Vouchers educativos: ¿cómo funciona el sistema que propone Javier Milei y sería posible aplicarlo en la Argentina?

Solo unos días atrás, Javier Milei ratificó su programa educativo en caso de ser electo presidente. El precandidato de la Libertad Avanza dijo que suprimiría la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria y que, en su lugar, implementaría un sistema de vouchers “a la chilena”.

“El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, señaló Milei que agregó: “Las instituciones tiene que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”.

La declaración pronto encendió el debate. Políticos, especialistas y sindicalistas se pronunciaron respecto a la viabilidad y pertinencia de un plan que implicaría un giro de 180 grados a la tradición educativa argentina.

Chile es el caso más emblemático -y uno de los pocos en el mundo- en utilizar un plan de vouchers educativos. De hecho, su sistema educativo, por su singularidad, es objeto de un sinfín de investigaciones en el campo de la educación.

Un sistema de vouchers o “de libre elección de escuelas” se basa en financiar a la demanda en lugar de financiar a la oferta. Consiste en subvencionar a los alumnos en lugar de a las escuelas: los estudiantes reciben los famosos vouchers y sus familias eligen a qué institución enviarlo. Eso genera una lógica de mercado, de competencia entre las escuelas por la matrícula que, se supone, redunda en esfuerzos por conseguir mejores resultados y destacarse del resto.

La peculiaridad del sistema chileno llevó a que lo tilden de “neoliberal”, aunque, con los resultados encima de la mesa y distintas políticas en los últimos años tendientes a la equidad, hoy se discute esa etiqueta.

“Hay muy pocas experiencias nacionales de vouchers: Chile, Nueva Zelanda, Suecia y poco más. Fue una corriente de los ‘80 y principios de los ‘90 que se agotó. En Estados Unidos no hay un sistema de vouchers pero sí hay fundaciones y estados que sortean becas para que los estudiantes puedan pagar la escuela privada que elijan. Hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de libre elección de escuelas”, le dijo a Infobae Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y referente de Argentinos por la Educación.

El especialista explicó que, tal como están las cosas, hoy sería imposible implementar un sistema de vouchers en la Argentina desde el Poder Ejecutivo. Para ello se debería renacionalizar la educación que está en manos de las provincias. Sería necesario modificar la Constitución del ‘53 para que el sistema vuelva a depende financieramente en su totalidad del Estado nacional.

De lo contrario, Narodowski, que advirtió de las dificultades de implementar un sistema de vales en la Argentina, brindó tres alternativas:

-Disolver el Ministerio de Educación nacional y todo su presupuesto transferirlo a las familias a modo de “becas”. Según sus cálculos, el dinero no sería suficiente para los cerca de 10 millones de alumnos que hay en el país.

-Volver a fundar escuelas nacionales en las provincias y que los vouchers se utilicen en esas instituciones. La dificultad aquí, dice, es que en principio se trataría de un subsector muy pequeño al que le llevaría años crecer.

-Generar acuerdos con las provincias para que acepten los vouchers a partir de un mayor financiamiento nacional. Además de las tensiones obvias con las distintas gobernaciones, se necesitaría una burocracia enorme que coordine la transición.

Según Martín De Simone, especialista en educación del Banco Mundial la evidencia en los pocos países que aplican vouchers educativos es diversa y con resultados variados, que en ningún caso son concluyentes para afirmar que su implementación garantiza el éxito.

El caso chileno sienta un precedente favorable. Los resultados en las pruebas internacionales posicionan a Chile como líder en Latinoamérica y con un crecimiento sostenido en las últimas décadas. Sin embargo, la mejora en los indicadores puede deberse a otros factores como la reducción de la pobreza y no directamente al modelo en sí.

“En el caso chileno no está claro que el modelo haya sido exitoso. De hecho, hay evidencia muy mixta al respecto. Lo que sí está un poco más claro es que hubo un gran incremento de la segregación. Los mejores estudiantes de escuelas públicas terminan yendo a las escuelas privadas”, advirtió De Simone a Infobae.

Con la idea de no generar guetos -que haya escuelas para alumnos pobres y escuelas para alumnos ricos-, Chile viró su política educativa en sus últimos gobiernos y combinó los mecanismos típicos de mercado que proponen los vouchers con participación estatal.

En una entrevista de 2019 con este medio, Cristián Cox, experto chileno en políticas educativas, explicó: “Chile lleva 20 años con un Estado ultra activo en educación, con apoyos muy fuertes. Es una ecuación entre mercado y Estado, entre presión y apoyo a las unidades y a los actores. Un factor crucial es la acumulación de las políticas. No han zigzagueado. En términos políticos, lo más distintivo es que sus políticas cruzan gobiernos de distinto signo sin variar sustancialmente. Por ejemplo, tenemos una ley sobre subvención escolar preferencial, que hace que se destinen más recursos al 40% de la matrícula más vulnerable”.

Al margen de Chile, hay otros casos en los que sí se puede decir que el modelo fue exitoso por programas específicos y no por mejoras en los indicadores macroeconómicos. Colombia es un ejemplo de ello, aunque a diferencia de los vouchers, lo que hicieron fue distribuir becas a partir de una lotería a alumnos vulnerables para que pudieran seleccionar su escuela. Los resultados de tres años después indican que los beneficiarios tuvieron mejores tasas de terminalidad de la escuela, resultados superiores en las pruebas y mayor acceso a la universidad que otros estudiantes de su misma condición económica que no fueron sorteados en la lotería.

De acuerdo a los especialistas, hay otras alternativas más al alcance de la mano que cambiar el modelo de raíz desde un gobierno nacional que hoy no tiene esas facultades. Si el objetivo es lograr escuelas más eficientes y autónomas, con capacidad para tomar decisiones y, por ejemplo, contratar personal, De Simone cree conveniente un sistema que “premie” los buenos resultados.

“Los casos más interesantes son los que asignan recursos a las escuelas dependiendo de cuánto mejoren sus resultados educativos mientras que al mismo tiempo se les otorga asistencia técnica para que puedan lograrlo. Una vez que tienen incentivos y asistencia, las escuelas deberían tener total libertad para definir su enfoque pedagógico y determinar cuál es la mejor forma de alcanzar resultados. Si quieren contratar más docentes con sus recursos, deberían poder hacerlo. Si quieren innovar en sus prácticas pedagógicas, deberían poder hacerlo”, explicó.

A partir de ello debería existir un sistema de información robusto, que indique con claridad cuáles son las escuelas de mejores desempeños en las pruebas; algo que hoy está prohibido por ley. “Tiene que estar claro que lograr mejores resultados a través de la exclusión de los alumnos vulnerables no puede considerarse un logro”, aclaró el especialista.

Un ejemplo de este tipo de políticas es el estado brasileño de Ceará, que se convirtió en un faro educativo en la región. Ceará implementó una serie de reformas que lograron mejorar los niveles de aprendizaje de manera exponencial a pesar de que su población es en gran parte pobre. En ese caso, son los municipios los que son recompensados por sus mejoras de aprendizajes. Ese modelo hoy está escalando a nivel federal en Brasil.

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