceso “está vinculado al mayor aumento de la matrícula universitaria, que partía de niveles de cobertura menores: en 1980 la educación primaria tenía una cobertura del 95%, la secundaria del 54% y la de educación superior del 16%”. Doberti agregó que en el actual escenario de recortes presupuestarios “los desafíos de mejoras en la calidad y equidad de la enseñanza exigirán una utilización eficiente de los recursos”.

“Es fundamental aumentar la inversión en todos los niveles: el financiamiento es la condición necesaria para tener margen para llevar adelante políticas educativas. Por otro lado, si apuntamos a una política educativa más redistributiva, invertir más en los primeros años de la trayectoria educativa puede ayudar a reducir las brechas, sobre todo por parte del Estado nacional, que redujo su participación en el financiamiento de la educación básica”, señaló Leyre Sáenz Guillén, coautora del informe.

“En el plano de la educación superior es central reforzar el rol de movilidad social que desarrollan las universidades nacionales, para lo cual se requiere mejorar las estrategias y pautas de financiamiento y los resultados que dichas instituciones brindan a la sociedad”, planteó Curcio.

En una línea similar, Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, expresó: “Si bien en la serie analizada (1980-2022) los recursos financieros al sistema siguen una tendencia creciente –aunque preocupa la baja desde 2015–, los indicadores que expresan la calidad educativa –inclusión, rendimiento, graduación– revelan una inversión poco eficiente”.