Subvenciones a escuelas privadas: el Estado invierte más en los alumnos más pobres, pero piden mayor transparencia

Por cada 100 pesos que el Estado invierte en un alumno de escuela estatal, destina 55 pesos a un alumno de escuela privada subvencionada, según datos de 2021 (los últimos disponibles). En este sector de gestión, el gasto por alumno aumentó 10% con respecto a 2018 (cuando se invertían 50 pesos por cada 100 destinados a alumnos de escuelas estatales), posiblemente por una baja en la matrícula de las escuelas privadas subvencionadas y la migración al sector estatal.

Según el informe “Subvenciones a la educación privada: ¿Para qué y para quiénes?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, el mecanismo de las subvenciones –transferencias de las provincias a las escuelas privadas– supone que el Estado invierte más en los estudiantes más pobres. Mientras que las escuelas de gestión estatal reciben a los alumnos de menores niveles socioeconómicos, las escuelas privadas con subvención reciben, en su mayoría, a alumnos con menor nivel socioeconómico que las escuelas de gestión privada sin subvención.

En la secundaria, en el decil 1 (el 10% más pobre), casi todos los alumnos (95,1%) van a escuelas de gestión estatal, y solo el 4,6% a escuelas privadas subvencionadas. En el otro extremo, en el decil 10 (el 10% más rico), solo el 7% va a escuelas de gestión estatal, el 74,3% a escuelas privadas subvencionadas y el restante 18,7% a escuelas privadas sin subvención.

En términos de financiamiento, estos datos implican que para el decil de estudiantes más pobres, el 98% del costo de la educación lo financia el Estado, mientras que para el decil más rico la cifra desciende al 48% (casi la mitad de lo invertido en un alumno del decil 1), según el documento elaborado por Mauro Moschetti (Universitat Autónoma de Barcelona), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

A nivel nacional, las escuelas de gestión estatal nuclean al 73% de los alumnos (desde sala de 3 hasta el final de la secundaria), mientras que el 22% de los estudiantes van a escuelas de gestión privada con subvención, y el 5% a escuelas privadas sin subvención. Las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son CABA (39%), Córdoba (29%) y Buenos Aires (26%). En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut (ambas con 9%).

En Argentina la transferencia de recursos estatales a las escuelas pri­vadas fue regulada por primera vez en 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, por medio de la Ley 13.047. Luego se sumaron el Decreto N° 9247 durante el gobierno de Arturo Frondizi, que reconoció el carácter público de la educación privada y creó el Servicio Nacional de Enseñanza Privada, y los decretos 15/64 y 371/64 durante la presidencia de Arturo Illia, que fijaron normas y criterios para asignar las subvenciones, destinadas a cubrir una porción o la totalidad de los salarios docentes. El sistema adquirió su forma actual durante el gobierno de Carlos Menem con el Decreto Nº 2542 de 1991, vigente hasta hoy.

Según la regulación actual, las escuelas privadas gratuitas pertenecientes a entidades de bien público sin fines de lucro pueden recibir subvenciones estatales que cubran hasta el 100% del gasto en salarios docentes. En cambio, las escuelas que cobran aranceles están categorizadas en tres grupos, según las cuotas, que implican la posibilidad de acceder a porcentajes diferentes de subvención (categoría A, el 80%; categoría B, el 60%; y categoría C, el 40% de subvención).

El esquema de financiamiento estatal a la oferta de educación privada no es habitual en otros países: además de Argentina, funciona en España y Australia, explicó Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, a Infobae. Y planteó: “¿Por qué el Estado argentino subsidia a la educación privada? Porque eso permite bajar el precio de las cuotas de las escuelas, y de esa manera descomprimir la educación estatal. El Estado argentino necesita la educación privada para garantizar el derecho a la educación por medio del gasto privado de las familias”.

“Si todas las familias optaran por ejercer su derecho a una vacante para sus hijos en la educación estatal, el sistema educativo colapsaría por falta de fondos e infraestructura, aun sumando al presupuesto todos los subsidios a las escuelas privadas”, agregó Narodowski.

Los especialistas suelen destacar al menos dos ventajas del sistema de subvenciones a la educación privada: por un lado, diversifica la “oferta” educativa y habilita a familias de menores recursos a elegir una escuela privada cuya cuota no podrían pagar si no recibiera subvención; por el otro, en un contexto de restricciones fiscales, permite garantizar el derecho a la educación para todos con una menor inversión de parte del Estado.

Verónica Gottau, investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló: “Paradójicamente, aumentar la proporción del presupuesto provincial que se destina a las transferencias al sector privado reduce el gasto estatal en educación porque implica que una parte de los gastos en educación la asumen las familias. Así, por ejemplo, en vez de invertir 100, el Estado invierte 60 y los restantes 40 los financia cada grupo familiar. Es decir, el Estado con menos plata educa a más alumnos. Si con menos hacés más, entonces el sistema es eficiente”.

“Como sociedad nos debemos el debate acerca de por qué solo 12,5% de los fondos públicos se invierten en escuelas de gestión privada, cuando es la opción menos costosa para el Estado en términos de uso de recursos por alumno. Al mismo tiempo cumple el doble propósito de asegurar a las familias el acceso a cuotas moderadas y a los docentes el nivel de salario mínimo determinado por cada jurisdicción”, señaló Martín Zurita, representante del sector, por su rol como secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA).

La principal crítica que suele recibir el sistema es que tiende a consolidar las desigualdades: distintos sectores sociales asisten a circuitos escolares diferenciados, lo que aumenta la segregación. “El sistema de tres sectores (público, privado subvencionado y privado sin subvención) contribuye a la segregación social de las escuelas en base al nivel socioeconómico de las familias y no solo a la reproducción intergeneracional de la desigualdad, sino incluso a la ampliación de las diferencias”, planteó Jason Beech, profesor de la Universidad de Melbourne y de la Universidad de San Andrés.

“En una sociedad en la que la desigualdad ha crecido tanto en las últimas décadas, las políticas educativas y la inversión pública debieran estar orientadas a promover mayor igualdad y que las escuelas sean un espacio de encuentro para contribuir a la cohesión social”, agregó Beech.

Otro punto crítico que se desprende del estudio de Argentinos por la Educación es la falta de transparencia en la asignación de las subvenciones. Los lineamientos para definir qué escuelas reciben subsidios son difusos, la decisión no se toma por licitación ni concurso y, en algunas jurisdicciones, ni siquiera es necesaria la firma del ministro de Educación: alcanza con una resolución de la dirección provincial de Educación Privada.

“No existen –y nunca existieron– criterios taxativos para determinar por qué una escuela privada sí resultaría elegible para recibir subvención y otra no. La normativa se refiere en términos cualitativos muy generales al perfil socioeconómico de la población atendida, a la ubicación del establecimiento, entre otros criterios que admiten una gran discrecionalidad a la hora de definir la asignación de subvenciones”, dijo Mauro Moschetti, uno de los autores del informe, a Infobae.

Para Moschetti, hacia adelante sería importante “revisar la experiencia de otros países con sistemas similares que en las últimas décadas han hecho esfuerzos por explicitar los criterios de asignación valiéndose de indicadores objetivos”. Para tener esos indicadores primero habría que contar con un perfil socioeconómico de los estudiantes de cada escuela: “En Argentina hay un déficit histórico en materia de datos administrativos sobre la población escolar, a lo que se suma la falta de integración de la información entre los subsistemas público y privado”, continúa Moschetti.

“Lamentablemente, la información que rodea a los subsidios está teñida de opacidad en el país. Todavía nos falta mucho para saber a quiénes y por qué se otorga ese financiamiento a los establecimientos privados. Asimismo, faltan estudios que indaguen cuánto pagan las familias por la educación de sus hijos. El documento contribuye a una discusión que nos debemos como sociedad y que solo aparece en forma espasmódica de tanto en tanto, y cuando lo hace, es más a partir de posiciones preconcebidas que con sustento empírico”, afirmó Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.

Algunas voces han señalado que el actual esquema de subvenciones a las escuelas privadas funciona en la práctica como un sistema de “vouchers”. Los especialistas aclaran que los vouchers y las subvenciones son, en realidad, mecanismos contrapuestos. “Los subsidios o aportes a las escuelas privadas son un mecanismo de financiamiento a la oferta educativa; el voucher, por el contrario, implica financiamiento a la familia (la demanda), que puede llevar su voucher a la escuela que elija”, explicó Mariano Narodowski.

En un sistema que vouchers como el que han propuesto los referentes de La Libertad Avanza, la idea es que las escuelas (estatales y privadas) compitan por la matrícula, ya que son los alumnos los que traen el financiamiento.

“No es posible financiar la demanda y oferta al mismo tiempo. En algunos sistemas de vouchers, como el de Nueva Zelanda, las escuelas privadas pueden cobrar un ‘copago’. En Chile, en cambio, las escuelas privadas que reciben vouchers tienen prohibido cobrarles una cuota a las familias, tras una reforma impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet. Allí solo están aranceladas las escuelas que no reciben vouchers”, continuó Narodowski.

“En teoría, los recursos que van a las escuelas son en función de la cantidad de alumnos que tienen. Por lo tanto, el resultado final (con aportes estatales a las escuelas privadas o con vouchers) debería ser similar en ambos sistemas”, señaló Alejandro Morduchowicz. “También hay que señalar que en la actualidad los subsidios a las escuelas privadas son para financiar el personal. Un sistema de vouchers debería contemplar todos los gastos de funcionamiento, no solo los de personal”, agregó.

¿Podrían coexistir los dos mecanismos? Para Morduchowicz, a priori, sí. Pero aclaró: “Desde un punto de vista conceptual, las preguntas que deberíamos hacernos son para qué deberían convivir ambos sistemas, y cuál sería el objetivo del voucher en tal caso. Si lo hicieran, desnaturalizarían la idea de competencia del voucher: no es lo que pretenden sus promotores. Por el otro lado, desde un punto de vista de la administración, esa coexistencia solo agregaría más distorsiones a las que ya hay, complicando más la gestión”.