Paro docente universitario: las facultades no abren este jueves por el reclamo salarial y de presupuesto

Docentes y no docentes de las 55 universidades nacionales realizan este jueves un paro por 24 horas en rechazo al congelamiento del presupuesto y a la caída de los salarios, cuya pérdida de poder adquisitivo ronda el 50%, según denuncian los gremios. La medida de fuerza cuenta con el respaldo de la CGT y las dos CTA, que acompañaron este miércoles una conferencia de prensa conjunta.

En febrero, el Gobierno dio un 16% de aumento para el personal de las universidades. Sin embargo, desde el Frente Sindical Universitario (FSU) –que nuclea a Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA– explican que 10 puntos correspondían a lo acordado en la paritaria 2023, en contraste con una inflación acumulada de 51,3% entre diciembre y enero –que con el dato de febrero alcanza 71,3% en tres meses–. Los gremios rechazaron la propuesta y reclamaron “una oferta salarial que recupere el poder adquisitivo”.

En diálogo con Infobae, Emiliano Yacobitti - vicerrector de la UBA - alertó que los salarios de los trabajadores cayeron un tercio desde que asumió Javier Milei ya que, por ejemplo, la categoría más baja llega a cobrar unos 400 mil pesos. “El Gobierno mandó (nominalmente) menos plata que el año pasado”, detalló. Con ese presupuesto, según relató el dirigente radical, “no se pueden pagar proveedores y elementos básicos”. En ese sentido, el vicerrector convocó al Gobierno a que “reflexione” sobre los recortes en la educación pública ya que, caso contrario, “van a llevar a la UBA a una situación de cierre”.

“Desde el mes de diciembre, los trabajadores de las universidades nacionales hemos perdido más de un 50% del salario. Mientras tanto, el gobierno ataca a las universidades con el desfinanciamiento y el desmantelamiento del sistema científico tecnológico”, señaló el FSU en un comunicado. “Se trata de la mayor pérdida de poder adquisitivo desde la vuelta de la democracia”, plantearon desde FEDUN, una de las federaciones que integran el frente.

Durante la jornada de este jueves algunas universidades cerrarán sus puertas y también se verán afectados los colegios preuniversitarios. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dispuso “el cierre de aquellos edificios e instalaciones en los cuales no se pueda garantizar las mínimas condiciones de funcionamiento en esa fecha”, y anticipó que todas las actividades académicas y administrativas que se vean afectadas se reprogramarán.

En cuanto a los centros de salud que dependen de la UBA, las actividades asistenciales esenciales “estarán garantizadas mediante la implementación de guardias mínimas”, informó la Universidad en un comunicado.

La medida de fuerza del jueves es “contra el ajuste al presupuesto universitario, el ajuste a los salarios de docentes y no docentes y en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad”. Infobae intentó consultar sobre este tema al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, pero desde la Secretaría de Educación no hubo respuesta. Álvarez suele expresarse en su cuenta de X (ex Twitter), donde la semana pasada compartió una dirección de correo electrónico oficial para recibir denuncias de “persecución ideológica”, “adoctrinamiento” u “hostigamiento” en universidades públicas o privadas.

“Estamos dando comienzo a un plan de lucha en las universidades nacionales que tiene como disparador la situación salarial de los docentes universitarios”, dijo Carlos De Feo, secretario general de CONADU, al anunciar la medida de fuerza del jueves. “Quieren cerrar las universidades públicas y por eso no solamente las ahogan financieramente y rebajan los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, sino que también fomentan una campaña de descalificación”, agregó De Feo.

Al recorte salarial se sumaba el congelamiento del presupuesto universitario, que fue tema central de una reunión realizada esta semana entre las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (Carlos Greco, de la Universidad Nacional de San Martín, y Víctor Moriñigo, de la Universidad Nacional de San Luis) y el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. Allí acordaron “insistir con la solicitud de una reunión a la ministra de Capital Humano de la Nación y eventuales presentaciones ante los Poderes Judicial y Legislativo”.

En ese escenario, el Ministerio de Capital Humano confirmó a última hora de este miércoles un incremento del 70% en las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento.

Según pudo saber Infobae, la medida fue impulsada por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con el fin de que las instituciones puedan afrontar la suba de tarifas de los servicios de electricidad, gas e insumos de mantenimiento.

Desde CONADU cuestionaron el anuncio oficial y reclamaron que el anuncio se plasme en una “resolución firmada”. De Feo afirmó: “Los gastos de funcionamiento implican únicamente el 4% del presupuesto real de las universidades. No es más que eso, ni incluyen salarios de docentes y no docentes. Un 4% que va a permitir pagar la luz y los servicios de las universidades durante un tiempo”.

Los rectores venían pidiendo la actualización de los gastos de funcionamiento: electricidad, materiales, insumos, limpieza, entre otros. “Queremos poder pagar los gastos para mantener los edificios abiertos”, dijo Moriñigo, vicepresidente del CIN. La situación se vuelve más crítica ahora que en algunas universidades están empezando las clases regulares del primer semestre.

Con una inflación del 211% en 2023 y otro 36,6% acumulado en enero y febrero de 2024, las autoridades universitarias habían pedido al Ministerio de Capital Humano una actualización del 300% el presupuesto para estos gastos. Antes del anuncio del incremento en los fondos, los rectores habían denunciado que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento” de las universidades públicas.

Con el objetivo de intentar destrabar el conflicto, la semana pasada la diputada nacional Danya Tavela (UCR), ex secretaria de Políticas Universitarias durante el Gobierno de Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley en el Congreso para establecer criterios de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Tavela dijo a Infobae que considera que la iniciativa “genera consensos y previsibilidad aun para el gobierno”.

La preocupación por la reducción del presupuesto universitario y por el debilitamiento del sistema científico también formó parte de la carta que 68 premios Nobel de todo el mundo enviaron al presidente Javier Milei: “Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del CONICET y las universidades nacionales refleje no solo una dramática devaluación de la ciencia argentina sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”, afirmaron.

Mientras tanto, el gobierno nacional tiene otro frente abierto en la negociación con los sindicatos docentes por la actualización del salario mínimo. El martes no se llegó a un acuerdo en la tercera reunión entre los gremios (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA), los funcionarios nacionales (el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el secretario general del Consejo Federal de Educación, José Manuel Thomas; y la subsecretaria de Relaciones de Trabajo, Mariana Ortal Sueldo, tras el despido de Omar Yasin) y los ministros de Educación de las provincias.

Los gremios rechazaron la propuesta de llevar el salario mínimo docente a 325.000 pesos, una cifra que implica una suba del 30% con respecto al piso de 250.000 fijado en diciembre. Este miércoles CTERA anunció que llevó el reclamo por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a la justicia. La demanda fue radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de Capital Federal, informó CTERA en un comunicado. En paralelo, legisladores nacionales de distintos espacios políticos opositores presentaron en el Congreso proyectos para garantizarlo por ley.

“La acción judicial por la cual se requirió trámite por la vía sumarísima, es decir el procedimiento más breve, beneficiará a más de un millón de docentes de nuestro país, que ilegal y arbitrariamente han visto confiscados sus salarios por la retención indebida de los fondos ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún fundamento que lo habilite”, expresaron los secretarios Sonia Alesso y Roberto Baradel en una declaración conjunta.

Aunque no se definió fecha para una próxima reunión entre los gremios docentes y el gobierno nacional, los cinco sindicatos pidieron que en adelante se sume a la mesa de negociación algún representante del Ministerio de Economía y se declararon “en estado de alerta y movilización”.