Susana Decibe: “Hay que reestructurar la formación docente, discutir una nueva ley laboral y mejorar los salarios”

Estudiantes, docentes, familias y especialistas coinciden en la necesidad urgente de mejorar la calidad de la educación que reciben los chicos y las chicas de nuestro país. A modo de ejemplo van dos datos que permiten dimensionar la situación de la educación en la Argentina. El primero: uno de cada dos estudiantes de tercer grado no comprende textos adecuados a su edad, según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) que se realizó en 2019, prepandemia. El segundo: cada año unos 800.000 adolescentes se inscriben para cursar el primer año de la secundaria y otro tanto el segundo. Sin embargo, de ahí en adelante, cada año, se registran menos estudiantes. Y solo 16 de cada 100 que comienzan la secundaria terminarán en tiempo y forma, aunque vale destacar que esa cifra sube considerablemente si se incorpora a los y las estudiantes que terminan egresando uno, dos o tres años después.

Para la exministra de Educación y actual coordinadora de la comisión de educación de Juntos por el Cambio, Susana Decibe, hay que poner el foco en los y las docentes para explicar las dificultades en los aprendizajes que muestran los y las estudiantes de nuestro país. Y para modificar esta situación propone reestructurar la formación docente, discutir una nueva ley laboral y mejorar los salarios de docentes y directivos.

Decibe es socióloga y milita desde muy joven en el peronismo. Participó activamente en la elaboración de la reforma educativa de 1993, conocida especialmente por la Ley Federal de Educación, y estuvo a cargo de la aplicación de la misma en el Ministerio de Educación, primero como Secretaria de Programación y Evaluación Educativa entre 1993 y 1996, y luego como ministra entre 1996 y 1999, durante la presidencia de Carlos Menem. Ahora coordina la comisión de educación de Juntos por el Cambio, espacio conformado por los cuatro partidos políticos que integran esa alianza (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI y el Peronismo Republicano). Esta comisión trabajó una agenda que contempla un diagnóstico de la situación educativa argentina, un horizonte hacia donde desean ir los referentes de Juntos por el Cambio, los desafíos para lograrlo y los problemas que conllevan esos desafíos y cómo resolverlos.

— ¿Cuáles son los problemas estructurales que explican las falencias que los y las estudiantes muestran en los saberes que deberían haber incorporado en Primaria y Secundaria?

— Son los mismos que se detectaron cuando empezó la democracia, solo que con más chicos en las aulas. Y son la consecuencia de la mala gestión política de la educación sostenida en el tiempo. Porque qué se debe hacer se sabe y ha quedado plasmado en leyes y en el rediseño de los currículos, que se lograron por acuerdos políticos. Es decir, se promulgaron leyes y se diseñaron currículos que permiten las mejoras, pero nunca se hizo lo necesario desde la gestión política para que los docentes conocieran y se formaran en esas nuevas prácticas para luego implementarlas en el aula.

— ¿Qué se necesita para que esos cambios se pongan en práctica?

— Los mismos que hace décadas. Por un lado, reformular las instituciones de formación docente y ponerlas en sintonía con los nuevos contenidos que hay que enseñar. Esto se contempló en la Ley Federal de Educación y luego se ratificó en la ley nacional de 2006. La ley dice que hay que evaluar a estas instituciones, comprobar sus fortalezas académicas, el cumplimiento de los acuerdos federales de política para la formación de los docentes, acreditar a las que están en condiciones, dar plazos para la mejora de las instituciones que lo necesiten y no acreditar ni reconocerles los títulos a las que no cumplan con los criterios de calidad establecidos. Ese proceso que se planteó hace ya más de 20 años, y que si se hubiera hecho estaríamos muy bien en cuanto a la formación básica de los docentes, se comenzó a implementar a fines de los años 90, cuando yo era ministra, pero la gestión siguiente lo interrumpió por presiones políticas de las provincias, municipios y sectores privados. Incluso se han continuado creando institutos de formación docente con una lógica más de empleo clientelar que para asegurar la calidad de la educación.

Por otro lado, están los docentes en actividad que “requieren una actualización en sus competencias, en sus conocimientos, que debe estar mediada por una capacitación sistemática que le reconozca puntajes que impacten en su salario. Pero, esta capacitación es otro desastre porque actualmente a un oferente que logra ser reconocido en una jurisdicción para dar capacitaciones, nadie le evalúa la calidad de lo que está dando ni si está ajustado a la necesidad del sistema”, dice Decibe. Y agrega: “Uno recorre las escuelas y se encuentra con docentes que no saben que desde hace años hay un diseño curricular nuevo”.

La exfuncionaria sostiene que “el Estado nacional y los Estados provinciales se corrieron de sus obligaciones, no se ocuparon de que la formación docente incorporara las mejoras planteadas en la ley y en los acuerdos del Consejo Federal. La Nación no evalúa a las instituciones ni a la formación que reciben los docentes. Y en cuanto a la validación nacional del título, lo que hizo Nación durante la gestión de Daniel Filmus fue desligarse de esa responsabilidad y la convirtió en un procedimiento automático. Le dijeron a las provincias que si presentan en una carpeta prolija el diseño curricular y solicitan la acreditación nacional del título —supongo que el ministerio tendrá alguna manera de mirar que estén los contenidos acordados— se reconocen los títulos de esa jurisdicción. Esa es una ficción de control que nos ha llevado a esta situación. Se suma que en las provincias no se realizan las tareas necesarias para hacer posible que el diseño curricular sea aplicado en las aulas. Si se pone en práctica lo que establece la ley, las mejoras no se darán de un día para otro pero son posibles de lograr en el tiempo”.

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— ¿Cuál es el paso a paso que se propone para modificar el funcionamiento de los institutos de formación docente?

— Lo que deben enseñar y los criterios de calidad académica de las instituciones y de sus prácticas están acordados. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación de la Nación es ver si eso se cumple. Como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) evalúa y acredita las carreras universitarias, se deben evaluar y acreditar a estas instituciones y lo que enseñan. Cuando durante mi gestión se comenzó con este proceso le dábamos cinco años de plazo a las instituciones para que se actualizaran. Mayormente, esa actualización tenía que ver con que los docentes fueran graduados universitarios o con posgrados, que hubiera bibliotecas y que hicieran investigación en el entorno educativo. Es decir, que fuera una institución que generaba conocimiento. Pasados esos cinco años, si no cumplían, Nación dejaba de reconocerle los títulos que otorgaban. Esto quiere decir que el docente que egresaba de ahí solo podía trabajar en esa provincia. Este es un tema tan importante para las provincias que cuando dejamos el ministerio, a la semana anularon el acuerdo federal que establecía todos esos procedimientos a pedido de los Gobiernos provinciales y la Iglesia católica que también estaba en contra.

— ¿Por qué rechazaban estas actualizaciones los Gobiernos provinciales?

— Porque les generaba enorme complicación mejorar la calidad de las instituciones que tenían. La política tomó a la educación como otro espacio para poner gente. Es decir, hay personas que trabajan en distintas dependencias de la administración pública que sin ser docentes cobran horas cátedra, se les paga como si fueran docentes. Entonces, tenés un presupuesto muy tramposo que no te permite saber cuánto cuesta realmente una escuela. Cambiar todo esto es posible, pero se necesita un gobierno que entienda que educación y economía van juntas para asegurar una sociedad integrada y un sistema productivo competitivo y en crecimiento. Eso implica más que un ministro de educación, implica un presidente y 100 o 1000 personas con poder, convencidas de ese rumbo.

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— ¿Cómo se conjuga la actualización de los institutos de formación y las posibilidades de que algunos pierdan el reconocimiento nacional con el aumento de docentes que se requiere?

— Faltan docentes, pero tenemos un porcentaje alto de institutos de formación por habitante. Según el Relevamiento Anual del ministerio de Educación nacional existen alrededor de 1366 Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) y más de 67 universidades que ofrecen títulos habilitantes para ejercer la docencia. Es decir, mientras que en el país tenemos 31 institutos por cada millón de habitantes, en Brasil esa cifra es de 6; en Chile y México de 4; en Estados Unidos de 3,6; en Colombia de 2,3, y en Francia de apenas 0,5 por millón. Tenemos una sobreoferta pero nos faltan perfiles puntuales de docentes. Por eso es necesario hacer un reordenamiento en cada provincia teniendo en cuenta qué hay y qué falta. Eso requiere de un programa de mejora de los docentes formadores para que sean retitulados y eso es factible de hacer articulando con las universidades. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una sobreoferta de institutos y carreras, pero no tiene alumnos. Es justamente el ejemplo de la mala asignación de los recursos. Uno podría hacer una universidad con todos estos institutos y ahí concentrar la formación porque tienen muy buenos profesores.

— ¿A qué se debe el desinterés en formarse como docentes?

— A que no les resulta atractivo el salario docente ni la enseñanza porque la escuela que transitaron no les resulta atractiva.

— ¿No hay otras políticas que aceleren el proceso de mejora?

— Lo que sí se puede hacer más rápido para acompañar la solución de los problemas de aprendizaje es implementar un programa nacional de envergadura, de aplicación territorial —escuela por escuela— que tenga por objetivo enseñar metodologías y conocimientos muy específicos para mejorar la alfabetización en todo el sistema, no solo en los primeros años de la primaria. Y también actualizar en conocimientos científicos, en nuevas tecnologías y en metodologías de enseñanza a los docentes que hoy están dentro de la escuela. Si se emprendiera un procedimiento de esta naturaleza en un mediano plazo es posible empezar a mejorar los resultados y establecerse un piso de calidad en todo el territorio. Nación tiene la obligación de garantizar un piso de calidad educativa. Así lo especifica la ley y por eso debe atender especialmente a las escuelas a las que asisten las poblaciones más vulnerables, con inversión en infraestructura y equipamiento, con docentes muy bien preparados. Es más, la Constitución dice que cuando no se garantiza el servicio educativo para toda la población, Nación puede intervenir una provincia. Por ejemplo, Formosa, donde todo es un desastre. De hecho estamos viendo con algunos constitucionalistas si es posible hacer una intervención sectorial en esa provincia.

— ¿Pero siempre para mejorar los aprendizajes crees que hay que empezar por los docentes?

— Obvio. Todos los países bien organizados empiezan a trabajar los cambios y las mejoras a partir de los docentes, que deben estar bien formados. Y el docente que está en el aula debe estar muy asistido porque de lo contrario enseña lo que sabe, tal cual lo aprendió, solo no puede salirse de eso. Hay un discurso facilista desde la política de decir que los gremios destruyen la calidad de la educación. Yo creo que lo que destruye la calidad de la educación es que la política se haya alejado de sus obligaciones y que no apliquen las leyes que la misma política creó. Tras la promulgación de la Ley Nacional en el año 2006, la gestión de esa época le quitó, y eso sí fue una asociación política con el gremio, autoridad al Gobierno nacional para no tener conflicto con los Gobiernos provinciales ni con la enseñanza privada. Porque cuando el ministerio nacional asume su responsabilidad tenés muchos problemas con las jurisdicciones y con la enseñanza privada porque muchos de los institutos de formación docente son católicos.

Profundiza Decibe: “la Iglesia católica tiene mucho interés en la educación y siempre tuvo sus espacios de formación, en su mayoría de baja calidad. Pero también tenés a los intendentes que justifican la creación de un instituto de formación docente para darle propuestas formativas a los egresados del secundario, sin que importe qué se va a enseñar ni cómo. En general, son para formar a docentes de Primaria. Pero, cuando forman a profesores de Secundaria la situación es aún más grave porque los docentes formadores son los mismos egresados de ese instituto. Por lo tanto se genera una endogamia y una baja en la calidad educativa. Hoy no se puede permitir eso, hay muchos recursos tecnológicos para llegar masivamente a todos lados”.

Además, la exministra cree que debiera haber una política de formación que entienda donde hay vacancias. En ese sentido, señala que Cecilia Veleda —jefa de equipos técnicos de educación de Martín Lousteau (UCR Evolución) y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) durante el Gobierno de Mauricio Macri—, tenía muy bien identificadas estas vacancias. “Cecilia sabía dónde faltaban docentes de ciencias, dónde de matemáticas. Porque hay vacancia de docentes y hay recursos que se están poniendo en perfiles que no se necesitan. Por eso sostengo que el problema está concentrado en la mala gestión del sector”.

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— Decís que durante estos 40 años la política gestionó bien la creación de nuevas leyes y la actualización de los currículos, pero después no gestionó que eso efectivamente se diera en el aula. ¿Qué responsabilidad le cabe al Gobierno nacional y cuál a los Gobiernos de las jurisdicciones?

— Tener desdibujadas las obligaciones que tienen los Gobiernos provinciales y las que tiene el Estado nacional, a pesar de que están claramente definidas en las leyes, es otro problema. Porque lo que no hacen las jurisdicciones le echan la culpa a Nación y lo que no hace Nación le echa la culpa a las jurisdicciones. Por ejemplo, asignar los mejores docentes a las poblaciones vulnerables es algo que quedó estipulado en la Ley Nacional de Educación de 2006 [N. de la R.: En el art. 83 dice: “el Ministerio de Educación y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable”]. Y esto no se cumple.

— ¿Por qué no se cumple?

— Porque para cumplirlo hay que dejar en stand by los estatutos docentes que fueron sancionados en 1958 y que permiten, entre otras cosas, que sea el docente —y no la autoridad educativa— el que decida a qué escuela postularse y por cuántas horas. Esa decisión deja en el gremio más poder que en el gobierno. Es decir, el trabajo del docente está más regulado y manejado por el gremio que por los responsables de la gestión educativa. Por eso, desde la agenda política educativa para un próximo Gobierno que deseamos sea de Juntos por el Cambio, proponemos una nueva ley laboral que sea el paraguas para permitirle a los Gobiernos provinciales que adhieran a esta legislación y tengan capacidad de gobierno real. Además, la ley debe contemplar una verdadera carrera profesional docente y para eso hay que corregir muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con que un docente para progresar en su escala salarial no necesite irse del aula. Debería bastar con su formación y desempeño para llegar a la más alta categoría salarial. Lo mismo la dirección de la escuela, esa debería ser otra carrera pensada en la gestión de la escuela, diferente a la de la docencia. También creo que debe cambiarse la escala salarial y establecer una que dignifique y jerarquice a la profesión y no que sea un trabajo mal pago para quienes les pedimos el mayor de los desempeños. No puede ser que un docente trabaje en diferentes escuelas o por fuera del sistema educativo para completar un sueldo que le alcance para vivir.

— En los últimos años y sobre todo después de lo que significó para la educación atravesar la pandemia, el Estado ha hecho un esfuerzo importante por entregar computadoras y garantizar conectividad…

— Sí, pero sin capacitación docente esas computadoras muchas veces no se usan o se subusan. De nuevo, el tema es que hoy tenés a miles de docentes en las aulas que desconocen cómo transitar el camino entre el diseño curricular de Nación y el de su jurisdicción (que prevén el uso de nuevas tecnologías) y el aula. Y esto no se soluciona con capacitaciones fuera de la escuela, se debe hacer con el docente dentro del aula. Por eso creo que hay una etapa larga en la que hay que trabajar con secuencias didácticas que permitan que el docente incorpore nuevas maneras de enseñar. Es mucho lo que hay que hacer, pero es viable. Los currículos de las materias fueron pensados por los mejores especialistas argentinos de cada área. Pero la mayoría de los docentes no fueron formados para su aplicación.

— ¿Hay países que ya implementaron los cambios que se proponen?

— Australia hace 30 años estaba peor que nosotros. Lo mismo Irlanda. Lo que hicieron ambos en determinado momento fue priorizar la educación. Crearon fondos con los que aseguraron el crecimiento, la sustentabilidad y el desarrollo y así lograron ampliar la economía. Supongamos que en la Argentina el Gobierno destine un porcentaje de las ganancias de Vaca Muerta, de la explotación de litio, etc., a generar un fondo para financiar reformas estructurales que permitan reconvertir el sistema productivo con base en la educación y en el sistema de Ciencia y Tecnología. El país necesita poner en agenda el diseño de un plan de desarrollo. Este es un país lleno de recursos, solo falta pensamiento estratégico en la dirigencia política.

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