El Gobierno les pidió a los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires que suspendan las clases presenciales y acaten el DNU firmado por Alberto Fernández. Tras el planteo, las cámaras del sector se pronunciaron en diálogo con Infobae. La posición que llevarán mañana será la de rechazar el pedido y sostener las escuelas abiertas.
“Si bien la situación es más clara en la Provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la Ciudad consideramos que las instituciones nacionales y locales deberán procesar los conflictos jurisdiccionales de la manera establecida. Mientras, las escuelas deberán cumplir con lo que determina el órgano de habilitación inmediato, al amparo del cual funcionan. Tenemos que responder a lo que nos dice la autoridad de contralor nuestra, que es la Dirección General de Escuelas Privadas porteña”, señaló Martín Zurita, titular de JUNEP.
“Sabemos que hay cuestiones judiciales y esas cuestiones se deben dirimir en la Justicia. Mientras tanto, nosotros respondemos a los organismos que nos dieron origen. Valoramos este espacio de diálogo que nos propone Nación, pero si la Ciudad dice que hay clases, para nosotros hay clases en la Ciudad”, agregó.
En la misma línea se expresó Rodolfo de Vincenzi, representante de CAIEP: “Los colegios de CABA están dictando clases, conforme a lo resuelto por su autoridad directa de contralor, que es la DGEGP. Los colegios no pueden hacer otra cosa más que responder a su autoridad de contralor directa”, remarcó.
Por su parte, COORDIEP consensuará los pasos a seguir mañana por la tarde después del encuentro con las autoridades del Ministerio de Educación. La reunión con los representantes de las cuatro cámaras de colegios privados (JUNEP, CAIEP, COORDIEP y CONSUDED) será vía Zoom a partir de las 12:30.
La misma posición que las cámaras fijó el gobierno porteño al enterarse de la intimación. “Nación no tiene jurisdicción para hacer un pedido a las cámaras de colegios privados ni tampoco tiene facultad para sancionarlos”, dijeron cerca del ministerio que conduce Soledad Acuña.
El martes por la noche, el Gobierno envió una carta a las cuatro cámaras de colegios privados instando a que suspendan las clases. “Se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.”, dice la carta que firmaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el de Justicia, Martín Soria.
Según detallaron desde el gobierno nacional, el fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril porque “fue dictada por un tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta cautelar volvía a habilitar el dictado de clases presenciales en el distrito.
A su vez, señalaron que el accionar de las autoridades porteñas, que desconoció la sentencia del juez federal, “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia” (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente). También aseguraron que la actitud del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”.
En la cartera educativa nacional, aclararon a Infobae que se trata de un pedido para “que garanticen la educación no presencial, tal como lo determina el DNU”. Es decir, para que suspendan las clases presenciales. Sin embargo, el escrito ya da por hecho que en la Ciudad no se va aceptar el planteo y proponen que no se tomen en cuenta las inasistencias de los docentes.
Es que el planteo también responde a un pedido de SADOP, el sindicato de los docentes privados, que desde el lunes está llevando a cabo un paro en contra de la presencialidad. Por la mañana, Trotta también se reunirá con las autoridades del sindicato.
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