Los rectores pidieron destinar el 1% del PBI a las universidades y denunciaron recortes en ciencia

Rectores de las universidades públicas de todo el país pidieron a los senadores que aprueben la Ley de Financiamiento Universitario que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y acordaron un proyecto de presupuesto 2025 que prevé una inversión del 1% del PBI en el sistema de educación superior. Lo hicieron en el marco del 92° Plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunió este viernes en Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Allí los miembros del CIN consensuaron un proyecto de presupuesto universitario de alrededor de 7.190 billones de pesos para 2025, una cifra que estimaron equivalente al 1% del PBI. En un comunicado, los rectores pidieron “aumentos razonables para el normal funcionamiento del sistema el próximo año”, mientras continúa el reclamo por los salarios de docentes y no docentes.

El Consejo aprobó este viernes un “acuerdo plenario” que propone que las autoridades universitarias avancen en gestiones con los senadores de cada provincia para explicarles la importancia de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo tratamiento está previsto la semana que viene en la Cámara de Senadores.

El proyecto sobre financiamiento universitario establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo referido específicamente a salarios, en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”.

En los últimos meses las universidades vienen advirtiendo sobre el deterioro de los sueldos, y varias casas de estudio de todo el país –incluyendo la UBA– declararon la “emergencia salarial” de sus trabajadores. Un informe elaborado por las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN) estimó una pérdida del poder adquisitivo del 33,3% del salario de docentes y no docentes entre diciembre de 2023 y julio de 2024, con una inflación acumulada del 134,5% y una recomposición salarial de apenas el 56,9% –una diferencia de 77,6% puntos porcentuales–.

El 70% de los docentes del sistema universitario público tiene una “dedicación simple”: un titular con esa carga horaria (en torno a las 10 horas semanales) cobró en julio $261.384 netos (y con diez años de antigüedad, $326.730). Apenas el 10% de los profesores tiene dedicación “exclusiva”: un titular en esas condiciones cobra $1.045.535, que ascienden a $1.306.919 con 10 años de antigüedad, según el informe de la UNSAM y la UNRN. Los datos muestran que los salarios de más del 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de los no docentes se encuentran en esa situación.

El informe también comparó el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región. Según esa comparación, los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú.

“Creo que, cuando empezó este Gobierno, equivocamos el diagnóstico. Temíamos afrontar cierres, arancelamiento o vouchers. Pero lo que pasó fue un desmantelamiento en cuotas de las universidades. No talaron el árbol sino que dejaron de regarlo”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae.

Moriñigo recalcó que el sector mantiene un diálogo cordial con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y con la Secretaría de Educación, pero “no hay un normal funcionamiento por la política del Ministerio de Economía de blindar la caja”. El presidente del CIN lamentó “los enormes prejuicios del Gobierno nacional” y afirmó que “si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino, es el sistema universitario”.

Tras la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril las universidades lograron que el Gobierno actualizara un 270% los gastos de funcionamiento, que representan entre un 5% y un 10% del presupuesto de educación superior. Pero persiste el atraso en los salarios, mientras que “en el resto de los programas (fortalecimiento de ciencia y técnica, extensión, universidades nuevas, virtualización, doctorado, etcétera) la ejecución durante este año fue nula”, advirtió Moriñigo.

Distintas fuentes del sector universitario señalaron a Infobae que, por ahora, la idea de convocar a una nueva marcha federal está en suspenso, a la espera de lo que pase la semana que viene en el Senado. También coincidieron en que, si el Poder Ejecutivo decidiera vetar una eventual sanción de la ley, será inevitable que el conflicto escale.

“Pedimos a los senadores que acompañen este proyecto que asegura que la universidad pública siga siendo de calidad. Rectores, gremios docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina mantendrán reuniones con los legisladores de sus provincias para explicar la importancia de esta ley”, señaló Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, una de las federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Desde los sindicatos ya anticiparon que se concentrarán frente al Congreso el día que se trate la ley.

Durante el plenario de rectores también se aprobó una declaración que advierte sobre la situación de la ciencia a nivel nacional y menciona que el 60% de los investigadores en Argentina trabajan dentro de las universidades públicas: “Se trata de profesionales que, con mucho esfuerzo y apoyo del Estado, han construido trayectorias de excelencia reconocidas tanto a nivel nacional como internacional”.

El documento insta a que todas las agencias del gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son “pilares fundamentales para el desarrollo del país”.

La declaración, titulada “La ciencia es la universidad”, plantea que la falta de actualización salarial de los docentes investigadores, la reducción de la inversión en becas y el desfinanciamiento de programas científicos están generando un impacto negativo en la producción de conocimiento, obligando a jóvenes investigadores a abandonar el país y paralizando proyectos cruciales. Además, el comunicado cuestiona la interrupción de obras de infraestructura y la “desarticulación” de políticas de financiamiento destinadas a la adquisición de equipamiento e insumos necesarios para investigar.

Los rectores advierten: “Convocamos a nuestras comunidades universitarias a velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional”.