El combo crisis económica y clases presenciales suspendidas puede ser explosivo para los colegios privados. En su inmensa mayoría cerrados desde el 16 de marzo, perdieron alumnos, sus recaudaciones se derrumbaron y el panorama es espinoso de cara a 2021. Según un relevamiento al que accedió Infobae, el 70% de las escuelas privadas del país piensa en al menos cierres parciales. Es decir, en reducir cursos por las deudas que afrontan o, en el peor de los casos, cierres definitivos.
En todo el país, funcionan 17 mil escuelas privadas. En la encuesta que realizó la Junta Nacional de Enseñanza Privada, la mayor cámara del sector, solo el 30% de las 1.167 escuelas que respondieron descartó de plano cierres. Ante la pregunta por la posibilidad de que el servicio educativo desaparezca o sea drásticamente reducido a raíz de la crisis, el 43% afirmó que es posible, el 19% dijo “muy probablemente” y el 8% señaló “seguramente”.
Por la magnitud de la crisis, las escuelas proyectan reducir sus plantillas para 2021. Del relevamiento surge que 1.737 auxiliares y 1.456 docentes perderían su trabajo. Un total de 3.193 puestos laborales en riesgo. “La encuesta fue solo respondida por el 35% de los socios. Por ende, se proyecta que los puestos laborales que están en riesgo de perderse son aún mayores”, alerta el informe.
El anuncio del cierre definitivo del Instituto French, un colegio emblemático de Ramos Mejía, sacudió al sector. Sus autoridades adujeron que la pandemia llevó a su economía a “un límite sin retorno”. Las 500 familias de la comunidad se enteraron por mail de la decisión, se movilizaron hacia el colegio e iniciaron una colecta de firmas para que el Estado ayude a la institución y, de ese modo, pueda subsisitir.
Son justamente los colegios de la provincia de Buenos Aires los que atraviesan la situación más delicada. “Desde abril venimos alertando de los problemas del sector. Hemos solicitado la colaboración de todos los actores de la educación. Aula o institución que desaparece es un niño, niña o adolescente que pierde vínculos y raíces. Es un maternal que ya no podrá permitir a padres y madres trabajar con la seguridad de saber que su hijo está en manos profesionales. Es un docente que ya no tendrá trabajo. Reconocemos que el Estado nacional y las provincias han hecho esfuerzos, pero ante la gravedad de los hechos, no son suficientes”, dijo a Infobae Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA-JUNEP).
En los 6.000 establecimientos bonaerenses cursan más de un millón y medio de alumnos. Durante esta semana, también se anunciaron dos cierres de servicios: el Instituto Stella Maris de Moreno descontinuará su nivel secundario, mientras que el Colegio Santo Tomás Moro de La Plata hará lo propio con la primaria a fin de año.
Cynthia Papaño, representante legal del Santo Tomás Moro, dijo que la situación se hizo insostenible, que al ser un colegio sin subsidio estatal quedaron a la deriva y optaron por el cierre del nivel de menos alumnos (98). “Fue una decisión muy difícil y dolorosa de tomar para todos nosotros. Nuestro colegio no solo es nuestra fuente de trabajo sino también el lugar donde realizamos nuestra vocación docente y nuestra tarea evangelizadora. Somos conscientes de que esta decisión afecta a todos los que formamos parte de nuestra comunidad educativa, ya sea personal docente, autoridades, familias, alumnos, pero el déficit económico que arrastra el establecimiento mes tras mes se hace literalmente insostenible”, señaló.
Los primeros anuncios de cierre se dan mientras la Cámara de Diputados provincial debate un proyecto de “salvataje a los colegios privados”, que contempla una ayuda extraordinaria del Estado y ya recibió media sanción en el Senado. Los legisladores de Juntos por el Cambio acusaron al oficialismo de estar “destruyendo las escuelas privadas por cuestiones ideológicas”. Sin embargo, en las últimas horas, la postura del Frente de Todos parece haber cambiado y el proyecto, aunque con modificaciones, se aprobaría.
En el medio, con la inscripción al próximo ciclo lectivo ya abierta, a las escuelas les cuesta dar certezas a las familias. El Instituto Nueva Gente de Tristán Suárez cuenta con los tres niveles -inicial, primaria y secundaria- desde hace 27 años. Desde abril, casi el 60% de los padres no puede pagar la cuota y lo que observan es que las familias piensan en cambiar a sus hijos a una escuela pública. El colegio tiene 64 empleados, entre personal docente y no docente, y más allá de que perciben el ATP, la continuidad está en riesgo.
“No sé si el año que viene vamos a poder seguir estando. Nos preocupa mucho poder mantener el trabajo. Nunca vivimos algo parecido. Esta pandemia afectó mucho a los padres. Esperábamos que para esta altura los padres que perdieron contacto con la escuela en abril se volvieran a comunicar, pero no está pasando. Los que se comunican lo hacen para avisar que sus hijos no van a continuar. Lamentablemente las escuelas públicas no van a poder absorber a todas los alumnos que saldrán de las privadas”, comentó Jorge Menéndez, responsable del colegio de Tristán Suárez
Por su parte, Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep), no cree que los primeros casos de cierres definitivos conduzcan necesariamente a una tendencia, pero sí advierte que el panorama se agravó con el correr de los meses.
“No tenemos información de escuelas que vayan a cerrar porque no te lo anticipan. Cuando no encuentran otra alternativa, termina ocurriendo. Quien se mete en esta actividad difícilmente lo haga pensándolo como un negocio porque si se quiere ganar dinero, hay actividades menos reguladas. Hay una cuestión vocacional. Las escuelas están en una situación compleja. Para seguir adelante, acumulan deudas, al igual que los padres con las instituciones y el Estado tiene que aportar más fondos. Es una dinámica en la que nadie gana”, planteó.
Dentro del sector, el nivel que más sufre es el de los jardines maternales que, a diferencia de las escuelas, no reciben ningún subsidio estatal. Si bien muchos pudieron incorporarse al ATP, sus matrículas se desplomaron ante la imposibilidad de la concurrencia presencial. María Belén Andraca es la propietaria y directora del jardín Arco Iris de Tandil. Tras más de 200 días, la situación es angustiante. Con la reapertura de algunas actividades económicas, las familias optaron por niñeras para el cuidado de sus hijos.
“Perdimos un 80% de la matrícula, que es nuestra única fuente de ingresos. La situación es muy difícil. No encuentro ayuda para seguir sosteniendo los gastos que afronto mes a mes: el alquiler, el IPS, servicios, impuestos, seguros de responsabilidad civil, servicios médicos. Esas deudas se acumulan día a día. De no conseguir una ayuda concreta va a ser imposible seguir sosteniendo la institución”, contó.
Seguí leyendo: