La educación de personas migrantes en Argentina enfrenta desafíos que van más allá de lo administrativo y burocrático. En este contexto, la inclusión educativa es más que una obligación legal: es la oportunidad para fortalecer la cohesión social y aprovechar la pluralidad cultural. La “Guía de buenas prácticas en políticas migratorias”, desarrollada por Ashoka junto a la Universidad Nacional de Lanús y CIPPEC, recoge una serie de recomendaciones orientadas a garantizar el derecho a la educación de los migrantes y a potenciar su rol como agentes de cambio.
El acceso efectivo a la educación es un pilar fundamental para la integración de los migrantes, pero en la práctica se enfrenta a múltiples barreras. La falta de documentación, por ejemplo, continúa siendo un obstáculo recurrente para la inscripción escolar de niños, niñas y adolescentes migrantes. La guía propone la implementación de normativas que permitan la inscripción con documentación provisoria, facilitando así el acceso al sistema educativo mientras se tramitan los papeles definitivos. Esta medida, de carácter transitorio, busca evitar que los procesos administrativos se transformen en un impedimento para el ejercicio de un derecho básico.
Por otro lado, se destaca la necesidad de capacitar a los docentes y al personal escolar en temas de interculturalidad y derechos humanos. La idea no es solo sensibilizar, sino también proveer herramientas concretas para gestionar la diversidad en el aula y atender de manera adecuada las necesidades específicas de los estudiantes migrantes. Esta formación incluye el reconocimiento de las distintas trayectorias educativas y culturales que los migrantes traen consigo, así como la promoción de un clima escolar inclusivo, donde la diversidad no sea vista como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje para todos.
Ashoka, con un enfoque en la innovación y el cambio social, propone la implementación de tecnologías educativas que faciliten la adaptación y el aprendizaje del idioma por parte de los estudiantes migrantes. Plataformas digitales, aplicaciones móviles y recursos en línea se perfilan como herramientas útiles para apoyar el aprendizaje autónomo y la integración curricular, especialmente en contextos donde la oferta educativa tradicional puede no estar completamente adaptada a las necesidades de los migrantes. Pero, además de las tecnologías, la guía subraya la importancia de generar programas de mentoría, donde estudiantes locales acompañen a sus pares migrantes en su proceso de adaptación escolar y social. Son programas que buscan mejorar el rendimiento académico a la vez que fomentar vínculos de solidaridad y compañerismo entre estudiantes de distintos orígenes. La experiencia de compartir el aula con personas de otras culturas se convierte así en un aprendizaje en sí mismo, que trasciende los contenidos académicos y contribuye a la formación de una ciudadanía más abierta y tolerante.
La universidad y la universalidad
En lo que respecta a la educación superior, la guía advierte sobre la necesidad de flexibilizar los requisitos de ingreso y de reconocer los estudios previos realizados en otros países. Muchas veces, los estudiantes migrantes enfrentan dificultades adicionales para continuar sus estudios universitarios o terciarios debido a la falta de equivalencias académicas o a exigencias documentales difíciles de cumplir. Para mitigar estos obstáculos, se propone la creación de programas de becas y apoyos específicos para estudiantes migrantes, así como el establecimiento de convenios con universidades de los países de origen para facilitar el reconocimiento de títulos y certificados.
El impacto de estas prácticas no se limita al ámbito educativo. La inclusión efectiva de los migrantes en las escuelas y universidades argentinas tiene un efecto multiplicador en la sociedad, al promover una integración más plena y equitativa. Los estudiantes migrantes que logran acceder y permanecer en el sistema educativo no solo adquieren conocimientos y habilidades, sino que también fortalecen sus vínculos con la comunidad y desarrollan un sentido de pertenencia que es fundamental para su bienestar y su desarrollo personal.
Las recomendaciones de Ashoka insisten en la importancia de un enfoque intersectorial y colaborativo. La participación de diversos actores —desde organismos estatales hasta organizaciones de la sociedad civil, pasando por instituciones educativas y familias— es crucial para que estas buenas prácticas no queden en meras intenciones, sino que se traduzcan en políticas públicas efectivas y sostenibles. Es fundamental, entonces, que el Estado asuma un rol activo en la promoción de estas políticas, destinando recursos y generando marcos normativos que respalden las iniciativas de inclusión.