Ordenaron difundir los resultados de Aprender de cada escuela y se reavivó la polémica: ¿deben ser públicos?

La semana pasada se dio a conocer un fallo de la Cámara Federal de Salta, que le ordena al Ministerio de Educación de la Nación que le entregue los resultados de Aprender de cada escuela de la provincia a un padre. En las últimas horas, la cartera educativa recibió la notificación y apeló el fallo porque va en contra de lo que dice la ley. Por ende, la polémica se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia.

El dictamen reavivó un debate que divide las aguas: ¿las calificaciones de las pruebas deben ser públicas? O, por el contrario, ¿se deben mantener confidenciales como hasta ahora?

La Ley de Educación Nacional es clara. En su artículo 97, prohíbe la difusión de los resultados educativos con el nombre de las instituciones, para impedir la comparación entre las escuelas cercanas y “evitar cualquier forma de estigmatización”. Lo que se hace, en su lugar, es dar a conocer los resultados primero a nivel nacional, después por provincia y, por último, por municipio. Nunca por escuela.

Pero ¿qué pasa en la región? ¿La prohibición argentina es una excepción? Un nuevo informe de Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella para el Observatorio Argentinos por la Educación, analizó las propuestas de los países vecinos. Observó que solo en Argentina y Paraguay la estadística por escuela no está disponible para las familias. En cambio, sí las escuelas reciben un reporte de sus resultados comparados a otros establecimientos de sus mismas características, para tener una noción de dónde están paradas.

En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú la información es pública. Las familias pueden acceder y comparar el presunto nivel educativo de cada institución, lo que imprime una lógica de competencia. Incluso las evaluaciones que se toman a nivel nacional son con nombre y apellido. Eso se debe, en parte, porque en algunos países hacen un examen al final del secundario, cuya nota abre o cierra puertas en la universidad.

Aunque pueda parecer obvia la importancia de tener acceso a la estadística, son muchos los especialistas que ponen reparos. El principal riesgo, advierten, es que se generen rankings de escuela que contribuyan a la segregación. Es decir, escuelas vistas como “de mala calidad” para alumnos pobres. Del otro lado de la biblioteca, se suele expresar que la devolución de los resultados estimula a que haya mejores desempeños.

Juan Llach, ex ministro de Educación nacional, consideró: “Creo razonable no correr el riesgo de estigmatizar a las escuelas. Los resultados de las evaluaciones están muy condicionados por factores socioeconómicos. Por lo tanto, a las escuelas que trabajan en zonas más necesitadas les cuesta más obtener buenos resultados. Si les va mal, pueden sufrir una gran fuga de estudiantes y pasar a ser ‘escuelas pobres, solo para los pobres’”.

Aunque hizo una aclaración. Para Llach, el artículo 97 no debería correr “para siempre”. Cree que debería informarse a la comunidad educativa de los resultados y que los directivos tendrían que precisar su proyecto para que haya una mejora, mientras el Estado ayuda a las escuelas más vulnerables. “Luego de un período de unos cinco años, las escuelas estarían mejor preparadas y la sociedad también, como para poder recibir toda la información”, indicó.

Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es otra de las voces contrarias a la conformación de rankings de escuelas. “Puede generar más segregación y desigualdad educativa. Hay muchas otras políticas vinculadas con el uso activo de la información para la mejora que pueden implementarse sin correr ese riesgo innecesario”.

Para Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO, más allá del artículo 97, los resultados de aprendizaje no son un factor relevante a la hora de la elección familiar. “De acuerdo a las investigaciones, difícilmente tomen sus decisiones en base a los datos estadísticos. En general, los padres están más preocupados por asegurarle a sus hijos una escolarización que se desenvuelva dentro del mismo grupo social al que pertenece su hijo. Esto no solo sucede en el circuito privado, sino también en el público, en el que padres y directivos desarrollan estrategias para mantener la homogeneidad social de las instituciones”.

El presidente Mauricio Macri repitió en dos aperturas de sesiones legislativas la necesidad de reformar el artículo 97. El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro dijo en una entrevista con Infobae: “El Presidente siempre habló de modificar la ley; no de no cumplirla. Hoy cada padre tiene derecho a ir a la escuela y pedir que le den los resultados de las evaluaciones. Pero hay que hacer una aclaración: los resultados como números fríos no valen. Hay que ver el contexto de cada escuela. Una cosa es mostrar los resultados en contexto. Otra cosa es generar rankings”.

Discusiones aparte, hay un punto central que atenta contra la confiabilidad de los datos. La participación de Aprender -que se supone debería responder el 100% de los alumnos- todavía es baja. De año a año, hubo una mejora, pero en la última edición, por caso, el 25% de los estudiantes de escuelas públicas y el 13% de los de escuela privada no hicieron la evaluación.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

En el informe, Narodowski propone un camino alternativo, una vía intermedia entre la difusión y la prohibición. Toma el caso de Brasil, donde se publica el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB). Desde 2007, el gobierno brasileño no publica los resultados descontextualizados, sino que le asigna a cada escuela un número que sale de las pruebas de aprendizaje, de cuántos chicos pasan de año y lo corrige por el nivel socioeconómico de sus alumnos.

“Es posible mostrar resultados por escuela sin estigmatizar por medio de un índice de referencia que permite ver logros y dificultades y que, como en el caso brasileño, es construido con un principio de equidad”, señaló el ex ministro de Educación porteño.

Cada dos años, cada escuela brasileña recibe un número que la ubica en un orden, pero ese número no es el resultado “puro” de una prueba sino un valor que toma en cuenta los factores de contexto. De ese modo, las instituciones pueden medir su evolución y compararse con las escuelas cercanas y de otros estados.

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