Más uso de los datos y planificación a largo plazo, claves para mejorar la evaluación educativa

Este año, el sistema educativo argentino cumple 30 años de políticas de evaluación: desde el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 1993 hasta Aprender 2023 –la prueba que se tomó la semana pasada en todas las aulas de sexto grado–, el país ha logrado mantener la continuidad de las evaluaciones estandarizadas nacionales, además de sostener su participación en operativos internacionales como las pruebas PISA y las de Unesco.

El aniversario invita a una pregunta: ¿hasta qué punto esas evaluaciones han servido para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Sobre este punto crítico ofrecen algunas respuestas los investigadores Esteban Torre, Juan Cruz Perusia y Juan Xanthopoulos en un documento que lanzó ayer el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en el auditorio de Fundación Telefónica.

“Hay un consenso sobre el potencial de las evaluaciones estandarizadas para incidir en la mejora educativa”, planteó Esteban Torre, director de Educación en Cippec, al presentar el documento. A su lado, el secretario de Evaluación e Información Educativa de la Nación, Germán Lodola, señaló que “la evaluación no es una herramienta exclusivamente técnica y aséptica, sino que forma parte de la política educativa y, por lo tanto, debe analizarse dentro de los objetivos de política educativa de un gobierno”.

Lodola dijo que es preciso “discutir cuál es el lugar de la evaluación en la política educativa”, y definió: “Para algunos sectores es un fin, para nosotros es un instrumento”, cuyo objetivo debe ser “contribuir a que los chicos aprendan más y, sobre todo, a que aprendan más los chicos más pobres”.

A 30 años del inicio de las evaluaciones de aprendizajes a gran escala, “su persistencia en el tiempo y su sostenimiento por parte de los distintos gobiernos dan cuenta de una política consolidada en cuanto a su presencia”, afirman Torre, Perusia y Xanthopoulos en el documento de Cippec, titulado Hacia una política nacional de evaluación educativa a gran escala al servicio de la mejora de los aprendizajes.

Sin embargo, continúan los autores, “una de las debilidades principales de las evaluaciones a gran escala en Argentina durante todos estos años ha radicado en la falta de definiciones acerca de cómo se espera que ocurran las mejoras en el sistema educativo a partir de sus resultados”.

En el país, tanto las evaluaciones internacionales como las nacionales evidencian serios déficits de habilidades fundamentales en Lengua y Matemática. En secundaria, las pruebas Aprender 2022 mostraron que 4 de cada 10 estudiantes en el último año escolar no alcanzan el nivel esperado en Lengua, mientras que 8 de cada 10 no lo logran en Matemática.

Los 30 años de evaluaciones sugieren que medir resultados no alcanza para mejorar la calidad educativa. El problema no es exclusivo de Argentina: organismos internacionales como el Banco Mundial y Unesco vienen advirtiendo sobre una “crisis del aprendizaje” a nivel mundial.

¿Cómo lograr que las evaluaciones contribuyan a la mejora? Los especialistas señalan que es fundamental contar con un propósito claro –un “para qué”–, para evitar inconsistencias (desde el diseño de las pruebas hasta cómo se difunden y utilizan sus resultados).

El uso más intensivo de los resultados, la planificación a largo plazo y una mayor independencia de los organismos responsables de evaluar al sistema educativo aparecen entre los principales desafíos que identifican los investigadores. En esta línea, señalan que es clave precisar quiénes serán los usuarios de la evaluación, los productos que derivarán de sus resultados y el uso esperado para cada uno de ellos.

Si bien las evaluaciones nacionales existen desde 1993 –fueron creadas por la Ley Federal de Educación–, la pandemia de COVID-19 dio un impulso a las evaluaciones provinciales. Hasta 2019, solo 5 jurisdicciones (CABA, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos y Formosa) tenían evaluaciones propias, informa el documento. Desde entonces, 12 provincias han implementado sus evaluaciones de aprendizaje, y otras 3 tienen previsto hacerlo en 2023.

En este sentido, Torre, Perusia y Xanthopoulos resaltan que es necesaria una mayor coordinación entre los operativos nacionales y los jurisdiccionales. En este punto, Lodola marcó una diferencia durante la presentación del documento: “Argentina es un mosaico –no solo en términos de política de evaluación– porque es un país federal, en el que las provincias anteceden a la Nación. Ese mosaico no se puede cambiar, salvo que queramos un país unitario”.

Lodola continuó: “Hay que buscar cierta uniformidad, pero cada provincia tiene programas diferentes, utiliza métodos de alfabetización diferentes, y por lo tanto es lógico que sus evaluaciones sean diferentes. No se puede dar uniformidad a lo que no es uniforme”. En el auditorio lo escuchaban, entre otros, José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza, y Gabriela Brandán, coordinadora de la Subsecretaria de Planeamiento, Evaluación y Modernización del Ministerio de Educación de Córdoba.

Contar con mayor planificación y previsibilidad también forma parte de las recomendaciones de Cippec. “Los planes nacionales de evaluación educativa diseñados para 2020-2021 y 2023-2024, impulsados desde el Ministerio de Educación de la Nación y acordados en el Consejo Federal de Educación, representaron un primer avance en términos de planificar y dar cierto marco de previsibilidad a la implementación de distintos instrumentos de evaluación”, plantean los autores en el documento.

Sin embargo, sostienen que sería necesario darles mayor previsibilidad a los operativos nacionales –entre otras razones, para evitar la superposición con las pruebas de cada provincia–, y proponen entonces una política nacional de evaluación a 10 años (por ejemplo, 2025-2034). Esa política, sostienen desde Cippec, debería contemplar algunas cuestiones centrales.

En primer lugar, sugieren implementar evaluaciones censales quinquenales para elaborar un mapa nacional de aprendizajes y trayectorias educativas a nivel de escuela. También recomiendan continuar las evaluaciones de diagnóstico sobre las áreas fundamentales de Matemática y Lengua, con operativos muestrales bienales, en los últimos años de los niveles primario y secundario.

Otra recomendación apunta a incorporar la evaluación de las habilidades socioemocionales en ambos niveles educativos. Esto incluye habilidades “blandas” como la comunicación y la colaboración, así como cuestiones emocionales como la empatía y la resiliencia, que “resultan fundamentales para el desarrollo pleno de una persona en la escuela, en el trabajo y en la vida”.

En cuarto lugar, los autores subrayan que es necesario aumentar la coordinación de las evaluaciones entre Nación y las jurisdicciones. Esto requiere definir cuáles serán los propósitos específicos de los dispositivos nacionales, para que los esfuerzos de las provincias sean complementarios y no superpuestos. Por último, también alientan a “promover procesos de evaluación formativa” en el aula.

Los expertos resaltan que es fundamental seguir participando de evaluaciones internacionales como las de Unesco y la OCDE, dado que “este tipo de estudios son los únicos capaces de comparar la evolución de los aprendizajes de los estudiantes de Argentina con los de otros países”. Otra ventaja de la participación es que permite “conectar a los equipos técnicos del país con sus pares de otros países del mundo y así fortalecer las capacidades técnicas nacionales”.

En esta línea, en noviembre una muestra de estudiantes de 3º y 6º grado de 230 escuelas primarias participarán de ERCE Postpandemia 2023, una versión reducida de la evaluación regional ERCE 2019 que buscará relevar el impacto de la pandemia del COVID-19 en los logros de aprendizaje de los estudiantes de América Latina. La prueba incluirá preguntas de Matemática y Lectura, y un cuestionario sobre el bienestar socioemocional de los alumnos. Además, en diciembre se conocerán los resultados de las pruebas PISA 2022, que evalúan a los estudiantes de 15 años.