La discusión por el Presupuesto 2022 también recaló en las universidades nacionales. Las casas de estudios más grandes plantearon sus puntos de vista con respecto al reparto del dinero que contempla el proyecto de ley que hoy está en el Congreso y reclamaron una ampliación de las partidas destinadas a financiar el funcionamiento de las casas de altos estudios. Consideran que la distribución es injusta y que hay un exceso en los fondos discrecionales con los que cuenta el Ministerio de Educación.
Por esas diferencias, había gestiones de alto nivel entre directivos de universidades nacionales -donde la UBA juega un rol clave- funcionarios del gobierno nacional y autoridades políticas de la Cámara de Diputados para destrabar la discusión.
En los presupuestos universitarios siempre hay dos planillas. Por un lado, la planilla A que es la que estipula qué porcentaje de la inversión va destinada a cada una de las 55 universidades nacionales. Por otro lado, la planilla B que fija las obligaciones del tesoro que la cartera educativa distribuye a lo largo del año entre las instituciones.
La planilla A contiene 323 mil millones de pesos para 2022, un incremento interanual del 50%. Sucede que el proyecto que envió el ex ministro Nicolás Trotta modifica el cálculo porcentual entre las universidades, en detrimento de las mayor matrícula.
“El proyecto original que se había acordado con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) consistía en un aumento del presupuesto del 62%. Cuando el ex ministro hizo la disminución también modificó los porcentajes para cada universidad. Allí la UBA quedó 4 puntos abajo del promedio. Además el porcentaje de suba está por debajo de los aumentos a los docentes porque el presupuesto toma año y medio de paritaria”, explicaron a Infobae fuentes de la casa de estudios porteña.
El otro punto que cuestionan las universidades de mayor peso es el aumento en los fondos discrecionales. En total son 50 mil millones de pesos los que dispone la SPU para distribuir a lo largo del año entre las instituciones. Dentro de la planilla B, hay distintos programas como reformas edilicias, investigación, incentivo a carreras estratégicas. Algunos de ellos crecieron de año a año más de 10 veces. Lo que piden los rectores es que esos fondos sean asignados por ley de antemano.
“El ministro Trotta lo que hizo fue reducir los fondos reales de las universidades y encima lo redistribuyó de tal manera que perjudica a las universidades grandes, principalmente a la UBA, y favorece a universidades más afines al Gobierno. Le damos un voto de confianza al nuevo ministro, pero no podemos dejar de plantear un alerta sobre el proyecto que se mandó al Congreso, que implica ajuste y discrecionalidad”, señaló el diputado nacional Emiliano Yacobitti, también vicedecano de la Facultad de Económicas de la UBA.
El nuevo ministro de Educación, Jaime Perczyk, viene justamente de desempeñarse como secretario de políticas universitarias. Fue él quien, en acuerdo con los rectores, había elevado un presupuesto con aumento del 62% y luego Trotta fue el que hizo las revisiones que hoy son objeto de polémica. Por eso, pese a que el proyecto llegó al Congreso, en el sector universitario son optimistas.
De hecho, ante la consulta de Infobae, en el entorno de Perczyk adelantaron que en los próximos días se intentará resolver el asunto. “El ministro ya está trabajando con los rectores para revisar el presupuesto, en especial la distribución de los porcentajes que perjudica a las universidades grandes. Se va a terminar resolviendo antes de que llegue a haber un conflicto”, aseguraron.
Antes de desembarcar en el Ministerio de Educación, Perczyk fue rector de la Universidad de Hurlingham y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En sus primeros pasos como ministro, pretende sostener esa cercanía al sistema. Con esa intención, por estas horas, avanzan las negociaciones para llegar a una resolución antes de que la polémica se convierta en conflicto.
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