Las escuelas bonaerenses denuncian que siguen cerradas por las trabas burocráticas: “El anuncio de apertura fue una puesta en escena”

El 9 de noviembre, el gobierno bonaerense distribuyó una circular que consignaba los partidos en condiciones de iniciar con actividades educativas. Eran poco más de cien, que se sumaban a los otros 26 distritos que ya habían sido habilitados para el regreso a las clases presenciales. Casi toda la provincia de Buenos Aires, donde cursan cuatro millones de alumnos, con el aval para retomar la presencialidad. Pero hasta ahora la apertura es solo declarativa. La gran mayoría de las escuelas, por imposibilidad o falta de voluntad, siguen cerradas.

A solo un mes del cierre del ciclo lectivo, la apertura es optativa. Por un lado, algunos establecimientos le bajaron el telón al año. Por otro, los colegios que sí desean abrir se toparon contra un sinfín de trabas burocráticas. En principio, cada institución debe presentar una carpeta con una ficha en la que se detalla la nómina de alumnos, los docentes a cargo de cada grupo, los tipos de actividades a desarrollar, sus respectivos horarios, la declaración de cumplimiento de los protocolos sanitarios, entre otros puntos.

Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Sucede que en adjunto a esa ficha también exigen un arsenal de certificados: certificado de desratizacion, de desinsectacion, de habitabilidad firmado por arquitectos, de potabilidad del agua firmado por técnicos de seguridad e higiene. Todo actualizado al día de la fecha, por más que ya los hayan presentado a principios de año.

La semana pasada menos de 900 escuelas -todas ellas del interior de la provincia, con riesgo epidemiológico bajo- retomaron las clases presenciales, solo con aquellos chicos que perdieron vínculo con sus docentes durante la cuarentena. En total, son más de 15 mil los establecimientos bonaerenses.

Los distritos que muestran un riesgo moderado -todo el Conurbano incluido- en teoría están habilitados para emprender actividades de revinculación al aire libre. Según fuentes oficiales, hasta el momento recibieron 1385 propuestas, entre escuelas públicas y privadas, para generar reencuentros, de las cuales se aprobaron 1192 propuestas.

Sin embargo, esos números contrastan con lo que afirman los colegios. De la consulta de Infobae surge que las escuelas públicas que se pusieron en marcha son excepciones y las privadas, en su gran mayoría, todavía no recibieron la autorización. Dicen que se trata de “una puesta en escena” del gobierno bonaerense y los municipios. Un anuncio de vuelta a las escuelas que calma la presión incipiente de las familias tras ocho meses de cierre, pero que se posterga con requerimientos disparatados mientras el reloj corre y se termina el año.

“La burocratización llegó a tal punto que es prácticamente imposible abrir. Son muy pocas las escuelas que han sido aprobadas. En el conurbano no llegan a las 100”, advirtió Martín Zurita, titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA).

“Lamentamos que en muchos distritos de la provincia se haya burocratizado el regreso para las actividades de revinculación. Depende de la región educativa, el distrito y el inspector asignado la suerte de comenzar o no. A pesar de cumplir con todas las medidas que exige el plan jurisdiccional, en algunos distritos pareciera ser que no quieren dar curso a los pedidos de apertura. Nosotros necesitamos recuperar la presencialidad para que evitar más cierres definitivos de escuelas”, agregó.

Por estas horas, los responsables de las escuelas apuran a los técnicos de seguridad e higiene laboral para que, en cuestión de días, firmen los certificados para completar la carpeta. Esa carpeta pasa por manos de un inspector, que no hace más que elevarla al inspector jefe de la región. La provincia está dividida en 25 regiones educativas. Cada región cuenta con un inspector jefe de gestión estatal y otro de gestión privada. El inspector jefe tiene que revisar, hoja por hoja, centenares de carpetas para dar la autorización. Solo él está habilitado a poner el sello.

Gustavo González, representante legal del Centro Educativo Franciscano “San Antonio de Padua”, del partido de Merlo, sufre en primera persona los obstáculos para abrir. “Logramos crear una escuela a distancia sin estar preparados en una semana, pero parece increíble que nos sea más difícil volver a la presencialidad. Este sistema burocrático no funciona en el siglo XXI. Tenés que presentar una cantidad enorme de papelitos que termina entorpeciendo la posibilidad de que los pibes se reencuentren. De una vez por todas tenemos que rever este culto a la burocracia”, planteó.

Mientras tanto, las escuelas deben solicitar los permisos a las familias y diagramar las burbujas, con un docente cada nueve alumnos. Una tarea que se complejiza por la postura de los gremios, que sostienen su posición inicial: solo acompañan el regreso en las zonas de baja o nula circulación del virus, cuando el Consejo Federal de Educación aprobó en octubre indicadores sanitarios objetivos que van en otra dirección.

Juan Carlos Juárez, representante legal del Instituto Fleming de Mar del Plata, aún no logró la autorización porque el protocolo exige que las actividades transcurran en espacios al aire libre cercados. “Más del 70% de las escuelas de la ciudad estamos fuera de ese protocolo porque ninguna tiene semejantes espacios ni tenemos presupuestos para alquilar un predio. Es absurdo. A esta altura del año es difícil salir a buscar espacios. No se ve una voluntad política real. Los padres están preguntando cómo va a ser el cierre de año y ya dudan respecto a 2021. Estamos en un gran problema. Si esto se prolonga al próximo ciclo lectivo, vamos a seguir con las mismas dificultades”.

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