Continúa el conflicto por el presupuesto universitario, ahora con foco en los salarios

El paro universitario del próximo martes 4 y miércoles 5 de junio marcará un nuevo capítulo en la saga del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Las universidades públicas vienen advirtiendo desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.

Esta semana, una parte de los reclamos expresados en esa marcha comenzó a resolverse con el acuerdo de actualización del 270% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, algo que hasta el lunes solo había conseguido la UBA. Sin embargo, el martes aquella noticia quedó eclipsada por otra: no hubo acuerdo entre los gremios universitarios y el Ministerio de Capital Humano en la paritaria universitaria, y los sindicatos convocaron a una medida de fuerza de 48 horas. La recomposición del salario de docentes y no docentes fue una de las principales demandas de la movilización de abril.

Si bien la actualización de los gastos de funcionamiento fue muy bien recibida por el sistema universitario, los datos indican que esa partida abarca el 10% del presupuesto de las universidades. “Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan solo el 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en las universidades y ello está aún sin solución”, denunció el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) en un comunicado.

Según explicaron desde Conadu, uno de los gremios que integran el frente, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado la semana pasada). Mientras tanto, la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). De acuerdo con datos difundidos por la UBA, desde enero los profesores universitarios perdieron el 42% de su poder adquisitivo.

La semana pasada el Gobierno nacional ofreció al Frente Sindical un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. La paritaria se viene reuniendo todos los meses, pero sin acuerdo: el FSUN rechazó las propuestas por considerarlas insuficientes. La reunión de mayo había pasado a un cuarto intermedio hasta el martes 28, cuando el Gobierno reiteró su propuesta y el Frente Sindical anunció el paro para la semana próxima.

Fuentes de la Secretaría de Educación reconocieron que este año el salario de los profesores universitarios tuvo una actualización inferior al aumento en los sueldos de los trabajadores estatales, tras las cifras récord de inflación en diciembre y en los primeros meses del año. Desde el FSUN –que nuclea a los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y Fatun– advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”, mientras “más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza”, una situación que “no sucedía hace más de 20 años”.

“Es inaudita la falta de seriedad y la irresponsabilidad de los funcionarios del Gobierno en una negociación tan importante para el normal funcionamiento de las universidades nacionales, como la del salario de los trabajadores docentes. El paro de 48 horas, definido de manera masiva, demuestra el malestar y el enojo de la docencia universitaria de todo el país frente a esta repetida situación de destrato”, afirmó Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

Los rectores universitarios apoyan el reclamo por los sueldos docentes. La UBA lanzó en redes una campaña con la consigna “Vamos por lo que nos falta”, cuyo primer punto es la recomposición de los salarios. Otros puntos incluyen la actualización de las partidas congeladas (en especial, de ciencia y tecnología) y de los fondos necesarios para reiniciar las obras de infraestructura paralizadas. También piden una ley de financiamiento universitario.

El pasado 15 de mayo, el mismo día que suspendió la emergencia presupuestaria –tras acordar una actualización de 270% para los gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios–, el Consejo Superior de la UBA se declaró en “estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial”.

En esa misma resolución, el Consejo Superior manifestó “la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los representantes sindicales de las Universidades Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y no docentes a un salario justo”.

“Desde el CIN estamos preocupados porque el conflicto salarial sigue sin resolverse. Si marchamos juntos, seguimos juntos en este pedido de solución. Ojalá encuentre un camino de encuentro rápido”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae.

Con respecto a los demás puntos planteados en la Marcha Federal y en las reuniones entre las universidades y el Gobierno, “el conflicto estará resuelto si todo marcha como lo empezamos a resolver el lunes pasado: si llega en tiempo y forma ese 270%, si se pagan las resoluciones de 2023, si se inicia un proceso de gestión de fondos bajo la línea 2024, si se reactivan algunas obras”, enumeró Moriñigo.

Para Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el aumento del 270% en gastos de funcionamiento fue “un avance importante”, pero ahora “la demanda prioritaria es conseguir que el Gobierno atienda el marcado retraso salarial de trabajadores docentes y no docentes para recomponer sus ingresos, que se han visto afectados por el proceso inflacionario”.

“Los rectores sostenemos los reclamos que dieron origen a la marcha y uno de ellos fue la necesaria e inmediata recomposición de los salarios de docentes y no docentes, que han perdido, en relación con la inflación, aproximadamente un 40%. Entendemos que deben tener una respuesta en el marco de una paritaria nacional y eso es responsabilidad del Gobierno”, opinó Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y miembro del comité ejecutivo del CIN.

“Esperamos que en la próxima reunión, como sucedió con los gastos de funcionamiento, haya una propuesta superadora que satisfaga la demanda de los gremios y permita a las universidades cumplir con todas sus funciones y previsibilidad presupuestaria”, agregó Domenichini.

Aunque por su magnitud la UBA ha tenido más visibilidad, el conflicto por el presupuesto afecta a las 61 universidades nacionales distribuidas en las 24 jurisdicciones del país. La caída del salario impacta de manera directa en las 220.660 personas que trabajan en las casas de estudio. De esta cifra, 147.821 (el 66,9%) son profesores, mientras que 56.424 (25,6%) son no docentes. El resto se completa con autoridades y personal preuniversitario. Más de la mitad de los docentes (51,2%) y no docentes (50,7%) son mujeres.

A diferencia de lo que pasa en las universidades de Estados Unidos y Europa que suelen encabezar los rankings internacionales, en Argentina la gran mayoría de los profesores universitarios debe combinar la docencia con otros trabajos. Solo el 10% de los cargos son de dedicación exclusiva, lo que limita drásticamente la posibilidad de hacer investigación. Un 17,4% de los cargos es de dedicación semiexclusiva, mientras que 7 de cada 10 (69,5%) tienen una dedicación simple (10 horas semanales).

La situación del presupuesto universitario también impacta en los 2.030.633 estudiantes que suman las universidades nacionales en las carreras de grado y pregrado, según las últimas cifras oficiales de la Síntesis de Información Universitaria. En ese nivel, solo el 3,9% de los alumnos son extranjeros.

Solo en 2022 ingresaron 543.041 estudiantes a las instituciones estatales, de los cuales 1 de cada 3 (32%) tienen entre 17 y 19 años. En las universidades estatales, 3 de cada 10 ingresantes (29,8%) se anotaron en carreras de ciencia y tecnología, estratégicas para el desarrollo del país (en las privadas, solo el 18,4% de los ingresantes se anotó en estas áreas).

Poco más de la mitad de los ingresantes al sistema universitario público (54%) lograron continuar sus estudios al año siguiente (en las privadas, el porcentaje de retención es 62,6%). Y solo el 23,2% termina la carrera en el tiempo “teórico”, es decir, en los plazos previstos por el plan de estudios (en las privadas, la cifra asciende al 38,3%).