Referentes de los candidatos a presidente debatieron sobre los desafíos educativos de la próxima gestión

Formación para el trabajo, financiamiento educativo, alfabetización y formación docente fueron los principales ejes del “Diálogo por la Educación”, una iniciativa que reunió en el Malba a los referentes educativos de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y Hacemos por Nuestro País, tres de las cinco fuerzas políticas que competirán en las elecciones presidenciales del 22 de octubre. En cambio, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda coincidieron al ausentarse y eludir el debate.

Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, fue el vocero de Unión por la Patria; Fabio Quetglas, diputado nacional por la UCR, habló en nombre de Juntos por el Cambio; mientras que Walter Grahovac, ministro de Educación de Córdoba desde 2007, fue el referente educativo designado por el espacio de Juan Schiaretti. El evento fue organizado por Conciencia, Educar 2050, Fundación Varkey y Argentinos por la Educación, y contó con la moderación de los periodistas especializados Ricardo Braginski y Luciana Vázquez.

El primer bloque se enfocó en los desafíos de la formación para el trabajo. En este punto los tres referentes coincidieron en la necesidad de que la educación brinde herramientas para el mercado laboral, aunque no hubo tanto consenso en torno a cómo acercar la escuela al mundo del trabajo.

“Se ha instalado en el discurso público una falsa dicotomía entre ciudadanía y trabajo. Si no conseguís trabajo, no tenés autonomía. Hay que romper ese estigma: la escuela media tiene que preparar para el trabajo”, empezó Fabio Quetglas. Y siguió: “La macroeconomía depende en gran medida de las capacidades de las personas. Hemos lesionado a largo plazo un potencial enorme por la falta de calidad educativa y por el desanclaje entre la educación y el trabajo del siglo XXI”.

Germán Lodola coincidió en que “la educación y el trabajo son los dos grandes ordenadores de la vida social” y aseguró: “Necesitamos preparar a los jóvenes para la inserción rápida en el mundo del trabajo”. Pero aclaró que esa transición debe darse “dentro del mercado formal”, y que “las prácticas profesionalizantes no necesariamente prestan atención a esto”, cuando les ofrecen a los chicos tareas como ser repositores de supermercado o sacar fotocopias.

Quetglas le respondió: “En Argentina el 45% del trabajo es informal. La escuela tiene que formar para el mejor trabajo posible, hay que revalorizar el trabajo como herramienta de integración. El repositor de supermercado no es un ciudadano de segunda; el mensaje tiene que ser claro. Si a un pibe le toca ser repositor una semana, también puede aprender ahí. En esta Argentina, es mejor que el pibe aprenda ciertas pautas en un trabajo, aunque no sea el trabajo ideal”.

Grahovac señaló que es necesario “romper con los clichés ideológicos que observan el trabajo con una mirada peyorativa: el trabajo es la base para poder tomar decisiones libres y autónomas sobre el progreso personal”. El ministro cordobés ratificó que “la escuela secundaria y la escuela técnica deben incluir espacios de formación para el trabajo”, pero también advirtió que los problemas empiezan mucho antes: “El gran déficit que tiene Argentina es el abandono de la matemática como prioridad. En el mundo digital, desconocer la matemática es ser casi un analfabeto. Hoy se valora más la capacidad general de comprensión que una técnica específica”.

Lodola señaló que desde Unión por la Patria proponen duplicar la matrícula de las escuelas técnicas (hoy representan el 17% del total de estudiantes del nivel secundario) y aumentar la cantidad de mujeres (son el 30% de la matrícula), dado que el tránsito al mercado laboral resulta más fácil para los estudiantes de esta modalidad. También afirmó que se proponen generar infraestructura para fortalecer la formación profesional, incorporar a la currícula contenidos relacionados con el mundo del trabajo y “fortalecer los vínculos entre las escuelas y el sector socioproductivo”.

Con respecto a la educación técnico-profesional, Grahovac dijo que “las escuelas técnicas hoy tienen 19 especialidades, pero muchas están pensadas en función del mundo fordista. Todavía son necesarias en algunas zonas (Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires), pero en las empresas medianas y grandes ese mundo fordista ya no existe”. El ministro destacó la experiencia de las Escuelas Secundarias con Formación Profesional en Córdoba, especializadas en programación, robótica o nuevas tecnologías aplicadas al agro, entre otras orientaciones.

La inversión educativa fue otro eje del debate. Aquí hubo disensos en torno al valor real del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que propone elevar la inversión en educación al 8% del PBI –aunque en los últimos 13 años, la meta legal del 6% se cumplió una sola vez–. La medida fue presentada la semana pasada por el candidato y ministro de Economía Sergio Massa junto con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

“Nosotros entendemos que la inversión es central. En estos 40 años de democracia hubo dos períodos de desfinanciamiento del sistema educativo: 2001 y 2016-2019. El derecho a la educación se garantiza con inversión continua”, definió Lodola. Y afirmó: “Necesitamos un pacto real con la educación, no uno ficticio. Ese pacto se ve en el presupuesto”.

Al responder por el incumplimiento sistemático de la ley desde 2010 –que implicó acumular una deuda de 26.000 millones de dólares del Estado con la educación, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación–, Lodola señaló que “los gobiernos peronistas se desviaron menos de la meta que el gobierno de Cambiemos”. Y puntualizó: “Hay espacios políticos que ponen la inversión como prioridad y otros que no. En Juntos por el Cambio hay sectores que quieren seguir invirtiendo en las universidades y otros que quieren arancelarlas. Y el modelo de La Libertad Avanza implica aún más desfinanciamiento”.

Quetglas planteó que el debate sobre la inversión requiere un sinceramiento: “Si Argentina no recupera el equilibrio general, se va a quedar sin servicios públicos. El país vive una crisis de estabilidad. La Argentina precisa sinceridad: la educación se va a recuperar el día que el gobierno recupere el sentido. El gobierno de Alberto Fernández no llega a invertir hoy el 6% del PBI en educación porque no tiene equilibrio fiscal. Es una discusión hipócrita la del financiamiento en estas condiciones macroeconómicas”.

Por su parte, Grahovac señaló: “Las provincias invertimos más del 90% del presupuesto educativo en pagar salarios magros. Esto es una entrega de soberanía: para fortalecer el sistema educativo dependemos de la Nación, pero en las provincias no siempre sirven los enlatados que llegan desde el gobierno central”. Grahovac también cuestionó el destino de algunos fondos de la coparticipación, que “han ido a los municipios para que den talleres de zumba en vez de ir a las provincias para garantizar la jornada extendida; recién este año se pudo avanzar con la quinta hora de clase en primaria, cuando era una meta desde 2005″.

Luego el debate se enfocó en los resultados del sistema educativo, que según las evaluaciones nacionales (ONE y Aprender) e internacionales (PISA y las de Unesco) están estancados o en retroceso, incluso pese al aumento de la inversión.

Lodola cuestionó que se hayan deteriorado los aprendizajes: “Argentina mantiene estabilidad en los desempeños; hubo mejoras hasta 2013 o 2015 y desde entonces hubo estabilidad, salvo la caída producida por la pandemia. El factor que mejor estratifica el desempeño de los chicos es el origen socioeconómico. En un país con dificultades económicas enormes, es lógico que eso se traduzca en los desempeños. Pero la calidad educativa no se mejora con medición sino con inversión”.

Aquí hubo otro punto de disenso. “Hay que invertir y medir, no alcanza con invertir. Y empezaría por medir a los funcionarios. Por eso hay empresas que quiebran: porque invierten mal. Es muy importante saber lo que está pasando para tomar mejores decisiones”, respondió Quetglas.

Los problemas de alfabetización en el primer ciclo de primaria fueron otro tópico central. Al responder sobre las divergencias en torno a los métodos –el global o el “fonológico”–, Quetglas respondió: “Nosotros estamos pensando en el método fonológico para la alfabetización. Pero una imposición metodológica en las 24 provincias no sería viable. Desde el gobierno federal hay que ayudar a las provincias a construir una respuesta adecuada, pero no por medio de una imposición”.

Al explicar los obstáculos para avanzar con reformas en el método de enseñanza de la lectoescritura, Quetglas opinó que “es muy difícil para el sistema educativo ‘desdecirse’ de lo que viene haciendo desde hace años”, y agregó que “en la conversación pedagógica argentina hay un debate en este sentido; las experiencias positivas de algunas jurisdicciones deben tomarse como referencia para poner la alfabetización en el centro de la política educativa”.

Lodola también rechazó la posibilidad de intentar imponer un único método de alfabetización en todo el país. Pero disintió en su valoración de las distintas alternativas: “No hay evidencia empírica robusta de que un método específico sea mejor que otros”.

Por su parte, Grahovac señaló que el problema de la alfabetización empieza en la formación inicial de los maestros: “Los institutos de formación docente no están en condiciones de formar bien a los docentes, mucho menos pueden investigar. Cada provincia debería tener su equivalente al INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente) que acompañe estos procesos. Hay que cambiar el diseño curricular de la formación docente. Pero es muy difícil tocar esa catedral”.

En este punto, Quetglas planteó: “Necesitamos valentía para asumir que lo que hicimos hasta ahora no funciona. Están las catedrales y las sensibilidades, pero tenemos la responsabilidad política de que los estudiantes sepan leer y escribir en tercer grado. Si hay dos o tres jurisdicciones que están teniendo buenos resultados, hay que potenciar esas iniciativas en el Consejo Federal de Educación”.

Los tres referentes coincidieron en la necesidad de potencial rol del Consejo Federal, que reúne a los 25 ministros de Educación del país (el de Nación y los de las 24 jurisdicciones). Incluso coincidieron en que sería posible darle una mayor transparencia a las discusiones que suceden allí publicando las actas de las reuniones. También reconocieron, más allá de las diferencias planteadas a lo largo de la conversación, que la educación es un tema en el que existe capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. No quedó claro, por la ausencia de sus referentes, que esa voluntad de diálogo abarque a los libertarios y a la izquierda, cuya coincidencia en este caso fue rechazar la invitación y optar por el silencio.