El 1 de marzo volvieron las clases presenciales en casi todo el país. Pese a la disparidad en la asistencia, fue un retorno masivo tras un año de educación a distancia. Desde entonces, pasaron solo dos meses y, con el avance de la segunda ola de contagios, la presencialidad se redujo abruptamente. Según supo Infobae, hoy 4 de cada 10 chicos no tienen clases en las aulas por la suspensión dispuesta tanto por el decreto presidencial como por decisión de los gobernadores.
El 12 de febrero se había llevado adelante una sesión del Consejo Federal de Educación en la Quinta de Olivos, que contó con la presencia inédita del presidente Alberto Fernández. Al finalizar la sesión, se habían aprobado dos resoluciones que consignaban: “Se priorizará el sostenimiento de actividades educativas presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria por sobre otras actividades”.
Solo unos pocos días antes del comienzo del ciclo lectivo, el gobierno nacional y las 24 jurisdicciones acordaron priorizar la presencialidad en 2021, se comprometieron a que incluso, llegado el caso de tomar restricciones, la escuela sería lo último en cerrar.
La suba exponencial de los casos y las muertes por COVID-19 hizo rever el compromiso asumido. El gobierno nacional alegó que, si bien las escuelas demostraron no ser un foco de contagios, sí contribuyen a aumentar la circulación de personas. Por esa razón, el Presidente suspendió por decreto las clases presenciales en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
Judicialización mediante y posterior fallo de la Corte Suprema, al final CABA sostuvo la presencialidad, pero hoy son nueve las provincias que restringieron parcial o totalmente la educación en las aulas. Según los datos oficiales, en todo el país, 16.677 escuelas suspendieron las clases presenciales y un total de 4.478.413 alumnos dejaron de asistir a las aulas, lo que implica el 39% de la matrícula nacional.
El grueso de ese número se explica por el Gran Buenos Aires. Todos los partidos que componen el conurbano bonaerense y 7 municipios del interior de la provincia -todos ellos en fase 2- interrumpieron las clases presenciales. En un principio fueron dos semanas y luego la medida se extendió por al menos 21 días más.
En la provincia de Buenos Aires, son más de 11 mil las escuelas que hoy funcionan a distancia, que albergan a más de 3 millones y medio de chicos. Por lo cual, hoy el 82% de la matrícula bonaerense está afectada por el cierre educativo.
La mayoría de los 9 distritos aplicó cierres parciales. En Catamarca son 5 los departamentos que hoy están sin clases presenciales y 80 mil estudiantes (el 67% del total) en sus casas. Chubut suspendió las clases en una localidad, lo que tan solo representa el 1% de la matrícula.
Entre Ríos cerró las escuelas por una semana en 5 departamentos (Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y San José) y desató una manifestación masiva frente a la Casa de Gobierno. En concreto, el gobernador Gustavo Bordet dejó a 216 mil chicos sin presencialidad.
La Rioja hizo lo propio en 3 departamentos, con 22 mil alumnos afectados. Río Negro interrumpió en dos departamentos y alcanzó a 42 mil chicos. Mientras que Santa Fe suspendió las clases en Rosario y San Lorenzo donde estudian más de 34 mil alumnos.
Formosa es la única provincia donde las clases están suspendidas en absolutamente todo el territorio. El gobierno de Gildo Insfrán hizo caso omiso a la sugerencia de restringir solo en las mínimas unidades geográficas y el cierre educativo alcanza a sus 9 departamentos y afecta a sus 173 mil alumnos.
El de Santa Cruz es un caso similar, con la salvedad de que el 97% de sus alumnos nunca volvió a las aulas. Desde marzo tan solo hay clases presenciales en los parajes rurales de la provincia, que encima acumula años de conflictos salariales que dejaron a los chicos sin educación durante buena parte de los ciclos lectivos.
Pautas comunes y un conflicto que sigue
El martes pasado tuvo lugar un nuevo capítulo en el largo conflicto del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las clases, al que en los últimos días se sumó también Mendoza. Tras el fallo de la Corte favorable a Horacio Rodríguez Larreta, hubo sesión del Consejo Federal donde el ministro de Educación intentó fijar pautas comunes para los distritos que se encuentran en riesgo epidemiológico, siguiendo los lineamientos del DNU presidencial.
Sin embargo, Trotta se volvió a topar con la negativa de Soledad Acuña, titular de la cartera educativa porteña, y de José Thomas, director general de escuelas de Mendoza. “Desde la Ciudad reivindicamos el ámbito del Consejo Federal de Educación, como también compartimos y venimos respetando los restantes conceptos establecidos en dicha resolución, pero no pudimos acompañar la misma con el voto dado que ella no respeta la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocida en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicaron ayer en el gobierno porteño a través de un comunicado.
Tanto la Ciudad como Mendoza están dentro de los distritos en “alerta epidemiológica” y según el decreto deberían suspender las clases presenciales en todos sus niveles.
El resto de las jurisdicciones sí acompañó y la resolución se aprobó por mayoría. Lo que plantea es la suspensión o reducción de la asistencia de estudiantes de acuerdo a los riesgos epidemiológicos de cada localidad:
Riesgo bajo y medio: se mantienen las clases tal como se vienen desarrollando.
Riesgo alto: los gobernadores pueden tomar medidas restrictivas en la educación presencial con un carácter transitorio, con plazos preestablecidos. Aquí hay distintas opciones: reducir la frecuencia de la asistencia de todos los chicos, suspender las actividades extracurriculares, priorizar a los alumnos que menos vínculo tuvieron con la escuela y grados clave como sala de 5 y primer ciclo de primaria.
Alarma epidemiológica: este grupo hoy lo integran la provincia de Buenos Aires, CABA, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos y, según la resolución, correspondería la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles.
Más allá de la eventual interrupción de las clases, dice la resolución, las escuelas seguirán abiertas, con guardias mínimas de directivos y docentes para asegurar, por un lado, el intercambio de tareas y devoluciones en los sitios de menor conectividad y, por otro, la provisión de la alimentación escolar. En todos los casos, la educación especial está exceptuada de la suspensión de la presencialidad.
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