El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que el gobierno nacional evalúa declarar la educación como servicio esencial. De concretarse, sería la tercera vez que el Poder Ejecutivo Nacional intenta impulsar la medida en estos dos meses de gestión: estaba prevista en el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir –cuyas disposiciones laborales fueron suspendidas por la Justicia– y también en la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso.
Como en los intentos anteriores, la medida no es impulsada por la Secretaría de Educación ni por el Ministerio de Capital Humano, según pudo saber Infobae. En esas áreas del Gobierno no tenían información al respecto, ni pudieron confirmar quién es el funcionario que promueve la iniciativa.
Los gremios docentes la asocian con el escenario de conflictividad que se abrió con la decisión de la Casa Rosada de suspender los aportes nacionales al salario docente y con la indefinición de la fecha de reunión entre los funcionarios nacionales y los gremios docentes para definir un nuevo salario mínimo en todo el país, tras las cifras récord de inflación en diciembre y enero.
“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, dijo Adorni durante su conferencia de prensa habitual, sin dar mayores precisiones.
El mega DNU impulsado por Milei establecía en su artículo 97 que se consideraría como “servicio esencial”, entre otros, a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial.
La medida se ha discutido en el pasado como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que tuvieron conflictos docentes muy largos en los últimos años, pero también genera fuertes resistencias porque limita el derecho a huelga.
La declaración de Adorni llega justo cuando es inminente la reunión entre los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) y los secretarios de Educación (Carlos Torrendell) y Trabajo (Omar Yasin). Previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), el encuentro será para discutir el salario mínimo docente, en un contexto en el que varias paritarias docentes provinciales están trabadas a la espera de una definición nacional.
Desde el Gobierno nacional, el presidente Milei y el vocero Adorni han insistido en que no se trata de una “paritaria nacional”, porque los empleadores de los docentes son las provincias y no la Nación. Más allá del nombre, esa reunión podría contribuir a facilitar las negociaciones salariales en algunas provincias de cara al inicio de clases el próximo lunes 26 de febrero.
El argumento de que la educación es responsabilidad de las provincias, frecuentemente utilizado por los principales funcionarios del Poder Ejecutivo, ha sido también señalado por algunos especialistas para argumentar que son las provincias, al estar a cargo de los servicios educativos, las que deberían eventualmente adherir o no a la “esencialidad” de la educación.
Declarar la educación como servicio esencial implicaría una restricción sobre los paros docentes. Supone que, frente a un conflicto colectivo que afecte los servicios considerados esenciales, en ningún caso se podrá “negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Es decir: en una escuela, por ejemplo, no podrían adherir a una medida de fuerza más de 1 de cada 4 docentes.
El rechazo de los gremios y la Justicia
La Justicia había declarado “inconstitucional” el capítulo laboral del mega DNU. A fines de enero, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió el amparo planteado por la CGT y determinó que el capítulo 4 del DNU 70/2023 de Javier Milei es inconstitucional. Sostuvo que este tipo de reformas deben analizarse y debatirse en el Congreso (al que el jefe de Estado definió ayer como “nido de ratas”). La decisión judicial alcanzó a todos los artículos vinculados a la reforma laboral que impulsaba el Gobierno nacional.
CTERA fue otra de las organizaciones que había impugnado el artículo 97 del DNU 70/2023 y obtuvo en la Justicia una cautelar para suspenderlo junto con otros tres artículos (86, 87 y 88). El jueves 22 habrá un congreso nacional de los sindicatos que componen la confederación en cada provincia; allí podrían anunciarse definiciones de cara al inicio del ciclo lectivo.
“El accionar del Gobierno nacional se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación –que no conseguirán– provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–, el no pago a los docentes de todo el país de la asignación del Fondo Nacional de Incentivo (FONID) a cargo de la Nación, la supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país y niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela”, señaló CTERA en un comunicado firmado por los secretarios Roberto Baradel y Sonia Alesso.
El mismo reclamo fue planteado la semana pasada por los cuatro gremios docentes nacionales de la CGT. “Es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, el FONID, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y toda transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente”, reclamaron los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero. El comunicado advierte que “sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país”.
Frente a un escenario conflictivo –cuando falta menos de una semana para que empiecen las clases en varias jurisdicciones–, la medida que ahora reflotó el vocero Adorni requeriría modificar por decreto el artículo 24 de la Ley N° 25.877 del régimen laboral argentino, que hasta ahora solo considera como esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
La ley argentina establece que “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.
La declaración de la educación como servicio esencial había sido promovida durante la campaña electoral por Padres Organizados, la red de familias surgida durante la pandemia, y por la Academia Nacional de Educación, como parte de las “prioridades” que ambas organizaciones consideran prioritarias para el sistema educativo.