El 23 de noviembre del año pasado entró en vigor el Convenio para el reconocimiento de las titulaciones universitarias, un acuerdo impulsado por la UNESCO que promueve que cualquier persona de América Latina pueda cursar sus estudios universitarios en otro país de la región y, al volver a casa, tenga la ratificación automática de su título.
El principal impulsor del convenio es Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Mientras elabora un detallado plan de trabajo con el fin de que se logre desplegar el convenio en todo el continente, y a pocos días de la primera reunión con representantes de los países que lo han ratificado —será entre el 20 y el 21 de marzo— Pedró señala la importancia crucial del acuerdo, que no sólo vería beneficios hacia adentro de la región sino que tiene una proyección global.
“El hecho de que sea un convenio regional no significa que no pueda suscribirlo y ratificarlo un país tercero”, dice, “por poner un ejemplo, el primer país no latinoamericano que probablemente lo ratifique va a ser el Vaticano”.
—¿Era esperable que fueran ellos los primeros?
—La Iglesia Católica tiene intereses en todos los países, empezando por sus propias redes de universidades y demás. Es, dicho en el mejor sentido de la palabra, una multinacional de la educación. Yo agradezco el interés del Vaticano porque envía una señal muy clara a otros países que no son de la región que hay una oportunidad.
—¿Qué objetivos esperan alcanzar en el corto plazo?
—Vamos a intentar conseguir en el plazo de un año que, cuando un estudiante vuelva a su país, pueda encontrar con facilidad los requerimientos para homologar el título en un mes. Sería un avance enorme. El reto es simplificar los aspectos administrativos, garantizar que puedas hacer valer tus derechos como estudiante. Tenemos la oportunidad de conseguir una mayor convergencia entre los sistemas a escala regional. Necesitamos progresar hacia una mayor armonía entre las titulaciones. En particular, aquellas que pertenecen a profesiones reguladas.
—¿Por qué?
—En primer lugar, porque facilita el flujo de personas y el flujo de conocimiento. No puede ser que una titulación para la que se exigen cinco años que en realidad son nueve en Argentina, la puedas conseguir en el país de al lado en solo cuatro años. Hay que ponerlos en relación. Estamos ante una oportunidad magnífica para construir un sistema latinoamericano de educación superior, que es fácil de decir pero tremendamente complejo de hacer.
—¿No afectaría la autonomía de cada universidad?
—Tú pones la autonomía de tu propia institución al servicio de un proyecto en común, no me parece mal. Pero también puedes ejercer mayor latitud con tu autonomía en la forma en que desgranas el programa. En la forma en que lo impartes, que lo evalúas, que generas incentivos para docentes y estudiantes. En definitiva, conseguir pactos entre universidades es una buena cosa. Fortalece la región.
—¿Cómo impactaría el convenio con los movimientos migratorios de los estudiantes?
—Si la pregunta tiene que ver con el caso concreto de la Argentina, es una situación muy peculiar. Las cifras prepandemia que tenemos muestran que casi el 80% de los estudiantes latinoamericanos que se quedan en la región pero van a otro país, van a la Argentina. Ahí hay un tema con la capacidad de absorción del sistema. Si ese volumen de estudiantes estuviera repartido entre otros países de la región, probablemente no generaría las disfunciones que un flujo tan importante de estudiantes extranjeros puede causar sobre un sistema de por sí estresado como es el sistema público argentino. No hace falta ser economista para darse cuenta de que un individuo que llega ocupa una silla. Y no existe un mecanismo de compensación, puesto que no sale de la Argentina el mismo volumen de estudiantes que llegan del extranjero. Es una situación de desequilibrio. Si yo fuera rector tendría una política de puertas abiertas, porque eso en sí mismo es una declaración de principios. Pero el dolor que eso debe causar en términos de consumos es probablemente muy grande.
—¿Qué acciones se deberían hacer?
—Lo primero que necesita la región es, lamento decirlo así, un mejor equilibrio entre los flujos de estudiantes. Bien está que las universidades argentinas se conviertan en un polo de atracción, pero mejor sería que existiera una multipolaridad. En segundo lugar, estrictamente desde el punto de vista de convenio, es importante destacar —y es una mala noticia—, que, aunque el convenio, será siempre conocido como el “Convenio de Buenos Aires”, puesto que el texto se aprobó en 2019 en la ciudad de Buenos Bires, es lastimoso que Argentina no lo haya ratificado todavía. Sabe mal. Argentina debería haber sido quien lo ratificara en primer lugar. Porque, además, es el país más interesado en que este convenio funcione.
—¿Cómo debería considerarse la movilidad de los estudiantes?
—Normalmente, cuando hablamos de movilidad en la región, la consideramos como un fin en sí mismo. Pensamos que es bueno que el estudiante salga. En el futuro, deberíamos pensar que la movilidad académica no es solo el movimiento como una decisión individual de quienes tenga el dinero para viajar, sino que es el combustible de redes de producción de conocimiento e investigación. Actualmente, por desgracia, la movilidad se convierte en un mecanismo de diferenciación de tus credenciales. Tendría más sentido si realmente nutriera redes entre las universidades, que son redes de investigación.
—¿Cuántos alumnos estudian en otros países?
—De nuevo, con las cifras prepandemias: no más de un 1.3% de todos los estudiantes de la región se benefician de la movilidad.
—¿Y de esa cantidad, el 80% estudia en la Argentina?
—No, de ese 1.3, más del 60% estudia fuera de la región. Del porcentaje restante, el 80% va a la Argentina.
—Si pudiera pensar en términos regionales, ¿sería eficaz que cada país se especialice en un tipo de carrera?
—A escala regional, esa ecuación no sirve. En teoría podría servir en sistema universitario nacional donde tuvieras determinadas universidades que concentran especialidades en razón de su tradición, de su ubicación, de sus capacidades. Pero en la práctica, si fuera gobernador de una provincia, tampoco lo aceptaría. Yo querría que en mi provincia hubiera de todo y siempre lo mejor. Sería impensable que le dijeras a la población: “Puedes estudiar de todo menos Medicina, para eso debes irte a otra provincia”. Una cosa es la racionalidad política y otra cosa es la política cotidiana, que inevitablemente sucede.
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