El gobierno porteño denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron los colegios

El gobierno porteño denunció penalmente a los padres que autorizaron las tomas de colegios que comenzaron el viernes por la tarde en el Mariano Acosta de Balvanera. Por ahora, son siete secundarias las que están ocupadas por los estudiantes y en otras seis hay “pernocte”, es decir, los chicos pasan la noche en el establecimiento.

Los padres de todos los alumnos que participan de las tomas serán demandados por consentir que sus hijos, menores de edad, ocupen un edificio público. Además, según informaron, deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares y en estas horas preparan una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

Una vez que inicia una toma, el rector tiene la obligación de contactar a todos los padres de los chicos que participan de la medida de fuerza para que acudan a retirarlos. En caso contrario, si se niega a pasar a buscarlo o incluso participa de la toma, queda registrado y se le da intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el gobierno porteño, a través de la Procuración General, denuncia penalmente a cada adulto.

En el caso del Mariano Acosta, que fue el primer colegio en definir la medida, ya fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. El centro de estudiantes de la escuela comenzó la toma del colegio el viernes por la tarde y denunció que en el transcurso del fin de semana le cortaron la luz. Hoy resolvieron que levantarán la ocupación mañana martes por la mañana, pero dormirán en el establecimiento para cerrar la protesta con un abrazo simbólico a la escuela.

Hoy la medida de fuerza se profundizó. Hasta el momento, los colegios tomados son: Mariano Acosta, la Escuela Superior de Educación Artística, el Lengüitas, el Mariano Moreno, la Federico García Lorca, la Ernesto Padilla y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. En tanto, las escuelas en las que los chicos pernoctan: el colegio Luis Pasteur, el Julio Cortázar, Lenguas Vivas, Escuela Claudia María Falcone, el Normal 8 Presidente Roca y la Juan Ramón Fernández.

“Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron. Hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”, señaló la ministra de Educación porteña Soledad Acuña.

Respecto a qué pasará con los días perdidos por la toma de colegios, la funcionaria aseguró que los chicos deberán recuperar esas jornadas. En el gobierno porteño creen que las tomas tienen total vinculación política, y que “están fogoneadas por el kirchnerismo y UTE”, el principal sindicato docente de la Ciudad.

En los últimos días, entre las escuelas públicas de CABA comenzó a circular un documento en el que se expresan las razones para ir hacia una protesta que incluya tomas masivas de establecimientos durante esta semana.

“El objetivo es visibilizar las problemáticas que venimos teniendo y a la vez el modelo de educación que queremos nosotrxs”, comienza el documento que señala cuatro razones principales para la medida de fuerza: la falta de viandas de calidad, la persecución política a los centros de estudiantes, las reformas inconsultas y un modelo de educación con el que no están de acuerdo.

También en el mismo documento aconsejan contar con el apoyo de los padres, tomar medidas de higiene y seguridad, y sacar fotos del antes y el después de la toma para demostrar que no vandalizaron el establecimiento.

Desde 2018, rige en las escuelas porteñas un “protocolo anti tomas” que transfiere la responsabilidad de las ocupaciones a las familias de los alumnos. En caso de que los alumnos ocupen una la escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, debe hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos. A su vez, ahora también son demandados por consentir que sus hijos tomen un edificio público y podrían tener que asumir el equivalente salarial de un día de trabajo de docentes y no docentes.