El 2 de octubre habrá una nueva marcha universitaria para reclamar por el presupuesto

Los rectores de las universidades públicas –nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–, junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) anunciaron hoy una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre a las 17 hs. La medida fue confirmada en una conferencia de prensa conjunta y se definió luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, describió un escenario de “tormenta perfecta” y advirtió que el presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aun mayor que la de 2024 para los docentes y no docentes universitarios. “Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades”, dijo Moriñigo. “Pasaron cinco meses y estamos en el mismo punto de partida”, agregó.

Si bien la marcha tendrá su epicentro en la Plaza del Congreso, el presidente del CIN anticipó que será “bien federal” y expresó: “Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología de nuestro país”. Al explicar las razones de la marcha, Moriñigo mencionó la desinversión en organismos científicos y tecnológicos como el Conicet, INTI, INTA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que en muchas provincias tienen sus sedes dentro de las universidades nacionales. Sobre los salarios, denunció: “Vamos perdiendo contra la inflación y contra los demás empleados estatales”.

La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención: el proyecto superó de manera holgada los dos tercios. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

En cuanto se aprobó la norma, el presidente Javier Milei anticipó un “veto total” en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.

“Esta ley no distorsiona la economía ni impide tener una economía estable. Lo que estamos viendo es una distorsión de las prioridades”, dijo Oscar Alpa, vicepresidente del CIN, durante la conferencia de prensa. Y comentó que hoy los rectores de todo el país aprobaron un documento titulado “El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una Nación”.

“La situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país”, expresó hoy el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, en una carta con motivo del abrazo al Hospital de Clínicas “José de San Martín” para visibilizar la situación crítica del sistema universitario público por los recortes presupuestarios y el atraso salarial que afecta a los trabajadores.

“Han pasado más de cinco meses desde la última vez que nos convocamos en este mismo lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno nacional”, afirmó Gelpi. El rector de la UBA agradeció el apoyo a la reciente Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso y le pidió al presidente Milei que no la vete: “Significaría vetar a la educación, la salud, la ciencia, y al futuro”.

También la FUA le pidió al presidente que reconsidere la decisión anticipada en sus redes. “La comunidad universitaria se encuentra atravesando días de incertidumbre y preocupación en el marco del ahogamiento presupuestario al que se está sometiendo a las universidades públicas”, señaló la federación en una carta abierta a Milei.

“Hay un principio fundamental entre los países que crecen y se desarrollan: la educación no es un gasto, es una inversión. No es un dogma, un mantra o un eslogan, es un hecho objetivo de la realidad. La educación es un derecho humano fundamental, que permite brindar a un país una perspectiva de justicia y equidad, construir más y mejores oportunidades. Esto, en conjunto con la ciencia y la tecnología, es la llave del progreso”, afirma la carta.

Los gremios universitarios están desarrollando desde el lunes jornadas de “protesta y visibilización” de la situación presupuestaria, y anunciaron paros nacionales para este jueves 26 y viernes 27 de septiembre.

En los primeros 7 meses del año, durante la gestión de Javier Milei se ejecutó un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período del año pasado a valores reales, según surge del cálculo realizado por Infobae de las partidas de 2024 y 2023, considerando el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del período. Un análisis del comportamiento histórico del presupuesto en educación superior muestra que el financiamiento asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo en términos reales el más bajo de las últimas tres décadas.

El conflicto por el presupuesto universitario comenzó a principio de año, con reclamos crecientes desde las universidades por los recortes en el financiamiento nacional. La Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, que implicó movilizaciones masivas en todo el país, tuvo como resultado concreto una mejora en los gastos de funcionamiento: el Gobierno nacional otorgó un 270% de incremento para esa partida, que representa entre un 5% y un 10% del presupuesto de las casas de estudio, y que las universidades están cobrando en cuotas, según informaron hoy en la conferencia de prensa.

Pero la cuestión salarial no se resolvió: los gremios estiman una pérdida de poder adquisitivo que ronda los 50 puntos. “El deterioro salarial atenta contra la calidad de nuestra educación pública”, afirmó Moriñigo.

Luciano Cagnacci, secretario general de la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), señaló: “Con el presupuesto que el Gobierno asignó para gastos de funcionamiento, tenemos los laboratorios abiertos, pero científicos en fuga; las aulas abiertas y alumnos que no pueden concurrir a la universidad porque sus becas han sido eliminadas por falta de presupuesto; una universidad abierta, pero con docentes y no docentes cuyos salarios no llegan a la línea de pobreza”.