El anuncio del viernes pasado, del regreso a las clases presenciales en el conurbano bonaerense, sorprendió a la comunidad educativa tanto como el anuncio de dos meses atrás, cuando se cerraron las escuelas de imprevisto. El gobernador Axel Kicillof informó el cambio de fase de todos los municipios que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos estudiantes empezarán a volver a las aulas a partir de hoy.
En el conurbano asisten 3.2 millones de chicos, que perdieron la presencialidad hace ya ocho semanas. Ese número de estudiantes se sumará a los 250 mil alumnos del interior de la provincia que podrán volver a las aulas. El retorno será en forma gradual, del mismo modo que se inició el ciclo lectivo en marzo: en agrupamientos por burbuja para respetar el distanciamiento. Solo las escuelas de poca matrícula podrán ir hacia una presencialidad plena.
Del otro lado, estarán los más de 500 mil estudiantes que seguirán con clases remotas. Pese a ser una minoría de alumnos, en el mapa de la provincia los distritos en rojo representan más de la mitad. En total, son 70 los municipios que figuran en fase 2 y, por ende, no tienen permitida la presencialidad escolar. En las últimas horas, Kicillof levantó la restricción en cuatro localidades -Carmén de Areco, Guaminí, Salto y Tres Arroyos-. Todas ellas retomarán la actividad presencial recién la próxima semana.
El gobierno se rige por lo que consigna el decreto presidencial para ponderar el riesgo en sus municipios. En el DNU se habla de un semáforo epidemiológico con cuatro niveles: bajo riesgo, riesgo medio, alto riesgo y alarma epidemiológica. Solo en esta última categoría está prohibida la presencialidad escolar.
El cálculo de riesgo se basa en dos variables, que se requieren para abandonar la categoría de “alarma”. Por un lado, en los distritos de más de 300 mil habitantes la incidencia debe ser menor a 500 casos cada 100 mil personas durante los últimos 14 días. Y, por otro, la ocupación de camas de terapia intensiva, que debe ser menor al 80%.
Hasta la semana pasada, la provincia de Buenos Aires solo tenía clases presenciales en 21 municipios. Pero Kicillof anunció un cambio radical: que la incidencia de casos en el conurbano había pasado a ser de 401. En el medio también modificó la forma de calcular los casos: empezaron a considerar como fecha el inicio de la manifestación de síntomas en lugar del resultado de los tests.
Dentro de los 70 partidos que siguen sin clases presenciales, 46 son distritos gobernados por la oposición. Eso hizo elevar la voz a varios de los intendentes que consideran que no se trata de una cuestión epidemiológico, sino política. Javier Iguacel, que gobierna Capitán Sarmiento, llamó incluso a cortar rutas para exigir la vuelta a las aulas.
La medida sorprendió también a los gremios docentes. Poco después de las declaraciones del ministro de Salud Daniel Gollán, quien anticipó un posible regreso, fueron convocados de urgencia. La reunión no llegó siquiera a terminar porque el anuncio de Kicillof en conferencia de prensa era inminente. “Quedamos descolocados. No llegamos a entender del todo los alcances”, confió una fuente sindical. No obstante, más allá de algunos reparos, el Frente de Unidad Docente decidió acompañar el regreso a las aulas.
Las propias escuelas, según informó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), fueron las que entre lunes y martes convocaron a las familias de los estudiantes e informaron sobre el cronograma de asistencia. No obstante, según un relevamiento que hizo Padres Organizados, algunos colegios y jardines de municipios como La Plata o San Isidro comunicaron que por ahora no reabrirán sus puertas, alegando problemas de infraestructura.
Con el anuncio del regreso a la presencialidad, la Provincia hizo una inversión de 622 millones de pesos para reforzar las medidas de cuidado. Distribuyó 33 mil dispositivos medidores de dióxido de carbono a las 11 mil escuelas de gestión estatal. “El monitoreo de CO2 permite regular el nivel de apertura de las puertas y ventanas necesario para una adecuada ventilación que mitigue el riesgo de contagio y aporte la mayor comodidad térmica posible en el contexto de bajas temperaturas”, explicaron desde la DGCyE.
Según los voceros oficiales, en los próximos días terminarán de vacunar con la primera dosis a todos los docentes inscriptos. Ahí surge otra polémica: la normativa plantea que los docentes de riesgo que fueron inmunizados están en condiciones de volver a trabajar, pero los sindicatos consideran que aún no es recomendable que vuelvan a las escuelas.
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