Conflicto universitario: comienza un nuevo paro en todo el país en reclamo por los salarios

Este martes comienza en todo el país un nuevo paro universitario de 48 horas impulsado por los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La huelga de docentes y no docentes se suma a la medida de fuerza de 72 horas realizada durante la semana pasada, con alto acatamiento en las universidades públicas. Desde los gremios universitarios confirmaron que apuntan a convocar una nueva Marcha Federal Universitaria en la semana del 9 de septiembre.

Fuentes del Frente Sindical dijeron a Infobae que no hubo avances en el diálogo con el Gobierno nacional tras la medida de fuerza de la semana pasada, que en varias universidades coincidió con el comienzo de segundo cuatrimestre. Desde la Secretaría de Educación informaron que entre diciembre y julio los salarios universitarios tuvieron un aumento del 71%, pero desde los gremios advierten que la inflación acumulada en el mismo período superó el 125% y denuncian una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 50% desde que empezó el año.

En la última reunión de la paritaria universitaria, el viernes 9 de agosto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, habían ofrecido a los sindicatos un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre. La propuesta fue rechazada por los gremios, como venía sucediendo en las reuniones previas. Para buscar acercar posiciones, se creó una “comisión técnica tripartita” integrada por los sindicatos y por representantes de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó la semana pasada una campaña que pide “salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas”. Los distintos spots, difundidos en las redes de la Universidad, presentan a docentes trabajando en call centers o como mozos, kiosqueros, conductores de Uber o repartidores de apps de delivery.

“No podemos pedirle a un profesor que siga dando clase con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. En el transcurso de este año, nuestros salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo. No tenemos registro en la historia de un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho un ajuste tan brutal en la educación superior”, dijo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Un documento elaborado por los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, indicó que en 2024 los salarios universitarios perdieron 55 puntos porcentuales con respecto a la inflación acumulada. El informe señala que la caída es mayor a la del promedio del sector público e incluso de los trabajadores no registrados, y advierte que, sin una recomposición significativa, la proporción del PBI destinada al sistema universitario podría retroceder 20 años, a valores de 2005.

“En la medida en que no se resuelva la paritaria del Gobierno con los gremios docentes y no docentes, las instancias de protesta se van a ir profundizando porque es un tema que está latente”, consideró la diputada nacional Danya Tavela, impulsora del proyecto de ley para garantizar el financiamiento universitario que recibió media sanción la semana pasada. Tavela estimó que, si la situación no se resuelve, la conflictividad se agudizará de cara a la discusión del presupuesto 2025. “En la medida en que la protesta se radicaliza y no hay respuesta por parte del Gobierno, se hace cada vez más difícil este resolver este tema”, señaló Tavela.

El miércoles pasado, la jornada de protesta en las universidades coincidió con la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de “actualización de gastos de funcionamiento y salarios y becas estudiantiles”, con apoyo de los bloques de la UCR, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. El mismo día recibió media sanción el proyecto para declarar la educación como “servicio esencial”, impulsado por el diputado Alejandro Finocchiaro y apoyado por el Poder Ejecutivo, que ya había intentado aprobar la medida al incluirla en el DNU 70/2023 y en las primeras versiones de la Ley Bases.

El proyecto sobre financiamiento universitario establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo referido específicamente a los salarios, en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.

Para el período posterior y hasta el 31 de diciembre de 2024, establece que el Gobierno deberá “actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC”, salvo que en la paritaria universitaria el Poder Ejecutivo y los gremios acuerden otra cosa.

La iniciativa también prevé que la Auditoría General de la Nación “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas”. Además, hay un artículo referido a la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

“Más allá de que todos estamos de acuerdo en mejorar los sueldos de los docentes universitarios, creemos en que las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado, en el contexto que ya ha explicado el presidente Javier Milei: con las cuentas públicas en orden, de acuerdo con una sana eficiencia administrativa. De esa forma se irán recomponiendo los salarios en la medida de las posibilidades”, consideró el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

“Lo que queremos es mejorar de manera progresiva esos sueldos sobre la base efectiva de ingresos”, dijo Torrendell a Infobae. “En algunos meses, como mayo y julio, el aumento superó el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de ir recomponiendo el salario en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento de las universidades con un incremento de 270%”, afirmó Torrendell.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas, celebró la media sanción del proyecto de financiamiento universitario. “Este trabajo legislativo es un enorme reconocimiento a las universidades nacionales y da cuenta de lo que las comunidades universitarias, las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, el CIN y el país todo reclamó a lo largo de todo el año: la necesidad de un sistema universitario fuerte al servicio de la Nación, un presupuesto para funcionar, salarios dignos para una universidad de excelencia y becas dignas para nuestros estudiantes”, expresaron los rectores.

Desde el CIN plantearon que la eventual sanción de la ley “otorgará previsibilidad al sistema y resolverá sus problemas”, y advirtieron: “Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y no docentes de las universidades, y recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras actividades, para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella”. Fuentes del CIN dijeron a Infobae que este martes habrá reuniones de las autoridades con senadores nacionales con el objetivo de explicar la situación y solicitar el “tratamiento urgente” de la iniciativa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que “no está en agenda” vetar una eventual sanción de la ley, a menos que afecte “el equilibrio de las cuentas públicas”. Desde el Ministerio de Capital Humano plantearon en un comunicado que la continuidad del segundo cuatrimestre “está asegurada” porque “desde el punto de vista presupuestario los fondos para las universidades nacionales, es decir, sus gastos de funcionamiento, ya han sido garantizados en tiempo y forma”, en referencia al aumento de 270% acordado para esta partida.

La situación de los salarios docentes también es crítica en los niveles educativos obligatorios, aunque varía según las jurisdicciones: en algunas provincias, las paritarias fueron acompañando la inflación, mientras que en otras los sueldos perdieron poder adquisitivo. A nivel nacional, tampoco se logró un acuerdo en las últimas reuniones para negociar la actualización del salario mínimo –lo que los gremios denominan “paritaria nacional docente”, aunque el Gobierno rechaza esa denominación–.

Según datos difundidos por el economista Alejandro Morduchowicz en la red social X, en marzo de 2024 el salario docente quedó un 12% por debajo del precio de la canasta básica total, utilizada por el INDEC para medir la pobreza por ingresos. Los datos muestran que el salario de bolsillo de una maestra de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad ya no llega a cubrir una canasta básica. Hace 8 años, en 2016, el salario del “cargo testigo” cubría en cambio una canasta y media.

Los gremios docentes vienen reclamando desde principio de año por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los aportes nacionales para conectividad, además del impacto de la inflación en los salarios. A esas demandas se sumó, tras la aprobación de la Ley Bases, el regreso del impuesto a las ganancias, aunque el viernes pasado esa restitución quedó en suspenso para los docentes tras una medida cautelar decidida por el Juzgado de Trabajo Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires tras un amparo presentado por CTERA.

La medida cautelar suspendió la restitución del impuesto a las ganancias para los docentes de todo el país, tanto activos como jubilados. Desde CTERA dijeron a Infobae que la medida beneficia a un 7% u 8% de los docentes, que en julio habían vuelto a pagar el impuesto con el nuevo mínimo no imponible. “Es el primer fallo sobre este tema planteado por una organización sindical que abarca a las y los trabajadores de la educación”, celebró la central sindical en un comunicado.

“Tenemos una gran masa de docentes por debajo de la línea de pobreza, y otros –no más del 8%– afectados por ganancias. La proporción varía según las provincias”, estimó Sonia Alesso, secretaria general de la confederación. Y precisó que los docentes afectados son aquellos que tienen “cargos jerárquicos” (directivos o supervisores) o que acumulan “doble o triple cargo” y además cuentan con mucha antigüedad en el sistema.

Alesso planteó que la situación económica resulta agobiante para “muchas docentes que son sostén de familia y que, para llegar a fin de mes, asumen una gran sobrecarga laboral, mientras todo aumenta y encima su salario se reduce porque el piso de ganancias quedó muy bajo”.