El Gobierno prepara una ley educativa: insistirá con el examen final en secundaria y la evaluación docente

Luego de lanzar el Compromiso Federal por la Alfabetización y de sumar una referencia a la educación en el Pacto de Mayo, el Gobierno nacional planea retomar, en una ley específicamente educativa, las reformas que había planteado en el capítulo sobre educación de la Ley Ómnibus original.

Desde la Secretaría de Educación de la Nación confirmaron a Infobae que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso un proyecto de ley que reúna las reformas educativas anunciadas en diciembre, que incluían un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, la posibilidad de arancelamiento de las universidades públicas para estudiantes extranjeros y la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela.

Fuentes de la Secretaría señalaron que vienen trabajando en conjunto con Federico Sturzenegger, el autor de la mega ley y ahora ministro Desregulación y Transformación del Estado. Según dijo Sturzenegger en una entrevista con Eduardo Feinmann este lunes, el Gobierno intentará con esta norma “una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años”. La nueva ley, que será impulsada tras la denominada “Ley Hojarasca”, retomará las disposiciones que formaban parte del título VII, capítulo dos del proyecto original de la Ley Bases. La mayoría de esos artículos implican modificaciones a la Ley de Educación Nacional (N° 26.206) y la Ley de Educación Superior (Nº 24.521).

El Gobierno nacional se propone modificar el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional (LEN) sobre la evaluación del sistema educativo para impulsar un examen integrador obligatorio al terminar la escuela secundaria. La Ley Ómnibus establecía que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”. Si bien la calificación será “confidencial”, la norma prevé que “el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”.

Al explicar la iniciativa, Sturzenegger mencionó que los países que implementan un examen de finalización de la secundaria tienen un 10% más de puntaje en las pruebas PISA. También señaló que busca “cambiar los incentivos”: la nota de ese examen puede servir para “insertarse en el mercado de trabajo”, señaló el ministro. También aclaró que no será requisito aprobar el examen para acceder al título secundario.

Otra reforma que ratificó el ministro de Desregulación es la modificación del artículo 97 de la LEN, referido a la difusión de los resultados de las evaluaciones, para poder publicar resultados por escuela. La Ley Ómnibus eliminaba el mandato de “evitar cualquier forma de estigmatización” al difundir los datos y agregaba que “los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

Sturzenegger señaló que la idea es que los padres tengan acceso a información sobre la calidad de la escuela de sus hijos, y mencionó que en otros países esta idea fue impulsada por gobiernos progresistas, como los de Rafael Correa en Ecuador y Lula en Brasil. Descartó que se vaya a impulsar la difusión de rankings de escuelas, pero sí anticipó que el Gobierno quiere que los padres reciban, de manera privada, los resultados de las pruebas Aprender desagregados para conocer el desempeño de su hijo y el promedio de su escuela, su ciudad, su provincia y el país.

El Gobierno nacional también planea reflotar el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia, manteniendo la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

Otras reformas para el sistema universitario, con el cual el Gobierno ha mantenido una relación conflictiva –aún no resuelta– por motivos presupuestarios, incluyen que las universidades puedan ofrecer un examen de ingreso como alternativa a un curso de nivelación, manteniendo la aclaración de que estos mecanismos no deben tener un “carácter selectivo excluyente”.

También se establecen evaluaciones externas de las instituciones de educación superior dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (para las universidades públicas) o del reconocimiento provisorio (para las universidades privadas). La evaluación externa seguirá estando a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y se repetirá cada 10 años (es decir, se amplía el intervalo: actualmente la Ley de Educación Superior establece una evaluación cada 6 años).

Además, se apuntará a “determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades”, una cuestión mencionada también en proyectos de ley presentados por distintos bloques durante este año. Sobre este punto, la Ley Ómnibus establecía que la asignación de fondos para las universidades se efectuará de manera que se asegure “el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

El envío de recursos a las universidades ha sido justamente uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno nacional, expresado en la Marcha Federal Universitaria en abril. La semana pasada un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”.

En esta línea, el viernes pasado la diputada nacional Danya Tavela (UCR) presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la “emergencia presupuestaria” de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1° de enero de 2024.

Con respecto a otras reformas, desde la Secretaría de Educación aseguraron a Infobae que está descartado habilitar el homeschooling en primaria. De todas maneras, el borrador de la nueva norma prevé “liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario” y habilitar la “enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario” (es decir, a partir de cuarto grado), aunque aclara que será “de forma adicional a la educación presencial obligatoria” (y no “como alternativa a la educación presencial”, según figuraba en la primera Ley Ómnibus).

También sigue en agenda la propuesta de evaluar a los docentes cada cinco años, una cuestión que había mencionado el presidente Javier Milei en su discurso de lanzamiento del Compromiso Federal por la Alfabetización. En esta línea, la Ley Ómnibus planteaba que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país” y especificaba que la evaluación continua requerirá “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años”. El borrador al que accedió Infobae ya no alude a la creación de un examen para quienes se incorporen a la docencia (como establecía la Ley Ómnibus), sino que prevé “garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico”.

Otro punto que el Gobierno tiene en agenda –y que no estaba la Ley Ómnibus original– es la posibilidad de habilitar que la educación técnica tenga una duración “equivalente” o como máximo un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción, lo que podría implicar que en algunas provincias la cursada se reduzca un año. Actualmente, la Ley de Educación Técnico Profesional establece que los planes de estudio de esta modalidad tienen una “duración mínima de seis años”, mientras que en la mitad de las jurisdicciones del país la secundaria común dura cinco años.

Entre otras cuestiones, el Gobierno nacional también planea insistir con la reforma de la Ley N° 26.759 de Cooperadoras Escolares para “incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil”. En este punto, la Ley Ómnibus eliminaba la prohibición de que esas contribuciones pudieran tener como contrapartida “su publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del donante”.

En relación con la preocupación por el “adoctrinamiento” que han expresado distintos funcionarios del Gobierno nacional, la nueva ley también podría incorporar algún artículo referido a “garantizar una educación libre de proselitismo y adoctrinamiento”, inspirado en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, que “vela por la pluralidad de ideas en los procesos de enseñanza”.

La declaración de la educación como servicio esencial es otra reforma que sigue en la agenda del Gobierno (estaba prevista en el mega DNU 70/2023). Esta iniciativa ya estuvo avanzando en el Congreso: a mediados de junio obtuvo dictamen de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador y exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro. La iniciativa tiene el acuerdo de los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y otros bloques de la “oposición dialoguista”, mientras que Unión por la Patria y la Izquierda se oponen.

La propuesta impulsada por Finocchiaro busca establecer como “servicio estratégico esencial la educación obligatoria, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades”. La iniciativa que se debatirá en Diputados establece que, ante una “medida de acción directa, indirecta, paro o huelga” deberá haber un “sistema de guardias mínimas educativas obligatorias” del 30% del personal (docente y no docente) durante los primeros dos días de protesta; a partir del tercer día, esa cifra se elevará al 50% (a diferencia del DNU presidencial, que establecía una prestación mínima del 75%).

Al inicio del ciclo lectivo, el equipo de conducción de cada escuela deberá establecer “la nómina anual de personal docente y no docente” que estará afectado al cumplimiento de las guardias mínimas. Además, todas las escuelas deberán estar abiertas todos los días previstos en el calendario escolar para garantizar “el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase”, así como el servicio de alimentación escolar. Desde la UCR y la Coalición Cívica resaltaron que el dictamen busca conciliar los dos derechos que entran en tensión en este tema: el derecho a la educación y el derecho a huelga.

La medida es rechazada por los gremios docentes nacionales, que ya se expresaron en contra. “Si el Gobierno estuviera pensando realmente en el interés superior del niño fortalecería la inversión, la capacitación gratuita y en servicio, edificaría escuelas, mejoraría la infraestructura, pagaría mejores salarios. Pero no tiene pensado hacer nada de esto. Por eso necesita de una norma que es un verdadero alambre de púas a la educación para que sangre cuando busque moverse en defensa propia”, señaló la Unión de Docentes Argentinos (UDA) en un comunicado.

También es rechazada por CTERA, que expresó: “La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”. Desde CTERA consideraron que los bloques que firmaron el dictamen son los mismos “que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”.

CTERA, la confederación docente mayoritaria a nivel nacional, también se expresó este lunes en contra del Plan Nacional de Alfabetización y del Pacto de Mayo. Sobre el plan de alfabetización, dijeron que “parte de un diagnóstico incompleto y sesgado”, y que promueve “las ya denunciadas tendencias privatizadoras de la educación” y se sustenta en “una concepción tecnocrática, reduccionista, cientificista y autoritaria de la alfabetización en particular y de la educación en general”.

En un comunicado firmado por su junta directiva, CTERA señaló que durante el mandato de Milei como presidente “solo se registran medidas tendientes a la destrucción de la escuela pública”. Y planteó que “lo que se observa es que no se entregan más libros ni computadoras a las y los estudiantes, que el INFoD suspendió todos sus programas de formación docente, que se precarizó la condición salarial de las y los trabajadores de la educación, que las partidas presupuestarias solo se otorgan discrecionalmente a aquellas provincias cuyos gobiernos adscriben a los requerimientos políticos del actual gobierno nacional y en función de los resultados de la negociación de los votos obtenidos en el Congreso de la Nación”.