Tras la intervención, rechazan la posible privatización de Educar

¿Qué va a pasar con Educ.ar? La pregunta resuena en el sistema educativo desde que se conocieron el DNU 70/2023 y la primera versión de la Ley Ómnibus. El primero convierte a las sociedades del Estado en sociedades anónimas; la segunda –en discusión ahora en la Cámara de Diputados– incluye a Educ.ar en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El viernes pasado, además, el decreto 117/2024 determinó la intervención de Educ.ar junto con los medios de comunicación públicos. Para algunos, esa intervención se perfila como un paso hacia la privatización.

Los trabajadores de Educ.ar lanzaron una solicitada en rechazo a una posible privatización, que sumó más de 10.000 firmas en menos de tres días. Allí destacan que, a lo largo de 23 años, la sociedad del Estado generó contenido educativo gratuito para docentes, estudiantes y familias a través del portal Educ.ar, pero también tuvo un papel fundamental en la inclusión digital, la distribución de equipamiento, la ampliación de la conectividad y el desarrollo de políticas de tecnología educativa. También advierten que la privatización afectaría la accesibilidad y calidad de los recursos educativos disponibles, así como la continuidad de las políticas de educación digital.

Si bien es conocida sobre todo por el sitio Educ.ar –que fue el primer portal de recursos educativos de América Latina–, esta empresa estatal tiene varias líneas de acción, que incluyen aulas virtuales con unos 1.400.000 estudiantes matriculados, cursos de formación docente, la articulación con Conectar Igualdad –cuya continuidad también está en suspenso–, los laboratorios Conectar Lab distribuidos en distintos puntos del país y el sistema operativo libre Huayra, entre otras. Actualmente el portal tiene más de 18.000 recursos educativos y más de 56 millones de visitas anuales.

La privatización de Educ.ar implicaría “mercantilizar los contenidos y servicios y, en consecuencia, privar a muchas personas de la posibilidad de leer, estudiar, repasar, prepararse para un examen y planificar sus clases, y de contar con dispositivos digitales para poder hacerlo”, afirma la petición, que ya sumó más de 10.000 firmas, en su mayoría de docentes.

La sociedad del Estado fue creada en el año 2000, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, gracias a una donación de 11 millones de dólares del empresario Martín Varsavsky, radicado en España. Varsavsky ha declarado públicamente su apoyo al gobierno de Javier Milei e incluso apoya algunas privatizaciones. Pero, en diálogo con Infobae, rechazó la privatización de Educ.ar.

“Yo creo que el Gobierno no tiene que privatizar Educ.ar. Mientras haya educación pública, tiene que haber un brazo tecnológico de la educación pública: contenidos, conectividad y capacitación. Educ.ar es eso: una empresa dedicada a proveer contenidos educativos y dispositivos, a brindar conectividad a las escuelas y a capacitar a los docentes. No vende nada, no tiene ingresos: la idea de privatizarla no tiene sentido, porque además nadie la va a querer comprar”, argumentó Varsavsky.

¿Por qué está Educ.ar en la lista de empresas públicas sujetas a privatización? ¿Hay razones financieras que lo justifiquen? ¿Por qué se la intervino por un año junto con Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos (la sociedad del Estado que incluye, entre otros, los canales Encuentro, Paka Paka y Depor TV), como si fuera también un medio de comunicación? Infobae intentó contactar al Ministerio de Capital Humano, pero no hubo respuesta.

Varsavsky planteó: “Creo que hubo un apuro del Gobierno en todo esto, y que cuando lo vean bien verán que es mejor mantener Educ.ar sin privatizar. Creo que hubo una confusión en entender qué es Educ.ar, una empresa que no cobra –y no tendría sentido que lo hiciera– por los servicios que presta. Si la gente del Gobierno dedica tiempo estudiar el tema, verán que es una herramienta muy útil”.

“Empecé Educ.ar en el 2000 con el objetivo de dotar al Ministerio de Educación de la Nación de un brazo tecnológico. Yo veía que la educación iba a transformarse y que el uso de internet y de los dispositivos digitales sería clave. Hacían falta las 3C: contenidos, conectividad y capacitación. Creo que Educ.ar ha funcionado en esa línea y lo ha hecho de manera eficaz, con relativamente pocos empleados. Creo que hay que seguir trabajando esa línea, aggiornando lo que sea necesario e incorporando nuevas herramientas, pero no privatizarla”, continuó el empresario e inversor, fundador de 5 unicornios. Y definió: “Cuando empecé, decía lo mismo que digo ahora: los países que mejor educan a su gente son aquellos a los que les va mejor”.

Para Varsavsky, además de incorporar más inteligencia artificial, Educ.ar debe evitar los contenidos sesgados: “Creo que durante el gobierno peronista también se usó de manera un poco ideológica, más allá de la educación, que era su objetivo original. A veces he entrado y me encontré con contenidos que parecían propaganda. El objetivo de Educ.ar debe ser mejorar el nivel educativo de los chicos argentinos para que puedan avanzar en la vida, conseguir trabajo y que las cosas vayan mejor”.

La preocupación por el “adoctrinamiento” en educación fue una de las consignas de campaña de La Libertad Avanza. Como candidato, Milei señaló varias veces a las escuelas y universidades públicas como “centros de adoctrinamiento”. Por eso, a la preocupación por las reformas previstas en los decretos presidenciales y en la Ley Ómnibus se sumó hace unos días la alarma cuando, después de 23 años ininterrumpidos, el portal Educ.ar dejó de estar online y se declaró “en mantenimiento”.

Tras una gran movilización de la comunidad educativa –que incluyó iniciativas para resguardar los recursos pedagógicos y alojarlos en sitios alternativos–, el portal volvió a estar disponible luego de dos días. Fuentes de Educ.ar indicaron que nunca antes se había dado de baja el sitio por tareas de mantenimiento. Y señalaron que, cuando volvió a estar online, solo había cambios menores (como la inclusión del logo del Ministerio de Capital Humano, del que ahora depende la empresa).

El lunes 29 de enero, el portal Educ.ar volvió a estar online; el viernes de esa semana se emitió el decreto que definió su intervención. Desde esta semana, Educ.ar y las empresas de medios públicos quedaron a cargo de los abogados Diego Martín Chaher, ex gerente de asuntos legales del Grupo América, y Diego Sebastián Marías, exlegislador porteño del PRO y jefe de gabinete del Ministerio de Educación durante la gestión de Esteban Bullrich. La sociedad del Estado quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y ya no depende directamente de la Secretaría de Educación de la Nación. Desde Educ.ar dijeron a Infobae que aún no tuvieron contacto con los interventores.

“Educ.ar no es un medio público, es una política pública en el área de tecnología educativa”, explicó Cecilia Sagol, gerenta de Investigación e Innovación, que trabaja en Educ.ar desde la fundación en el año 2000. La Ley de Educación Nacional regula el rol de Educ.ar en su artículo 101, dentro del capítulo sobre educación y nuevas tecnologías.

“El portal Educ.ar tiene 5 millones de visitas mensuales, tiene una comunidad muy sólida de docentes a los que acompañamos desde hace 23 años. En los primeros 2000 les enseñábamos a abrir una cuenta de mail. Después llegó Conectar Igualdad y acompañamos a las escuelas en el trabajo pedagógico con las computadoras. Ha sido un compañero de los docentes, de las escuelas y del Ministerio de Educación a lo largo de la transformación digital”, describió Sagol.

Por eso, para Sagol, privatizar Educ.ar “sería como privatizar el área de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la Secretaría de Educación. Una empresa privada no debería decidir las políticas públicas de educación digital”.

Sagol advirtió también sobre el valor de los recursos educativos abiertos, sobre el avance de la “plataformización educativa” y sobre el riesgo de mercantilización de los datos: “Tenemos registrados datos de millones de docentes y estudiantes, que están protegidos por los estándares de seguridad del Estado. No deberíamos correr el riesgo de que esos datos entren en la guerra de plataformas”.

“Ningún docente de habla hispana desconoce lo que es Educ.ar, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas”, aseguró Javier Castrillo, coordinador del equipo de desarrollo del sistema operativo libre Huayra Linux. “Perder todos los recursos desarrollados a lo largo de estos 23 años tendría un costo económico y un costo soberano. Aunque tenemos sede en CABA, en la ex ESMA, trabajamos de manera federal, con una mirada amplia y con aportes de las 24 jurisdicciones”, afirmó.

Por su parte, Verónica Ruscio, responsable de contenidos del portal Educ.ar, señaló: “Los recursos educativos de Educ.ar son bienes públicos. Brindamos servicios para toda la ciudadanía: docentes, estudiantes y familias de todo el país. Hay cursos gratuitos abiertos a la comunidad; Educ.ar tuvo un rol clave en la preparación de materiales durante la pandemia de COVID-19 y también durante la gripe A”. Para Ruscio, “la privatización implicaría suspender una política pública educativa que lleva 23 años, y pasar a manos privadas contenidos que son públicos”.

Castrillo resaltó que Educ.ar “atravesó todos los gobiernos desde el 2000; cada uno le dio su impronta de acuerdo con las políticas educativas de cada momento”. Y advirtió que están preocupados “por la pérdida de soberanía tecnológica y del trabajo federal acumulado a lo largo de los años, así como por las fuentes de trabajo”. Además, agregó: “Los que vivimos las privatizaciones en los 90 vimos cómo las empresas privatizadas se compraban con créditos que daba el propio Estado, y después el Estado las subsidiaba y terminaban costando más caras que cuando eran estatales”.

Desde el cambio de Gobierno, el pasado 10 de diciembre, las nuevas autoridades nacionales no designaron a los miembros del directorio, que es presidido por el ministro (ahora secretario) de Educación. En los casi dos meses de gestión no hubo reunión del directorio ni transición, según dijeron desde Educ.ar. El pasado 1 de febrero renunciaron varios directores; ahora las funciones del directorio quedaron en manos de los interventores.

“Las transiciones suelen tener momentos de incertidumbre, pero nunca vivimos algo así”, dijo Ruscio. Sobre la situación de los 300 trabajadores de Educ.ar, la mayoría de ellos contratados en relación de dependencia, señaló: “No tenemos lineamientos sobre cómo seguir trabajando, y nos preguntamos si Educ.ar va a continuar. Las escuelas se están preparando para abrir las puertas pero aún no tenemos un plan de trabajo para este año”.

A fines de diciembre, fuentes de la Secretaría de Educación habían señalado que el último balance presentado por Educ.ar era del año 2018. Desde la empresa estatal rechazaron esa versión y aseguraron que todos los balances fueron presentados ante los organismos del Estado correspondientes, aunque sí reconocieron un retraso en las presentaciones ante la Auditoría General de la Nación “porque ellos recién terminaron de revisar a fines de 2023 el balance de 2019″.

Desde la Secretaría también habían anticipado a Infobae que, en caso de que el Gobierno nacional decidiera avanzar con la privatización de Educ.ar, la idea sería que una parte de sus tareas quedaran bajo la órbita estatal, para que la Secretaría de Educación conserve una línea de acción de educación digital, como la mayoría de los ministerios de Educación del resto del mundo en el siglo XXI.