“Libertad de contenidos” fue una de las consignas que planteó Javier Milei al referirse a la educación en el segundo debate de candidatos presidenciales en la Universidad de Buenos Aires. Aunque no está del todo claro qué implica esa idea para el candidato libertario, sí resulta evidente su oposición a la existencia de un currículum común a todas las escuelas del país, tal como lo prevén hoy los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), acordados por la Nación y las 24 jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación, y consagrados en la Ley de Educación Nacional.
Días antes del debate presidencial, uno de los asesores educativos de La Libertad Avanza, Martín Krause, había planteado en la Universidad Torcuato Di Tella tres prioridades: “La libertad debe avanzar en educación en tres sentidos: libertad de contenidos, de metodologías y de elección del proveedor del servicio”. El último punto hacía referencia a los vouchers, de los que tanto se habló en la campaña. Sin embargo, Krause –profesor de la UBA y la UCEMA y miembro del consejo académico de la fundación Libertad y Progreso– afirmó que, desde su perspectiva, el punto más importante era la libertad de contenidos.
En el debate en la Di Tella, Krause criticó los NAP –impulsados a partir de 2004– y consideró que “el problema es que haya contenidos homogéneos: nosotros queremos que haya diversidad, que los padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos”. Y siguió: “Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento. Con los NAP se busca un contenido unificado: la visión que se quiere imponer a todo el sistema apunta a crear alumnos militantes”.
Algunos especialistas marcaron dificultades para compatibilizar la propuesta de la “libertad de contenidos” –cuya letra chica se desconoce– con la idea de la “libre elección del proveedor del servicio educativo” (los vouchers), dado que en principio esa “libre elección” de las familias dependería de poder comparar los resultados que obtienen las escuelas en pruebas estandarizadas (algo que hoy no es posible porque está prohibida la publicación de resultados educativos por escuela, justamente para evitar la competencia y el posible aumento de las brechas entre “buenas” y “malas” escuelas).
¿Cómo se establecerían parámetros de comparación entre escuelas que enseñan contenidos distintos, sin un núcleo común? Si cada institución tiene su propio currículum, ¿cómo haría una familia para saber que la escuela A es mejor que la B, y en función de eso usar su voucher para elegirla? ¿Cuál es el límite entre la libertad de contenidos y la anarquía curricular?
“Si en educación hay libertad de contenidos, de métodos, de oferta y de elección familiar, no puede haber evaluaciones estandarizadas o rankings que parametricen la enseñanza. En ese caso, el único indicador de calidad educativa es la satisfacción de la demanda”, tuiteó Mariano Narodowski, investigador y profesor de la Universidad Di Tella, y académico asociado de Argentinos por la Educación. Narodowski agregó que la “libertad de contenidos” es incompatible con los rankings de escuelas que también alienta La Liberta Avanza.
“La diversidad de contenidos no es una idea estrafalaria, sino que la podés encontrar en práctica en países como Estados Unidos, Alemania y Suiza, que –supongo– no serán considerados como ejemplos irrelevantes”, dijo Martín Krause a Infobae. “En esos países se realizan evaluaciones sin ningún problema, a pesar de las diferencias”, afirmó.
Para Krause, tampoco habría contradicción entre la libertad de contenidos y la libertad de elección basada en la competencia entre escuelas: “No veo dónde podría haber una incompatibilidad, ya que los padres y familias elegirían la escuela a la que quieren enviar a sus hijos en base a resultados, a contenidos, a metodologías y otros criterios, según sus preferencias”.
Cohesión social versus preferencias familiares
La regulación de los contenidos educativos implica una tensión entre la cohesión social y el respeto a las preferencias de cada familia. Los especialistas consultados por Infobae señalaron que la mayoría de los países democráticos buscan un equilibrio entre ambos polos: una libertad curricular absoluta podría debilitar la cohesión social, mientras que una regulación total del currículum implicaría, entre otras cosas, desconocer la diversidad de la sociedad y la autonomía de los docentes. En ese sentido, el modelo actual en Argentina –con Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y a la vez margen de acción para las escuelas y los maestros– parece contemplar ambas necesidades.
“En la Argentina existe un consenso mayoritario sobre la importancia de definir contenidos indispensables para todos: porque explicitan el derecho a aprender protegiendo a los más vulnerables, porque suponen una cultura común que contribuye con la cohesión social y porque orientan la enseñanza, cuestión clave en contextos de deterioro de la formación docente”, señaló Cecilia Veleda, exidirectora del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y autora del reciente libro La cocina de la política educativa.
“Nosotros ya tenemos un porcentaje importante de libertad que tiene que ver con las instituciones confesionales, que pueden incorporar a la enseñanza sus credos y sus idearios. Entonces, ¿qué sería lo revolucionario de la libertad de contenidos? ¿podríamos tener escuelas con afirmaciones terraplanistas, o habría algún tipo de límite?”, se preguntó Viviana Postay, docente de nivel superior y formadora de docentes. “Desde mi perspectiva, el currículum común es fundamental para garantizar equidad y acceso universal a saberes básicos”, definió.
El equilibrio entre centralización curricular y libertad de contenidos varía entre diferentes países. “Existen distintos modelos de gobierno curricular. Los estudios más rigurosos indican que los países con mayor centralización curricular logran mejores resultados de aprendizaje”, explicó Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Y enfatizó que la capacidad de gobierno curricular es “un factor determinante de los logros del sistema educativo”.
Entre otras investigaciones reseñadas por Rivas en un trabajo reciente titulado “Gobernanza curricular: el dilema del currículum centralizado” (coescrito con Belén Sánchez), el Informe McKinsey de 2010 analizó procesos de mejora sostenida en 20 sistemas educativos. Ese estudio “estableció una distinción muy contundente entre los sistemas que tienen bajos resultados, que requieren mayor centralización curricular, y los de altos resultados, que requieren mayor descentralización”, señaló Rivas.
Según los hallazgos del Informe McKinsey, “los países con bajos resultados necesitan más apoyo a los docentes, materiales curriculares, libros de texto y una política de alineación clara entre estándares, evaluación y materiales”. En cambio, “los países que logran avanzar en sus resultados y que tienen mayores capacidades docentes –con una formación muy profesional de larga duración, con capacidades de autonomía y de investigación– necesitan más libertad curricular”, planteó el especialista de la Universidad de San Andrés.
Modelos y propuestas para la mejora
Para La Libertad Avanza, el gran modelo de referencia suele ser Estados Unidos. Allí este tema ha sido objeto de debate. “Es un país con un currículum muy descentralizado, que ha generado un movimiento hacia la creación de un currículum nacional que se implementó en los años 90, tras una larga discusión”, explicó Rivas. En aquellos años, varios estados avanzaron hacia la centralización curricular, un proceso que fue reforzado por la ley No Child Left Behind (“Que ningún chico se quede atrás”) de 2002, que apuntó a consolidar pautas curriculares nacionales. En 2015, esa ley federal fue reemplazada por otra con título aún más optimista: Every Student Succeeds (“Todos los estudiantes triunfan”).
En América Latina el panorama es heterogéneo. “Uno de los casos de mayor descentralización es el de Colombia, donde hay una tradición de baja regulación curricular y baja intervención estatal. Por el contrario, Chile tiene una definición de estándares curriculares muy prescriptivos, con una alineación entre el currículum y las evaluaciones estandarizadas nacionales (SIMCE), con libros de texto y materiales para los docentes: un Estado interventor muy fuerte, a pesar de las lógicas de mercado en el financiamiento de la educación”, señaló Rivas. En términos de aprendizajes, Chile exhibe mejores resultados que Colombia.
En los últimos años la atención de los especialistas de la región se ha detenido especialmente en Ceará, un estado del nordeste de Brasil que ha mejorado de manera sostenida sus resultados de aprendizaje. ¿Qué lecciones arroja ese caso en relación con la libertad de contenidos? Veleda respondió: “Los estados que han partido de una situación como la de la Argentina hoy –es decir, bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes y bajas capacidades de los docentes– han optado por una mayor regulación de los contenidos, no una mayor libertad. Este es el caso de Ceará, el quinto estado más pobre de Brasil, cuyos estudiantes logran hoy resultados semejantes a los de los países centrales en la evaluación internacional PISA”.
La Ley Federal de Educación de 1993 no implicó “libertad de contenidos”, pero sí una mayor descentralización del currículum. Viviana Postay recordó la “enorme fragmentación” que implicó aquella ley, al punto de dificultar los pases de alumnos entre escuelas de una misma ciudad: “En Córdoba, el Polimodal se llamó ‘ciclo de especialización’. Las instituciones tenían un porcentaje importante de materias creadas por los propios docentes. Entonces si vos querías cambiarte a otra escuela, aunque tuviera la misma orientación y estuviera en la misma ciudad, tenías que rendir un montón de equivalencias”.
El “gobierno curricular” supone no solo acordar contenidos comunes a todo el sistema educativo, sino también la capacidad de lograr que esos contenidos efectivamente se enseñen: los graves déficits de alfabetización de los alumnos argentinos (según los resultados de las pruebas ERCE) son una muestra de que la segunda cuestión resulta bastante más difícil que la primera.
Veleda planteó algunas propuestas para lograr que cada vez más estudiantes logren los aprendizajes esenciales. “Deberíamos seleccionar mejor los conocimientos esenciales por año escolar, ya que los NAP fueron establecidos por ciclos de tres años”, señaló la especialista. También mencionó el valor de “garantizar un libro por estudiante, centrado en esos conocimientos”, así como enfocar la formación de los docentes en esas prioridades curriculares.
Para Veleda, también sería deseable “realizar un monitoreo oportuno de los resultados de los alumnos, de manera de apoyar la enseñanza a tiempo”, lo que exigiría “realizar evaluaciones censales anuales, combinadas con otras evaluaciones más frecuentes diseñadas por los ministerios e implementadas por los docentes”.