40 años de educación en democracia: los aprendizajes de los ministros

¿Qué aprendimos en 40 años de educación en democracia? Sin desconocer las múltiples deudas pendientes, las cuatro décadas de continuidad democrática son una oportunidad para repasar lo construido en el sistema educativo. Esa construcción ha sido colectiva –involucra a docentes, estudiantes, gobiernos, familias, organizaciones sociales– y ha dado frutos significativos: la expansión de la secundaria y del nivel inicial, el descenso del analfabetismo, la actualización y ampliación de los diseños curriculares, la construcción de escuelas y el mayor acceso a la universidad son solo algunos.

En esta nota, nueve exministros de Educación de la Nación, que lideraron –con visiones diversas– la transformación del sistema educativo en democracia, reflexionan sobre sus aprendizajes en la tarea. Más allá de sus colores políticos, la experiencia de cada uno resulta valiosa y puede contribuir a que el próximo ministro o ministra continúe construyendo sobre lo que han hecho quienes lo precedieron. Con sus aciertos y errores, todos ellos han pasado por la función pública para ponerse al servicio de la mejora de la educación.

En los 40 años de democracia, Argentina tuvo 20 ministros de Educación: en promedio, cada uno estuvo en el cargo dos años (una duración inferior al promedio regional, según mostró un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación). La gestión más extensa fue la de Alberto Sileoni, quien estuvo más de 6 años al frente del Ministerio, entre julio de 2009 y diciembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Aprendí mucho en mis años de gestión, tuve una prolongada actividad como ministro. Por supuesto, terminé siendo distinto al que comenzó”, cuenta Sileoni. El último año de su gestión fue el único de la historia reciente en el que Argentina alcanzó la inversión del 6% del PBI en educación: “Aprendí que lo que no es presupuesto es ilusión, es pura discursividad”, define. Además, Sileoni resalta la importancia de construir una mirada federal y abierta al diálogo: “Aprendí que hay que recorrer el territorio de la patria y aprender, hay que estar abierto a las ideas de otras y otros, aprendí que como dice algún filósofo ‘la verdad siempre tiene un pie en el campo adversario’, siempre hay una crítica de los otros, que no acuerdan con uno, que en general hay que escucharlas, porque algunas críticas son de la intolerancia pero hay otras que marcan nuestras debilidades”.

También Esteban Bullrich, ministro entre diciembre de 2015 y julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, subraya la necesidad de una mirada amplia, capaz de reconocer la diversidad de realidades en un sistema educativo federal, así como una imprescindible capacidad de escucha: “El aprendizaje más importante fue que, aunque hay problemáticas comunes, cada distrito es un mundo con características propias. No caben respuestas generales, hay que conocer los desafíos provinciales y articular más con los equipos provinciales”. En ese sentido, Bullrich destaca la experiencia del Acuerdo de Purmamarca, un documento de 14 puntos que tuvo la adhesión de los 24 ministerios provinciales y el ministerio nacional: “Lo firmamos el 12 de febrero de 2016, 62 días después de haber asumido”.

Daniel Filmus, ministro entre mayo de 2003 y diciembre de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, acentúa el desafío de la coordinación entre los 24 sistemas educativos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires: “Como los sistemas educativos, que son provinciales, no dependen del Gobierno nacional, el ejercicio que tiene que hacer un ministro es de concertación, principalmente con una mirada federal de las 24 jurisdicciones, pero también con una mirada política, porque hay que articular con las fuerzas de la oposición. Y para conseguir lo esencial hay que hacer las reformas con altísimos grados de consenso con los propios docentes, con los sindicatos, discutiendo escuela por escuela, como se hizo en la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006”.

La confirmación de equipos ministeriales con perfiles técnicos puede contribuir a la construcción de esos acuerdos federales, según la experiencia de Susana Decibe, titular de la cartera educativa entre marzo de 1996 y mayo de 1999, en pleno proceso de reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem. Decibe fue una de las dos mujeres que ocuparon el cargo (junto con Graciela Giannettasio, fallecida el año pasado). “Aprendí que los equipos que deben gestionar las políticas públicas deben estar altamente preparados y que deben ser incorporados utilizando criterios meritocráticos y no partidarios. Eso les da a las propuestas alta confiabilidad para acordar con las autoridades provinciales y con la docencia en general”, afirma Decibe. Y agrega: “Lo mismo vale para el sistema universitario y de Ciencia y Tecnología. El Estado no es del partido político que gana una elección”.

A Nicolás Trotta, ministro entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, le tocó el desafío excepcional de la pandemia. “Un aprendizaje que excede al campo educativo es que la gestión pública implica la toma de decisiones todos los días. Uno no puede ser dubitativo, hay que tener capacidad de escucha, pero tiene que ir acompañada con capacidad de decisión, y mucho más en momentos de excepcionalidad”, reflexiona Trotta.

Desde su perspectiva, es fundamental que el ministro nacional asuma, junto con los ministros provinciales, la tarea de priorizar la educación en la agenda pública. Sigue Trotta: “Creo que la educación tiene que estar siempre en la agenda pública, y eso es una responsabilidad que tiene el ministro o la ministra nacional y las 24 provincias. Esto implica tensiones hacia dentro de los propios gobiernos que uno integra. Ese es otro aprendizaje: ser parte del gobierno implica tensionar, dar las discusiones, tener diagnósticos claros y a veces tomar decisiones que para ciertos sectores pueden ser negativas, pero que uno considera centrales en el marco de procesos de mejora sostenible”.

La cartera educativa estuvo a cargo de Hugo Juri entre septiembre de 2000 y marzo de 2001, los meses previos al estallido de diciembre, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Juri analiza el impacto de las crisis en la posibilidad de priorizar la educación: “En el ministerio aprendí que, si hay una de las recurrentes crisis económicas de nuestro país, el poder de convencimiento del Ministerio de Educación puede ser muy insuficiente en comparación con el de las corporaciones políticas, sindicales, productivas y financieras. La educación, justamente en la era del conocimiento, puede recibir desproporcionadamente el peso de los ajustes que se realizan”.

Te puede interesar: Beatriz Diuk: “Hemos bajado las expectativas y el resultado es que los chicos aprenden menos”

Juri también subraya la importancia del liderazgo para instalar la educación en la agenda pública: “Desafortunadamente, la educación no aparece en las encuestas ni en las primeras preocupaciones de una sociedad con décadas de crisis”. Pese a las urgencias que tienden a relegar la preocupación social por la educación, Juri asegura: “En el ministerio aprendí que, aun en situaciones socioeconómicas muy precarias, el deseo de maestros, alumnos y familias de educar y educarse todavía persiste con mucha fuerza en la acción y en la memoria del espíritu de la Ley 1420″.

También Alejandro Finocchiaro, ministro entre julio de 2017 y diciembre de 2019, durante la segunda etapa del gobierno de Mauricio Macri, evoca el largo influjo de la Ley 1420, que “fundó la argentinidad”. Finocchiaro explica el principal aprendizaje en su paso por la cartera educativa: “Aprendí que el Ministerio debe enfocarse en aquello que le es indelegable, y eso es garantizar el derecho a aprender consagrado en la Constitución. No debe distraerse con otras tareas para las cuales hay áreas del Estado con una conformación más adecuada, como todo lo vinculado a la infraestructura”.

Juan José Llach, ministro entre diciembre de 1999 y septiembre de 2000, durante la primera etapa del gobierno de De la Rúa, también reconoce varios aprendizajes en su paso por el Palacio Pizzurno. Su recomendación para el próximo ministro: “Dividir en dos carreras la formación docente. Una nueva para quienes están cursando y quienes deseen hacerlo, y la tradicional para quienes ejerzan”.

Por su parte, el actual ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, prefiere esperar al final de su gestión para compartir lo aprendido en estos años. Y afirma: “Nosotros somos muy respetuosos de todos aquellos que dan este paso. Es un desafío enorme, que requiere asumir que trabajamos con subóptimos. Todos los que trabajen por los derechos de nuestros chicos, para mejorar la educación, para ampliar las condiciones de los trabajadores de la educación, para que haya más vacantes y que esas vacantes sean en mejores condiciones para todos, van a contar con nuestro apoyo”.

La construcción de consensos resulta clave para que las reformas sean sostenibles, plantean varios exministros. “El aprendizaje más importante es la necesidad de tener políticas de Estado que atraviesen distintos gobiernos, con las alternancias propias de la democracia”, plantea Daniel Filmus. Y señala que las cinco leyes aprobadas durante su gestión –Ley de 180 días de clase, Ley de Educación Técnico Profesional, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Sexual Integral y Ley de Educación Nacional– se lograron “en forma bastante consensuada, no necesariamente por unanimidad, pero con un consenso entre las fuerzas del oficialismo y la oposición, producto de un trabajo participativo muy importante”.

Para Hugo Juri, en educación esos acuerdos son posibles. De cara a los próximos años, propone: “Hay gran coincidencia entre expertos educativos en todos los sectores ideológicos como para juntarlos antes de asumir el Ministerio y acordar acciones concretas, en tiempos estipulados, con financiamiento blindado y metas medibles y seguidas con tablero de comando”. Juri sostiene que esto debería ser firmado por todo el arco político con una proyección a diez años, “y si es posible, incluirlo en una ley educativa, como se realizó en Córdoba entre 2010 y 2020″, en referencia al Compromiso por la Educación promovido por el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC). Ese documento fue suscripto por Juan Schiaretti, Luis Juez y Oscar Aguad, entre otros referentes de la política cordobesa.

El rol de los sindicatos docentes en la construcción de los acuerdos es un punto de disenso. Alejandro Finocchiaro resalta que su gestión se preocupó por “restablecer un eje que se había perdido, y era el de recuperar para todos nosotros, o sea para el Estado, la capacidad de dictar las políticas públicas educativas y sacarlas del dominio de algunas corporaciones sectoriales que se las habían adueñado”. En contraposición, Alberto Sileoni afirma: “Las organizaciones gremiales son organizaciones libres del pueblo que tienen una tarea para hacer. Hay que trabajar con los docentes y con sus organizaciones gremiales. No es posible realizar políticas educativas contra los docentes, ni es posible realizar políticas educativas sin los docentes”.

Reconocer los aprendizajes y lo construido en estos 40 años no implica desconocer lo que falta para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los chicos y chicas. “Tenemos muchas deudas que debemos resolver porque la sociedad no está satisfecha con el sistema educativo, aunque hemos avanzado mucho”, dice Sileoni. Y agrega que “la nostalgia no es el camino, no vamos a encontrar ningún modelo atrás. Hay que inventar, trabajar y dedicarse a encontrar nuevos caminos”.

“En 1983 Argentina tenía 38% de escolarización en secundaria: el 62% de los chicos no iban a la escuela secundaria. Hoy tenemos 90% de escolarización. La democracia empezó con 350.000 estudiantes universitarios en un país que tenía 28 millones de habitantes. Nos encontramos, 40 años después, con que hay 7 veces más universitarios (2,5 millones), aunque no llegamos a duplicar la población –describe Jaime Perczyk–. Así como en otras áreas hay problemas que no hemos logrado resolver, en educación hay problemas que sí se han resuelto, lo que hace que ahora tengamos que abordar otros. La Argentina aún tiene un montón de problemas: debemos resolverlos en democracia y en el marco de las leyes”.

Como es sabido, las pruebas estandarizadas muestran que los estudiantes argentinos tienen déficits serios de aprendizaje, tanto en primaria como en secundaria. Sin embargo, la dilatada persistencia de viejos problemas en Argentina sugiere que el déficit de aprendizaje más severo es el que afecta a los adultos. Tal vez un primer paso sea reconocer las lecciones que surgen de estos 40 años de recorrido democrático, en los que no resulta posible atribuir todos los aciertos o todos los errores a un único sector; mucho menos, esperar las soluciones de un salvador mesiánico que pretenda refundarlo todo. A pesar de las frustraciones, la democracia sigue siendo el único sistema que permite continuar la construcción colectiva de un mejor sistema educativo, es decir, de una sociedad más justa.

Seguir leyendo: