Denunciaron que detrás de la burocracia que impide reabrir las escuelas bonaerenses están los gremios docentes

Aunque casi toda la provincia de Buenos Aires puede organizar actividades presenciales, muy pocos colegios e instituciones recibieron la autorización y permanecen con las puertas cerradas. Martín Zurita, titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), denunció una maniobra de los gremios docentes para impedir que los chicos vuelvan a las aulas.

A fines de septiembre, la directora general de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, anunció la puesta en marcha del plan jurisdiccional, en foco con lo que se había determinado en el Consejo Federal de Educación, para reabrir los colegios y que los chicos tengan clases de forma presencial. Sin embargo, según denunciaron las autoridades de AIEPBA, recién hace una semana se permitió abrir las primeras escuelas. “En algunos lugares, los inspectores que supervisan las escuelas ponen muchas trabas burocráticas para que estén en funcionamiento”, se quejó Zurita.

Según el plan, se recomienda que cada institución presente una carpeta con una ficha en la que se detalla la nómina de alumnos, los docentes a cargo de cada grupo, los tipos de actividades a desarrollar, sus respectivos horarios, la declaración de cumplimiento de los protocolos sanitarios, entre otros puntos. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Sin embargo, en algunos casos, también exigen un arsenal de certificados: certificado de desratización y desinsectación, de habitabilidad firmado por arquitectos, de potabilidad del agua firmado por técnicos de seguridad e higiene. Todo actualizado al día de la fecha, por más que ya los hayan presentado a principios de año.

“Hay lugares donde los funcionarios son ejecutivos y no hubo problema con la apertura pero en otros lugares no hay ni una sola escuela estatal o privada abierta, como es el caso de La Matanza”, afirmó Zurita.

Según datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires se presentaron 1.400 escuelas para lograr la autorización para la reapertura. Pero los inspectores distritales solo aprobaron 1.200. “La provincia tiene 17 mil escuelas. Me llama mucho la atención que de tantas escuelas, menos del 10% hayan querido abrir”, planteó el titular de AIEPBA en Radio Mitre.

Para Zurita, detrás de esa burocracia o falta de voluntad, se esconde la presión que ejercen los gremios docentes en algunos distritos bonaerenses para que no se abran las escuelas.

“El plan no es burocrático, plantea cuestiones que están bien, pero hay algo raro en su implementación. Se anunció en septiembre y recién ahora se está moviendo, perdimos más de un mes”, dijo, y denunció que “en algunas regiones donde prevalece el sentido común no hubo problemas, pero en otras que son más permeables a la postura de los gremios”, las autorizaciones no se aprueban.

“Un propietario de escuela o un representante legal que hace muchos años que está en esta función no se va a querer boicotear. Se supone que si abrió una escuela, es competente”, planteó Zurita, mientras cuesta creer que con todo este tiempo que ha pasado de cuarentena, no se hayan adecuado un protocolo y los mecanismos para la vuelta a las aulas.

Zurita reconoció que “se escuchan muchas voces donde se dice que ‘hasta que no esté la vacuna las clases no deben comenzar’. Nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. Nosotros vamos a respetar lo que se determine en el Consejo Federal de Educación y luego lo que determine la Provincia. Pero lo cierto es que hoy la autoridad dice que debemos empezar pero lamentablemente en muchas escuelas de la provincia nos encontramos con la burocracia que impide a muchas escuelas reabrir”.

AIEPBA agrupa a 2.000 servicios educativos y solo el 15% tiene la aprobación para el regreso a la presencialidad. “Muchos se presentaron y no tienen respuesta y otros directamente les rechazan la apertura. Si esto va a seguir así, en 2021 van a comenzar muy pocas escuelas. Hay que rever las consideraciones, que no sean burocráticas”, reclamó Zurita.

La luz amarilla está a punto de pasar a roja. “En gestión privada no es lo mismo que la gestión estatal. Estamos atravesando una gran crisis, con mucha mora en el pago de las cuotas. Ya han cerrado 56 escuelas y 80 están en riesgo. Además, muchas instituciones van a cerrar divisiones y cursos porque hay una caída en la matrícula”, advirtió Zurita.

“Nosotros necesitamos la certeza de que vamos a comenzar en marzo con las clases presenciales. Trotta habla de la voluntad de que en marzo las clases comiencen, pero no sabemos si será en forma híbrida o presencial. Es importante que exista la decisión política de decir: las clases en 2021 van a comenzar”, concluyó.

Esta mañana, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ratificó que el 17 de febrero empezarán las clases presenciales en la Capital Federal. Además, el infectólogo Eduardo López, uno de los médicos que asesoran a Alberto Fernández en la pandemia, aseguró que “las escuelas deberían estar abiertas desde hace semanas”.

En las últimas semanas se han multiplicado a lo largo de todo el país los reclamos de los padres que piden el regreso a las aulas ante la angustia que viven sus hijos. Cambios de humor, alteración en el ritmo del sueño con algunas de las características que predominan, además de la caída en el rendimiento de los niños.

En una encuesta que respondieron adultos de todo el país, se les pidió ordenar los motivos de más a menos importantes a la hora de pensar en la vuelta de los chicos a la escuela. Por amplio margen, la salud emocional resultó la más seleccionada, después de tanto tiempo de encierro y temor al contagio. La segunda va en la misma dirección: que los chicos puedan relacionarse con sus compañeros.

La opción de “recuperar los aprendizajes perdidos” recién aparece en tercer lugar. Le sigue que los alumnos puedan restablecer el vínculo presencial con sus docentes y, en la última ubicación, que los padres tengan tiempo para trabajar.

Los datos surgen de una consulta que recaba las voces de las familias que participaron del Encuentro Nacional de Familias por la Educación, realizado a principio de noviembre, con casi 4.000 inscriptos. Participaron padres de las 24 jurisdicciones del país, con hijos en todos los niveles escolares, tanto de escuelas públicas como privadas.

La encuesta coincide con la advertencia de UNICEF sobre una posible “generación perdida” de niños, a medida que la enfermedad de COVID-19 amenaza con causar daños “irreversibles” a la educación, la nutrición y el bienestar de los jóvenes de todo el mundo.

La semana pasada, defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus, y consideró que pueden evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de protección.

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