La Ley Ómnibus que presentó esta semana el Gobierno nacional habilita la posibilidad de que, a partir del segundo ciclo del nivel primario (es decir, a partir de cuarto grado), las familias de los estudiantes puedan optar por “estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial”. Hasta ahora, la Ley de Educación Nacional, en su artículo 109, solo autorizaba esta modalidad a partir de los 18 años, es decir, exclusivamente para jóvenes y adultos.
Ese cambio se suma a otros que –de aprobarse la norma– afectarían al sistema educativo, como el establecimiento de un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria y la habilitación para que las universidades estatales establezcan aranceles para los estudiantes extranjeros sin residencia permanente en el país.
Si bien la redacción del artículo puede resultar confusa –la modalidad “a distancia” (virtual) es diferente de la “híbrida” (que combina virtualidad y presencialidad)–, algunos especialistas advirtieron que habilitar la educación a distancia a partir de los 9 años podría profundizar las desigualdades de aprendizaje, que ya son muy severas en Argentina.
“Habilitará o consolidará los distintos circuitos: la escuela estatal para pobres y las privadas y la educación en casa para quienes pueden pagarlas. Reafirmará la escuela pública cada vez más como espacio de contención y menos de instrucción”, señaló Alejandro Morduchowicz, especialista en economía y financiamiento de la educación.
Desde Padres Organizados, una de las entidades que lideraron el reclamo por la vuelta a clases presenciales durante la pandemia, también cuestionaron la medida. “Nos genera muchas dudas la idea del homeschooling tal como está formulada, ya que no queda claro el propósito ni los requisitos. Entendemos que deberían ser situaciones excepcionales y adecuadamente definidas. Y, sobre todo, que prioricen el interés superior del niño. O sea, que quede claramente estipulado que es una opción que se toma en casos que la presencialidad sea imposible o perjudicial”, planteó María José Navajas, cofundadora de la organización.
“Desde nuestra experiencia, los efectos del aislamiento que implica la escolaridad en casa son muy nocivos para el desarrollo psicoemocional de los chicos. Les quita a los chicos un ámbito fundamental para fortalecer la autonomía y también para detectar situaciones de abuso o violencia intrafamiliar”, dijo Navajas a Infobae.
Para Fabio Tarasow, coordinador académico del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso, sería preocupante que la habilitación de la virtualidad funcionara como “una excusa para reducir costos de la oferta presencial, en lugares con baja densidad de población o alejados”. El especialista consideró que, en la escuela primaria, lo virtual “puede servir como un paliativo para situaciones excepcionales, por ejemplo los casos de chicos que sufren internaciones por enfermedad muy prolongadas”.
“Hay aspectos de la educación, entendida como el desarrollo del ser humano en su totalidad –y no solo el aprendizaje de contenidos específicos–, que son complejos de realizar en la virtualidad en la edad de la escolarización primaria”, afirmó Tarasow.
Como los jueces con toga negra, la habilitación del homeschooling podría ser una medida surgida de la admiración del Gobierno nacional por el modelo de Estados Unidos, donde esta alternativa ya existe y los estudios se validan por medio de exámenes. Los críticos de la propuesta señalan que podría ser el primer paso hacia un sistema de educación no obligatoria, como sugirió Javier Milei en una entrevista durante la campaña.
“Es una medida contraria a socialización, a la construcción de vínculos que acompañarán a los niños toda la vida, a la relación humana de cercanía con maestros y con pares. No está bien. Es innecesaria, a menos que detrás asomen posibles negocios con plataformas digitales”, opinó Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
El exministro de Ciencia y exministro de Educación Daniel Filmus también cuestionó la medida, y se preguntó “qué diría Sarmiento”, impulsor de la educación escolar obligatoria en todo el país. También llamó la atención sobre la modificación de la Ley de Cooperadoras Escolares. Entre los cambios priorizados por el Gobierno nacional en los más de 660 artículos, la Ley Ómnibus habilita que empresas, particulares y organizaciones coloquen publicidades o propagandas en las escuelas estatales si les hacen alguna donación, algo que estaba prohibido en el artículo 6 de la ley vigente actualmente.
“Si la educación se incorporara como un bien más en el mercado de negocios, abandonaríamos nuestra identidad nacional de fuerte educación pública, gratuita, para todos y todas, como fue pensada por Sarmiento y otros eminentes argentinos y argentinas; también profundizaríamos la desigualdad y la exclusión de los sectores más vulnerables a un servicio esencial, imprescindible para nuestra patria y para las personas que viven en ella”, consideró por su parte Sileoni.
La descentralización, otro factor de desigualdad
Otra medida de la Ley Ómnibus que podría tener gran impacto en el sistema educativo es la que surge de los artículos 551 y 552, que modifican la Ley de Financiamiento Educativo para delegar en las provincias la definición de “las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.
El artículo 551 reconoce que seguirá habiendo un “convenio marco” con “pautas generales” sobre estos cuatro temas definido por la Secretaría de Educación, el Consejo Federal y las entidades gremiales docentes con representación nacional; pero el 552 agrega un artículo que no estaba en la ley original para poner el foco en las provincias. Para Morduchowicz, este es uno de los puntos críticos de la Ley, e incluso parece contradecirse con el artículo 544, que atribuye al Estado nacional y al Consejo Federal la definición de la carrera docente.
“Por un lado, es el retiro del Estado nacional de su rol en los últimos lustros en las discusiones y lineamientos sobre esos temas. Y con ello sería el fin a su aporte financiero al salario”, señaló el economista en X, y se preguntó qué pasará con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado por ley en 1998, por el cual el Estado nacional paga una parte de los salarios docentes.
Por el otro lado, continuó Morduchowicz, la medida “promueve la descentralización y, por lo tanto, el debilitamiento de las demandas salariales y los conflictos docentes. Que suceda o no es imposible de predecir. En los noventa se logró nacionalizar el reclamo con la Carpa Blanca, años después fueron las paritarias (nacionales)”.
Para Morduchowicz, estos artículos implican “un nuevo punto de inflexión en la relación entre el Estado nacional y las provincias en la educación argentina”. Y los vinculó con el mega DNU que entró en vigencia hoy, en el que se declara la educación como servicio esencial y, por lo tanto, se restringe el derecho de huelga. Como en el caso del homeschooling, uno de los efectos de la mayor descentralización podría ser la profundización de las desigualdades, en este caso entre provincias: según los especialistas consultados, las brechas de calidad educativa según el lugar de nacimiento podrían agravarse.