Robert Silva: “En una campaña electoral, la educación debe ocupar un lugar central”

Robert Silva García es presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay, un organismo bastante singular a nivel regional: es un ente autónomo, encargado de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público –desde el nivel inicial hasta la secundaria– en el país vecino. Estuvo en Argentina para participar del Congreso Internacional de Alfabetización, Lectura y Escritura, organizado esta semana por la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Silva se sumó junto con otros colegas de Comunidad Araucaria, una red de ministros de Educación de la región impulsada por Fundación Varkey.

Silva es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Suena como futuro candidato a presidente por el Partido Colorado, pero no puede hablar de política partidaria por presidir la ANEP. En su paso por Mendoza, habló con Infobae sobre la reforma educativa que se está aplicando en Uruguay desde este año, y que implicó entre otras cosas cambios curriculares y en la repitencia. También resaltó la urgencia de colocar la educación en el centro de la agenda pública.

–El modelo de gobierno de la educación en Uruguay es bastante singular, con un ente autónomo que no depende del Ministerio de Educación. ¿Podría explicar qué es la Administración Nacional de Educación Pública?

–La ANEP es el organismo educativo del Uruguay. Tiene un presupuesto de 2.300 millones de dólares por año, con 66.400 funcionarios solo en el sector público, 700.000 estudiantes y 2.790 centros educativos en todo nuestro país.

Somos un ente autónomo, independiente. Fijamos la política pública educativa del Uruguay, establecemos nuestro plan de acción durante el quinquenio. Tenemos un directorio integrado por tres miembros que los vota el Congreso, designados por el Poder Ejecutivo, y otros dos electos por los docentes. No dependemos del Ministerio de Educación y Cultura. Tenemos todo el diseño de política y la administración y supervisión de todo el sistema educativo público y privado del Uruguay.

Allá por 1917, 1918, se quiso separar la educación de los avatares políticos; muchas veces los ministros que dependen del Poder Ejecutivo cambian incluso durante un mismo gobierno. Entonces el Uruguay pretendió darle autonomía técnica, presupuestaria y funcional a la educación. Nuestro presupuesto nos lo otorga el Parlamento y lo administramos nosotros. La regla en general ha sido que las personas permanecen todo el período de gobierno.

La ANEP es un ente autónomo, como la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica. El Ministerio, si bien no tiene jerarquía sobre sobre estas entidades, se dedica a coordinar y supervisar, y tiene a su cargo la cultura, la ciencia, la tecnología y la habilitación de las universidades privadas, así como de la formación docente.

Uruguay es el único país en el mundo que tiene esta estructura de gobierno. Al ser independientes, no estamos sometidos a los avatares políticos de una gestión gubernamental, lo que le da mucha estabilidad al sistema y mucha autonomía en su funcionamiento.

Por ejemplo, el Parlamento no puede incidir y darle directivas a la Administración de la Educación, no puede aprobar una ley que diga “hay que enseñar esto”: es potestad de la ANEP. Tampoco lo puede hacer el Ministerio: no estamos sometidos al Ejecutivo ni al Legislativo.

–¿En qué consiste la reforma educativa que empezaron a implementar este año?

–Estamos con un proceso de transformación educativa que tiene cuatro columnas fundamentales. La primera se relaciona con lo curricular, que no es solamente el cambio de planes y programas, sino que también impacta en las prácticas de enseñanza. La nueva política curricular está destinada al desarrollo de competencias: establecimos diez competencias generales que todo estudiante tiene que haber desarrollado cuando termina el ciclo obligatorio, y establecimos un nuevo reglamento de evaluación y de pasaje de grado. Llevamos la educación básica en el Uruguay a nueve años; estaba en seis. Hicimos un plan de educación básica integrada que va desde la educación inicial hasta el noveno grado, luego viene la educación media superior (el bachillerato), que es desde los 16 hasta los 18 años. Nosotros en Uruguay tenemos 14 años de educación obligatoria, que es un diferencial importante en la región.

Esa transformación curricular implicó el diseño de nuevas estrategias de evaluación. Hay un nuevo reglamento de evaluación y de pasaje de grado: antes teníamos un régimen de repetición todos los años, y lo llevamos a un régimen donde la repetición se ve diferida. Ya no hay repetición todos los años, sino solo cuando se termina un tramo educativo: en segundo, cuarto, sexto, octavo y noveno. Eso nos llevó a desarrollar un conjunto de estrategias de acompañamiento a los estudiantes, de tutorías académicas y de creación de nuevas figuras.

El segundo punto es la política docente. Estamos iniciando un proceso de reconocimiento universitario de nuestros docentes, con un cambio en los planes de formación, agregando en la formación inicial lo que tiene que ver con la educación multimodal, las plataformas educativas, la ciudadanía digital, el pensamiento científico, la investigación y el desarrollo de proyectos, con un fuerte foco también en las prácticas preprofesionales. Junto con el cambio en la formación inicial, estamos desarrollando planes de formación continua de docentes y concursos masivos para darles estabilidad. En esos concursos, que no había hace muchísimos años, están participando más de 25 mil docentes.

La tercera pata tiene que ver con una política de equidad, que ha sido tan característica del Uruguay, con una clase media que ha sido un colchón importante para tener una sociedad más igualitaria. Esa política implica la generación de centros educativos de tiempo completo en la educación media (séptimo, octavo y noveno), en donde los estudiantes están 8 horas en el centro educativo, tienen tres comidas diarias, los docentes tienen permanencia, hay mucho deporte, recreación, inglés y tecnología. También estamos continuando la política de escuelas primarias de tiempo completo, con un fuerte foco en la alimentación escolar. Tenemos más de 200.000 comensales en el Uruguay, con un presupuesto histórico de inversión en alimentación para nuestros niños y jóvenes.

La cuarta es la política de gestión: estamos desarrollando nuevos sistemas de información para la toma de decisiones en función de los datos. Estamos también propiciando modelos para predecir la trayectoria educativa de nuestros estudiantes y poder actuar a tiempo, y desarrollando cursos de formación para más de 2100 directivos y más de 400 inspectores.

–¿Cuáles cree que son las claves para poder llevar adelante los cambios en el sistema educativo? ¿Cuál es el valor del consenso en la construcción de reformas sostenibles?

–Yo creo que a veces el consenso genera un terrible daño en los sistemas educativos. Siempre hay que buscar el consenso, pero hay que poner plazos para tomar decisiones. A veces la eterna búsqueda del consenso hace que las decisiones no se tomen y eso termina perjudicando terriblemente a nuestros sistemas educativos, porque mientras algunos continúan discutiendo sobre posiciones filosóficas ortodoxas que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, miles de chiquilines abandonan el sistema educativo o directamente no ingresan. Hay que ser pragmático, hay que tomar decisiones que impacten en las condiciones de vida de los que menos tienen para que la educación sea un instrumento generador de oportunidades.

Yo creo que hay ciertas condiciones que son fundamentales para que un proceso de transformación educativa pueda llevarse adelante. La primera es el apoyo de la autoridad de gobierno, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no solo a través de la toma de decisiones sino también con la asignación de los recursos necesarios.

En segundo lugar, tiene que haber un plan. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, de tomar las decisiones y hacer que las cosas sucedan: escuchamos, dialogamos, pero las decisiones las tomamos nosotros. Si hay acuerdo, mejor; pero si no hay acuerdo, eso no va a ser obstáculo para que tomemos las decisiones necesarias para desarrollar el plan que todo gobierno debe tener. Entonces procuramos acuerdo, pero les hemos puesto a los sindicatos las cosas claras: ellos defienden a un conjunto de personas –y están en su legítimo derecho–; nosotros somos representantes del interés general de la república.

–Usted vino a Mendoza para participar del Congreso Internacional de Alfabetización, un tema que ha estado en agenda este año en Argentina. ¿Es también una preocupación en Uruguay?

–Vinimos nosotros y también ministros de otros países y referentes del Banco Mundial porque hay una política muy buena y creo que en estos tiempos cada vez más se impone la cooperación, el diálogo, el avanzar juntos. En Mendoza se están haciendo cosas muy buenas en educación desde hace tiempo. Han demostrado que los cambios de gobierno no son un obstáculo para que la política pública en educación se concrete, con un esfuerzo sostenido a través del tiempo para que se logren los aprendizajes fundamentales, sobre todo de los niños más vulnerables. Están mostrando resultados muy positivos en la alfabetización, que es uno de los saberes fundamentales, porque impacta decididamente en la inclusión social y en el desarrollo de una persona. Nosotros queremos poner este tema en agenda en Uruguay. Queremos escuchar las discusiones que están teniendo, porque es algo en lo que tenemos que avanzar.

–Uruguay es referencia internacional en educación digital, con el Plan Ceibal. ¿Qué desafíos pendientes quedan después de más de 15 años de continuidad?

–El pasado 4 de octubre se conectó el último centro educativo público uruguayo: el 100% de los centros educativos del Uruguay están conectados con banda ancha, gracias a un acuerdo entre la empresa de telecomunicaciones, Ceibal y la ANEP. Es un accionar conjunto en el marco de una política de Estado. El otro día recordaba que el 5 de julio del año 2001 yo firmé la resolución por la cual se iniciaba el proceso de conectividad de los centros educativos en el Uruguay, y eso fue la base fundamental para que en 2007 surgiera el Plan Ceibal, que continuó a través de los gobiernos.

El gobierno actual lo ha potenciado, concibiéndolo como una agencia de innovación al servicio del sistema educativo, para atender sus requerimientos pero a su vez para proponerle escenarios nuevos. Ese es el gran cambio que ha tenido el Ceibal en los últimos tiempos: no es solo proveedor de dispositivos, sino una agencia de innovación que desarrolla un rol cada vez más trascendente en la mediación del proceso de enseñanza y de aprendizaje por la tecnología.

Nosotros estamos por primera vez entregando computadoras –antes se entregaban tablets– a todos los estudiantes que comienzan la educación media básica (séptimo año). Comenzamos un plan de entrega de dispositivos a los estudiantes de bachillerato, de 16 o 17 años, y a su vez estamos con cursos de formación en ciencias de la computación para estos estudiantes, donde acreditan programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, entre otras cosas. El Ceibal es una muestra de que cambian los gobiernos y las políticas públicas continúan.

–Su nombre suena entre los posibles candidatos presidenciales para la próxima elección en Uruguay. ¿Qué le podría aportar a una eventual candidatura su proveniencia del terreno de la educación?

–El cargo que yo ocupo tiene una inhibición constitucional de poder expresarse políticamente. Hasta que termine el período de gobierno en marzo de 2025, yo no puedo hablar de política. Lo que te puedo decir es que, más allá de que un candidato venga del área de la educación, yo creo que en cualquier campaña electoral el tema educativo tiene que ser eje central de discusión, porque la educación ocupa hoy más que nunca un lugar protagónico en la vida de las naciones. La educación tiene impacto en lo social, mejora la ciudadanía y las prácticas de participación; tiene impacto en la seguridad –está demostrada la estrecha relación entre la menor educación y el mayor índice de inseguridad–; tiene impacto en lo individual porque a mayor desarrollo educativo, mejor inclusión social. Además, tiene impacto en lo económico, en el desarrollo de los países: a mayor calidad educativa, mayor productividad nacional.

La educación tiene que estar en el debate. Y hay que trascender los eslóganes: el sistema debe tener más recursos, sí, pero tiene que optimizar los recursos que ya tiene, que en el caso uruguayo son muchos. La educación tiene que ser de calidad, sí, pero tiene que decirse qué cosas se van a hacer para que la educación sea de calidad. La educación tiene que mejorar la equidad, pero hay que decir qué medidas se van a adoptar para que efectivamente la inequidad disminuya. En cualquier campaña electoral, la educación debe ocupar un lugar central, pero no con discursos demagógicos, sino con propuestas concretas.