Cuáles serán los principales desafíos educativos de la era Milei

¿Cómo será la educación durante la presidencia de Javier Milei? ¿Cuáles deberían ser las prioridades educativas del Estado nacional? La plataforma electoral y el plan de gobierno de La Libertad Avanza postulan algunas ideas, como la “libertad de contenidos” o la reforma del estatuto docente, pero aún no se sabe cuáles serán consideradas prioritarias para la gestión que empieza el 10 de diciembre.

En entrevistas posteriores a su triunfo, el presidente electo Milei anticipó que por ahora no avanzará con los vouchers ni proyecta una “privatización” de la educación. Reconoció, además, que una limitación clara para concretar buena parte de sus propuestas de campaña se basa en que la educación obligatoria –desde el jardín de infantes hasta la secundaria– depende de las provincias.

A diferencia de lo que sucede en otros ámbitos como la economía, en educación es posible detectar algunos puntos de consenso entre referentes con diversas miradas ideológicas. Infobae consultó a diez especialistas para tratar de identificar cuáles deberían ser las prioridades educativas del gobierno nacional durante los próximos cuatro años.

Varios especialistas destacan en primer lugar la importancia del diálogo entre la Nación y las provincias, la construcción de diagnósticos precisos y la definición conjunta de prioridades. “Es de suponer que el próximo Secretario de Educación arribará al cargo con un plan que marcará sus prioridades. Pero sea cual sea su proyecto, pienso que lo primero que deberá hacer, ya que el sistema educativo está federalizado, es acordar con las provincias las pautas con que ordenarán esta relación”, plantea Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO.

Para Tiramonti, es fundamental que esas pautas incluyan “metas y objetivos de logro, un sistema de evaluación y seguimiento de estas metas, y las reglas que regirán el financiamiento”.

El vínculo con las provincias requiere una definición clara de cuál será el rol del gobierno nacional en la política educativa. Para Susana Decibe, exministra de Educación durante el gobierno de Carlos Menem, no es demasiado relevante el “formato institucional” que se le dé al actual ministerio nacional, pero sí que se conformen equipos sólidos en lo técnico.

“Lo fundamental es que tenga las capacidades profesionales y técnicas necesarias y cumpla con las funciones que le corresponden: conducir la política curricular de la educación básica y técnica, de la formación de los docentes, monitorear la calidad de los institutos de formación, y evaluar los aprendizajes en todo el sistema de manera periódica”, sostiene Decibe.

En ese sentido, Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo, se pregunta hasta qué punto el gobierno entrante se involucrará con los desafíos educativos, teniendo en cuenta que en varias declaraciones han enfatizado el rol de las provincias en la educación obligatoria.

“Desde la transferencia definitiva de las escuelas en los noventa, ninguna administración nacional se privó de incidir –más o menos– con acciones, financiamiento o regulaciones. El interrogante es si el gobierno nacional renunciará a todo o parte de estas formas de participación. Más allá de las idas y venidas con el voucher, y cómo podría impulsarlo en caso de que quisiera, el solo planteo muestra una contradicción con esa postura de no intervención”, analiza Morduchowicz.

Para el especialista, en los próximos cuatro años habrá que observar con más atención lo que suceda en las provincias: “Si, por convicción ideológica o por necesidad fiscal, se suspendieran programas o transferencias de recursos, deberemos dirigir nuestra mirada a las provincias. Ahora nos tendremos que preguntar por sus desafíos y cómo los encararán, si en conjunto o en forma separada, y si el gobierno nacional participará –y cómo– de la resolución de los mismos”.

Por su parte, Norberto Fernández Lamarra, director de posgrados en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), plantea que la diversidad de signos políticos de las provincias es una oportunidad para “fortalecer el rol del Consejo Federal de Educación, que puede ser el verdadero constructor de las políticas nacionales para la educación básica, así como el Consejo Interuniversitario Nacional lo es para la educación universitaria”. El experto señala que “el Consejo Federal debe convertirse en un órgano de articulación de todas las provincias”.

Fernández Lamarra resalta también la necesidad de aumentar la inversión educativa y llevarla al 8% del PBI, tal como lo propone el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo impulsado por el actual oficialismo (a pesar de que, salvo en 2015, nunca se alcanzó la meta legal de invertir el 6%).

En relación con el financiamiento, por su parte, la ex ministra Decibe propone ir hacia un esquema de “presupuesto por escuela con control social”, por medio de pactos con las provincias: “Se necesita revolucionar el modelo de asignación y administración de los recursos a partir de la elaboración de presupuestos por escuela, con el objeto de destinar a los oferentes del servicio la mayor parte de los fondos y reducir al mínimo necesario el gasto en las administraciones ministeriales”.

Garantizar en todo el territorio nacional la oferta de servicios educativos suficientes y de calidad y lograr que todos los niños, niñas y adolescentes tengan clases todos los días y estén alfabetizados en el primer ciclo del nivel primario son las prioridades fundamentales que menciona Cora Steinberg, especialista de Educación de UNICEF Argentina.

Steinberg señala tres condiciones para lograr estas metas: primero, fortalecer los sistemas de formación inicial y continua de los docentes y garantizar para las escuelas “los recursos necesarios para acelerar la transformación educativa que requiere el mundo actual”; segundo, brindar infraestructura de calidad, “con equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades pedagógicas, de cuidado y bienestar para todos en la escuela”; y tercero, asegurar los presupuestos educativos y las capacidades de gestión en todas las provincias.

Cecilia Veleda, doctora en Sociología de Educación y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente, subraya que será necesario “garantizar condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas mejorando la infraestructura, continuando la dotación de libros, asegurando los días de clase establecidos por ley, reduciendo el ausentismo de docentes y alumnos, y apoyando a las escuelas en la atención de las múltiples necesidades de los estudiantes”.

Varios especialistas consultados resaltan entre las prioridades la mejora y modernización de la infraestructura y la provisión de recursos didácticos y tecnológicos, como libros de texto, material didáctico, computadoras y acceso a internet en todas las escuelas. También señalan que el mayor foco debe ponerse en las escuelas de sectores vulnerables.

Fortalecer la alfabetización en los primeros grados de primaria es uno de los retos que asumió Milei al firmar el Compromiso por la Alfabetización, una iniciativa impulsada por Argentinos por la Educación junto con más de 100 organizaciones de la sociedad civil. El documento firmado por Milei cuando era candidato apunta a que la alfabetización inicial sea una prioridad en todo el país, e implica el compromiso de impulsar una política nacional de alfabetización que prevea apoyo técnico a las provincias y evaluaciones de comprensión lectora.

Melina Furman, profesora de la Universidad de San Andrés (UdeSA) e investigadora del CONICET, subraya la necesidad de implementar un Plan Nacional de Alfabetización “enfocado en lograr que todos los niños y niñas lean de manera fluida en tercer grado y en mejorar las habilidades de lectura y escritura en todas las edades”. Cecilia Veleda coincide en la urgencia de “encarar la vergonzante deuda en materia de alfabetización”, y agrega que hoy uno de cada dos estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee. Para Veleda, “mejorar la expresión oral, la lectura y la escritura debería ser un objetivo central, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”.

Furman plantea que otra prioridad debe ser la ejecución de un Plan Integral de Primera Infancia, que aborde las necesidades de los chicos desde el nacimiento hasta los seis años. “Este plan incluiría garantizar el acceso a la educación preescolar de calidad para todos los niños, atención médica temprana, nutrición adecuada y apoyo a las familias en aspectos de crianza y desarrollo infantil”, propone la especialista de UdeSA.

El cuidado y la educación de la primera infancia también son prioritarios para Mercedes Mayol Lassalle, presidenta global de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP). “Un desafío fuerte que deberá asumir el nuevo gobierno será ampliar la oferta para los niños de 3 y 4 años, pero también para el cuidado y educación a edades más tempranas, mejorando la calidad de las instituciones y articulando políticas alimentarias y de salud”, señala Mayol Lassalle.

“La pobreza, el hambre y la falta de oportunidades educativas tienen consecuencias dramáticas en el desarrollo de la inteligencia, el lenguaje, la socialización y la ciudadanía”, indica la especialista de OMEP, y subraya que la inversión en la primera infancia es la más eficiente, dado que repercute en el desarrollo individual y social a largo plazo.

“Como dice el Premio Nobel de Economía James Heckman, la mejor inversión que puede hacer un país es en el cuidado y la educación de la primera infancia por su impacto positivo sobre la vida personal, pero también sobre las familias y la sociedad en su conjunto”, asegura Mayol Lassalle.

En el nivel secundario, uno de los principales desafíos que mencionan los especialistas consultados es seguir reduciendo el abandono escolar, para que más estudiantes terminen la escuela a tiempo y con los aprendizajes esperados.

“La democratización y la calidad son los dos grandes problemas de nuestro sistema educativo. El incremento de la pobreza agudiza los problemas de democratización, con niveles de deserción que llegan al 50% de los jóvenes que ingresan al nivel medio. Por otro lado, quienes terminan la escuela muchas veces tienen niveles de calidad muy deficientes”, afirma Norberto Fernández Lamarra.

Para Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina, estas cifras evidencian que “el mandato de la Ley de Educación Nacional respecto de la obligatoriedad de la educación secundaria hoy claramente no se está cumpliendo”.

La formación docente es otro punto crítico. Según Azar, la revisión de la formación inicial “es central para romper la actual situación de estancamiento y recolocar la cuestión docente en relación con el saber, con el trabajo, con las condiciones institucionales que producen ciertos vínculos y posiciones”.

Azar propone también “la incorporación de la acción tutorial como parte de la docencia a fin de educar lo emocional”, así como “el acompañamiento de trayectorias educativas diversas de la mano del reconocimiento de trayectoria profesionales de docentes y directivos”.

Para Furman, en tanto, es fundamental que la formación continua para docentes y directivos brinde “herramientas actualizadas y estrategias pedagógicas centradas en mejorar las habilidades de liderazgo, las capacidades didácticas, el uso de la tecnología en el aula y la gestión de la diversidad en el entorno educativo”.

En relación con el nivel universitario, Marcelo Rabossi, profesor e investigador en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), subraya que es necesario profundizar la inclusión de los estudiantes de sectores desfavorecidos: “Más de la mitad de los jóvenes pertenecientes a las familias más ricas de la sociedad realiza estudios superiores, en contraste con menos de 2 de cada 10 de los sectores postergados. En estos sectores, además, la tasa de abandono es mucho mayor que la de los primeros”.

Rabossi plantea que el próximo gobierno debería asegurar que “más allá del nivel socioeconómico al que pertenezcan, o el sector educativo que hayan elegido (privado o público), todos los graduados secundarios tengan las competencias necesarias para transitar su recorrido universitario”.

Por su parte, Fernández Lamarra valora la ampliación del sistema universitario, pero advierte que “alrededor de la mitad de los estudiantes que ingresan se quedan en primer o segundo año”. En ese sentido, propone: “Es necesario que las universidades trabajen conjuntamente con las provincias, que son las responsables de la enseñanza media, para mejorar la formación y facilitar este tránsito”.

Para Rabossi, otro punto clave es “pensar las universidades como centros estratégicos en la producción de conocimiento asociado al modelo productivo y cultural que necesita el país para crecer y desarrollarse”. En este punto, señala el experto, “agencias estatales como el CONICET, el INTA, INVAP y la CNEA, por ejemplo, resultan fundamentales. No solo no deben privatizarse, sino que debemos capitalizarlas a partir de un mayor financiamiento público y privado”.

Como suele suceder con los cambios de gobierno en Argentina, varios especialistas piden evitar la tentación “mesiánica” de refundar todo. “Existen hoy en el país buenas prácticas y políticas como la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario en casi todas las provincias, la distribución de materiales didácticos para las escuelas y estudiantes, el sostenimiento de becas para aquellos estudiantes que más lo necesitan”, enumera Cora Steinberg.

Por su parte, Cecilia Veleda destaca los avances en el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) y subraya que es importante “concluir la implementación del sistema de gestión escolar para contar con información nominal sobre las escuelas, los docentes y los estudiantes de todo el país”.

Aprender de las experiencias provinciales también aparece como un desafío clave. En ese sentido, Steinberg señala que hay “provincias pioneras que avanzan en la transformación de la escuela secundaria tradicional y con programas de alfabetización inicial que muestran resultados”, y sugiere que “estas políticas deben ser escaladas para que lleguen a todos los estudiantes del país”.