El viernes pasado, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una nueva etapa del programa Precios Justos. La novedad radicó en la inclusión de las cuotas de los colegios privados dentro del nuevo esquema de precios que se pretende aprobar de cara, al menos, hasta mitad de año.
El próximo jueves, el Gobierno intentará rubricar un documento en el que se consignan los aumentos permitidos por mes hasta julio en los colegios privados que reciben subvención estatal, que representan al 70% del sector. Lo hará en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), en el que participan los ministros de las 24 jurisdicciones, y en el que sumarán a algunas cámaras que nuclean escuelas privadas.
La medida anunciada por Massa generó reacciones encontradas. Tanto las cámaras de colegios privados como los gremios docentes matizaron la decisión de incluir por primera vez al sector dentro del programa de precios. Para algunos, se trata de un acuerdo necesario; para otros, implica un tope que deberán absorber las escuelas o los propios docentes en sus salarios ya alicaídos.
El documento que se tratará en el CFE fija los siguientes aumentos: 16,80% para marzo, 3,35% para abril, 3,35% para mayo, 3,35% para junio y 4,00% para julio. El inicio del ciclo lectivo está programado, de acuerdo a cada provincia, entre el 27 de febrero y el 2 de marzo.
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Algunas provincias ya tenían acuerdos firmados por encima de esa referencia y deberán definir los pasos a seguir. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya adelantó que se opondrá a los topes en los aumentos de cuotas que busca imponer el gobierno nacional. “En Córdoba se establece el incremento a través de una fórmula polinómica, conforme a la plantilla de personal docente de cada institución educativa, entre otros aspectos”, explicaron.
En una primera instancia, la Ciudad de Buenos Aires también había acordado un aumento superior, en torno al 25% para marzo. Sin embargo, el miércoles pasado, antes del anuncio de Nación, establecieron un esquema idéntico al que se aprobará el jueves. Por ende, en los colegios privados porteños con subvención estatal se aumentará 16,8% en marzo, 3.35% en abril, 3.35% en mayo, 3.35% en junio y 4% en julio.
En Mendoza, otras de las provincias gobernadas por la oposición, autorizaron hace dos semanas un aumento del 24% en las cuotas de las escuelas privadas para marzo. Si bien la diferencia con el tope que pretende la Casa Rosada es amplia, dicen que prefieren esperar a la sesión del Consejo Federal para pronunciarse porque “todavía no hay nada oficial”.
Qué pasa si las paritarias o la inflación están por encima
El punto de discordia es qué sucede si las paritarias docentes o la misma inflación se ubican por encima de los topes arancelarios que se buscan fijar. Es decir, ¿quién pierde en ese caso? ¿Quién absorbe esa diferencia? Si bien la intención es que las subas salariales acompañen el esquema del programa de precios, los sindicatos ya adelantaron que pedirán paritarias por encima de la inflación.
Según el borrador al que accedió Infobae, hay una cláusula que especifica qué pasaría en ese caso. “Se acuerda que, si la diferencia entre el incremento de salarios acumulado en la jurisdicción donde se encuentre el Instituto Educativo o el IPC, lo que sea mayor, superara en un 1,5 % al porcentaje de incremento acumulado de arancel en igual período, las instituciones educativas podrán incrementar la diferencia que se pudiera producir”, dice el texto.
En concreto, cada vez que la diferencia entre la paritaria o la misma inflación y el acuerdo de precios esté por debajo del 1,5%, no se le permitirá a las escuelas subir la cuota para igualar ese margen. En caso de que supere ese 1,5%, sí las instituciones podrán ajustar el aumento de los aranceles que pagan cada vez las familias.
“Con el aumento autorizado a abril de 3,35%, si la inflación o la paritaria de ese mes fuera de 4,85%, ese 1,5% lo pierde el colegio. Si la diferencia fuera de 2%, solo se puede aumentar un 0,5%. Siempre va a haber un colchón de 1,5% que quieren que lo absorba la escuela”, remarcó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) y de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep).
Para Zurita, antes de establecer topes en las cuotas se deben firmar los acuerdos paritarios correspondientes, en los que todavía casi ninguna jurisdicción avanzó. “En la Provincia de Buenos Aires ya existe un atraso de 17 puntos en los aranceles respecto al 106% de aumento en 2022 de los salarios docentes. Continuar el atraso queriendo implementar topes mientras que las paritarias siguen su ritmo, significaría poner contra las cuerdas a las escuelas de gestión privada del país”, agregó.
Pero dentro del sector hay diferencias. Por caso, Rodolfo de Vincenzi, presidente de la Confederación de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep), otra de las cámaras con representación nacional, se mostró a favor del acuerdo de precios.
“Vamos a trabajar todos para que el acuerdo se cumpla. Lo que se pretende es dar previsibilidad para evitar especulaciones. Hemos trabajado junto al Ministerio de Economía y de Educación, en coordinación con las jurisdicciones, para lograr optimizar la redistribución de los traslados de mayores costos a aranceles en el semestre”, señaló De Vincenzi.
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